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Miles de mujeres se manifiestan en contra de la #EconomíaVerde #Rioplus20

Diversos colectivos feministas, movimientos campesinos y de indígenas han tomado las calles de Río de Janeiro para mostrar su oposición a la economía verde tal y como la concibe el documento que está en la mesa de negociación de la Cumbre Río+20.

Contra la mercantilización de la naturaleza y las falsas soluciones que propone la economía verde, en torno a 7.000 personas, en su mayoría mujeres, han querido hacer oír sus voces en el centro de la ciudad y en la Cúpula de los Pueblos, foro paralelo de sociedad civil en el que planteamos propuestas para luchar por la justicia social y ambiental.

Durante la manifestación, amenizada con bailes de capoeira, muchas pancartas han querido visibilizar el valor de los cuidados y el papel que desempeñan las mujeres como cuidadoras del medio ambiente. De acuerdo con estos colectivos, es necesario un nuevo modelo productivo-reproductivo y de consumo, basado en otro paradigma de sostenibilidad de la vida.

Mientras, en el foro oficial de Río+20 Michele Bachet en representación de UN Women, la agencia de Naciones Unidas que promueve acciones en pro de la igualdad de género, señalaba que la participación de las mujeres en la vida social y económica es crucial para alcanzar el desarrollo sostenible.

Conviene recordar que más de 500 millones de mujeres rurales viven en situación de pobreza y no tienen acceso a los recursos básicos ni a los mercados a pesar de ser la principal mano de obra agrícola en los países en desarrollo y producir el 50% de los alimentos.

En la calle y en la Cúpula de los Pueblos no cesan de oírse propuestas interesantes para cambiar el actual modelo de desarrollo y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Se trata de propuestas perfectamente realizables y nada utópicas, como siempre lo que falta es  voluntad política.

La última versión del texto que está encima de la mesa de los negociadores y negociadoras de Río+20 no parece haber agradado mucho a la UE y es poco ambicioso. Malas noticias de momento, esperemos que en los próximos días consigamos algo más que un texto descafeinado.

 Por Arantxa García, de Fundación IPADE


La desertificación sigue intensificando las hambrunas y los conflictos #Rioplus20

Con motivo del día mundial de lucha contra la desertificación (17 de junio) y a tan sólo tres días del inicio de la Cumbre Río+20, la Secretaría de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación ha pedido que la declaración final incluya la gestión sostenible de la tierra como elemento fundamental para poder avanzar en la lucha contra la pobreza.

Su secretario ejecutivo, Luc Gnacadja, pedía compromisos para 2030 con un tasa cero de avance de la degradación de la tierra, tasa cero de degradación de los bosques, así como políticas de prevención de las sequías y mitigación de sus efectos para 2020.

Si no hay compromisos con un uso sostenible de la tierra por y para todos y todas, estaremos abocados a las ya conocidas hambrunas, como la que se está produciendo en el Sahel, y a la proliferación de conflictos. Sin embargo, la declaración final que está encima de la mesa sigue siendo bastante decepcionante en la luchar contra desertificación y no incluye compromisos políticos fuertes en esta línea.

La pérdida de tierra fértil afecta a más de 1.500 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y dependen directamente de los ecosistemas para satisfacer sus necesidades básicas. África con el 45% de su territorio amenazado por la desertificación es el continente más afectado y en 2025 podría perder hasta 2/3 de sus tierras de cultivo con el consecuente problema de inseguridad alimentaria.

“El suelo está muy debilitado. Ahora la producción es menor que antes y ya no llega para alimentar a toda la familia. Además, cada año está todo más seco” señala Mamadou, alcalde de Karcia (provincia de Kolda, la región más pobre de Senegal), en el documental “Tukki, la huella ambiental” que aborda la problemática de las migraciones ambientales ante el agotamiento de los recursos naturales. Las previsiones para 2020 hablan de 60 millones de desplazados en el África subsahariana y 135 millones en todo el mundo por este fenómeno.

Cada año 12 millones de hectáreas de tierra se transforman en desierto en las regiones áridas, debido a las sequías y la degradación de la tierra. Esta superficie podría llegar a producir hasta 20 millones de toneladas de cereales anuales que contribuirían a garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones que viven en las tierras secas.

Son necesarios compromisos políticos urgentes en el ámbito internacional para frenar la pérdida de suelo fértil y asegurar las necesidades de alimentación de millones de personas, especialmente en el continente africano.

Las soluciones deben pasar por técnicas de gestión sostenible de la tierra como la reforestación con especies autóctonas y la agroforestería, que ya han contribuido a recuperar más de seis millones de hectáreas en el continente africano. A través de la agroforestería y la agricultura a pequeña escala podrían recuperarse más de 1.500 millones de hectáreas a nivel mundial.

 Por Arantxa García, de Fundación IPADE


Río+20: revaloricemos el desarrollo sostenible #Rioplus20

Entrada por Arantxa García Gangutia, de Fundación IPADE

Bajo el lema “Río + 20: El futuro que queremos”, Naciones Unidas revisará en Río de Janeiro (20-22 jun) los compromisos alcanzados en la cumbre de la Tierra (1992), foro multilateral sobre desarrollo sostenible.

Aunque las expectativas generadas en torno a Río+20 deberían ser muy elevadas, a menos de 15 días del inicio de esta importante cita, el éxito de esta cumbre parece estar ya en entredicho. En un planeta seriamente degradado, donde una minoría rica es responsable de una huella ecológica insostenible, las negociaciones previas no parecen aportar soluciones reales a los millones de personas que viven en condiciones de pobreza debido a la degradación ambiental de nuestro planeta.

En Río 92 se asumió a nivel internacional el paradigma de desarrollo sostenible entendido como “la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”, un concepto que integraba no sólo factores económicos, sino también ambientales y económicos. Sobre el papel, esta idea suponía un avance sustancial para promover el bienestar humano y ambiental.

Para progresar hacia este horizonte, se pusieron en marcha el Programa Agenda 21 y se lanzaron las Convenciones de Río en torno a problemas socioambientales globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación. Sin embargo, los estrepitosos fracasos de las tres últimas cumbres de cambio climático (Copenhague, Cancún y Durban) y los escasos avances para frenar la pérdida de biodiversidad y la desertificación, con las implicaciones que ello tiene para nuestra calidad de vida y especialmente para la  supervivencia de millones de personas en países del Sur, no permiten ser muy optimistas sobre los resultados alcanzados en estos 20 años.

Además algunas multinacionales y gobiernos, amparándose en el desarrollo sostenible, han promovido prácticas insostenibles (deforestación para la expansión de monocultivos para agrocombustibles, ganadería intensiva, destrucción de costas por el urbanismo, etc) que nos han llevado a la actual crisis socio-ambiental y que han contribuido a pervertir este concepto.

En Río+20, es necesario revalorizar el desarrollo sostenible, desplazado de las agendas políticas con la excusa de la crisis económica. Debe ser una base legítima para transformar el modelo actual y plantear soluciones reales en relación con la erradicación de la pobreza.

Río+20 debería abordar la necesidad de un cambio radical del modelo de desarrollo vigente, que equilibre realmente medio ambiente, sociedad y economía. La transición real hacia un modelo sostenible debe llevar implícita la asunción de los límites ecológicos del planeta y de las injusticias sociales. RÍO+20 debería abordar temas como la justicia socio-ambiental y reconocer la deuda ecológica que tenemos contraída con las poblaciones de los países del Sur.

Sin embargo, las soluciones que baraja el documento de negociación parecen estar lejos de ser una transformación real hacia un modelo sostenible y justo. Los debates se centran en la llamada economía verde, con grandes intereses del sector privado para perpetuar el actual modelo de crecimiento y pintarlo de verde, aunque sin cambios reales en la base.

La transición hacia una economía verde no puede sustituir al desarrollo sostenible, ya que primaríamos el valor económico de nuestros ecosistemas por encima de los valores sociales, obviando así las necesidades básicas de gran parte de la población mundial, y especialmente la que vive en países del Sur.

Si finalmente en Río+20 se imponen los intereses del sector privado y de algunos gobiernos, estaríamos ante un parche más, un nuevo capitalismo verde que no podrá ser una solución para erradicar la pobreza. Es necesario que se tengan en cuenta las demandas de la mayoría de organizaciones de la sociedad civil: una economía verde justa que incorpore la trazabilidad de los productos y estimule los circuitos comerciales locales, la agroecología para alcanzar la soberanía alimentaria, y un consumo responsable que fomente la eficiencia y la soberanía energética.

 

 


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