Vamos a intentar resumir algunas de las razones que nos hacen movilizarnos, participar e invitar a la participación en Pobreza Cero. Os invitamos a que también nos digáis vuestras razones en los comentarios a este post.
Pobreza Cero: ¿Por qué?
La política de recortes sociales en España tendrá graves consecuencias en casi 12 millones de personas en España que están en riesgo de exclusión social y de pobreza en España.
Los graves y desproporcionados recortes en cooperación internacional perjudicarán la satisfacción de derechos esenciales de millones de personas: 1.300 millones viven actualmente en situación de pobreza extrema, y casi mil millones pasan hambre.
La cooperación al desarrollo es una política social más que debe ser defendida, promoviendo a nivel global la dignidad, la calidad de vida y el bienestar de las personas que sufren las consecuencias de la pobreza.
Un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico y que no tome en cuenta el aumento de las desigualdades, los derechos básicos de todas las personas, los límites de nuestros recursos y la insostenibilidad de nuestros patrones de producción y consumo, no conseguirá responder de manera justa y eficaz a las aspiraciones de bienestar de los españoles y de todos los ciudadanos del mundo.
Para luchar efectivamente contra la pobreza, necesitamos crear un mundo justo y sostenible, en el que todos los seres humanos puedan realizar sus derechos, y disfrutar de una vida libre de violencia y de pobreza.
No se puede dejar en manos de los mercados la dirección de nuestras políticas económicas y sociales. Los gobiernos se deben a su ciudadanía y no a los mercados: es un imperativo ético, moral y de justicia cumplir con compromisos como la carta de derechos humanos o la propia constitución española.
La solidaridad y la justicia desde una perspectiva global son parte de la solución a la crisis. Por tanto, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es una obligación ineludible de nuestros gobernantes y un derecho de todos los ciudadanos.
Sí hay dinero para mantener las políticas sociales y el Estado de Bienestar: hay que atajar los problemas del fraude, la elusión y los paraísos fiscales y aplicar un impuesto a las transacciones financieras especulativas.
Para salir de la crisis, es urgente un cambio de nuestros hábitos de producción y de consumo. Crear una sociedad justa y solidaria, interna y externamente, implica respetar los límites de nuestros recursos y vivir ecuánimemente, permitiendo que otros puedan vivir mejor.
Lo que ahora está pasando en países desarrollados son situaciones que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en otras partes del mundo.
Por eso…
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice, acuda a las actividades convocadas y presione hasta lograr medidas concretas contra la pobreza mundial.
Es urgente emprender la lucha contra la pobreza y que se cumplan los compromisos políticos adoptados.
Transmitir la viabilidad técnica, económica y política del objetivo de lucha contra las causas de la pobreza.
Responsabilidad de la sociedad civil para ejercer presión y reclamar políticas más justas.
No podemos ser unos/as pocos/as, tenemos que ser todos/as.
Nos dirigimos a usted como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la pobreza y sus causas. Se calcula que para 2015 unos mil millones de personas seguirán viviendo bajo el umbral internacional de la pobreza extrema, pese a los esfuerzos realizados para erradicarla. Esta cifra no es ajena a la realidad que se vive en España donde, desde 2008, la tasa nacional de pobreza extrema prácticamente se ha doblado, y la pobreza moderada y severa ha aumentado de manera muy significativa. Desde el inicio de la crisis se registra un aumento de cerca de un millón de personas por año en riesgo de exclusión y de pobreza; ya son casi 12 millones y medio de personas en España, el 26,9% de la población según los datos del INE de 2011.
Creemos firmemente que éste es un momento crucial para que crear un Comité Internacional Permanente que dé seguimiento a los avances en la lucha contra la pobreza, examine sus causas y proponga soluciones eficaces y realistas que permitan erradicar la pobreza extrema. Millones de personas demandan esa respuesta.
Según sus propias palabras, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio del año pasado, los líderes de todo el mundo declararon que la erradicación de la pobreza es «el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad». Pero, ¿qué va a hacer usted para acabar con este problema? ¿Cuál es la estrategia para afrontar este problema?
Desde que en el año 2000, la comunidad internacional adoptó los ODM, éstos han sido instrumento muy valioso que ha permitido exigir, cuantificar y demandar cambios políticos para la reducción de la pobreza en el mundo. Se han conseguido grandes avances, pero son insuficientes. Ahora que se aproxima 2015, fecha en la que deberían haberse alcanzado esos objetivos, es necesario ir más allá y apostar por una visión más amplia de la pobreza en el mundo que contemple de forma holística su erradicación.
La erradicación de la pobreza y la lucha contra sus causas debe ser una prioridad ineludible que vaya más allá de los discursos y la teoría. Cada vez que se revisan los ODM, se constata lo mucho que aún queda para alcanzarlos; pero la voluntad política para cumplirlos es escasa. Si no se tienen en cuenta los problemas que se han generado para cumplir con la agenda de los ODM, cualquier revisión correrá el mismo riesgo de quedar en un nuevo listado que no llegue a materializarse, ni a reunir el suficiente apoyo político para situarse en el centro de las decisiones de la comunidad internacional.
Las más de mil organizaciones sociales que formamos la Alianza Española contra la Pobreza creemos que es necesaria la creación de un Comité Internacional permanente para el seguimiento de los objetivos de lucha contra la pobreza y exclusión social, que aborde este problema, sus causas y que plantee soluciones, recomendaciones y alternativas, hasta su total erradicación. No podemos permitirnos revisar el avance de la lucha contra la pobreza una vez al año. Creemos que es necesario que, como Secretario General de Naciones Unidas, proponga la creación de un comité que funcione de forma similar al Panel Intergubernamental contra el cambio climático, creado en 1998, que trabaja a lo largo de todo el año para analizar la situación del cambio climático, denunciar las malas prácticas y proponer soluciones.
En un contexto como el actual, las personas deberían estar en el centro de las políticas públicas; millones de vidas están en juego. Sin embargo, las políticas que se están aplicando no están teniendo en cuenta criterios de protección de los derechos de la ciudadanía, ni se ha contado con ella para implementarlas. Un panel como el que le sugerimos podría vigilar el cumplimiento de mecanismos financieros que deben ser instaurados si no queremos que los niveles de pobreza y desigualdad mundial continúen creciendo sin límite. Urgen mecanismos de reorientación económica, regulación financiera y medioambiental, aplicados desde estructuras institucionales democráticas. Instrumentos que alcancen a todo el planeta y que sean de obligado cumplimiento: la creación de sistemas fiscales eficaces capaces de recaudar los recursos necesarios para establecer políticas sociales que garanticen el total cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos. El Impuesto a las Transacciones Financieras especulativas a nivel global, la lucha contra los paraísos fiscales, la corrupción y la malversación; la revisión de la deuda odiosa y la implantación de políticas fiscales estatales activas y distributivas, son acciones necesarias para acabar con la pobreza y deben ser vigiladas por el Panel Internacional.
La erradicación de la pobreza no debe ser una dádiva en tiempos de bonanza; es una obligación política de los Estados y una cuestión de justicia. En este sentido, la Carta de Naciones Unidas es muy elocuente al defender los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor de las personas, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Tales principios continúan al día de hoy plenamente vigentes; no son una quimera. En nuestras manos, y en las suyas, está hacerlos realidad.
Mientras nuestras patrulleras embisten pateras en aguas españolas, recortamos los derechos a la salud de muchos migrantes y algunos políticos como Cameron desalientan la migración en el interior de la UE, la sociedad civil mundial reclama en el Foro Social de Túnez justo lo contrario……flexibilizar las fronteras, proteger los derechos humanos de los mas vulnerables y sustituir políticas militares de control por procesos que promuevan la integración y combatan las causas de las migraciones.
Esto es lo que se habló en el coloquio, “Impacto de las políticas de migraciones de la UE en el Norte de África”, que comenzó a las 9 am en la sede del Foro Social Mundial, la Universidad de El Manar en Túnez. Allí explicaron cómo la política migratoria europea no está limitada a Europa. La complicidad de los países fronterizos del Norte de África para impedir la entrada de migrantes es comprada y para ello se utilizan las llamadas “condicionalidades”, donde se ofrece ayuda al desarrollo a cargo de que estos países del Norte de África controlen a los migrantes, con prácticas que en Europa no podrían desarrollar.
Los asistentes, migrantes de todo el mundo, denunciaron la doble moral de los países europeos que les impiden escapar de la pobreza. Y nos sacaron los colores a la sociedad civil europea por no explicar el escándalo que supone que nuestros gobiernos esquilmen sus países empobreciéndolos y luego se nieguen a aceptar las migraciones que crean.
Entre estos colectivos pudimos escuchar a Hassan Boubakri, del Centro tunecino de Migraciones y Asilo, que expuso la complicidad de las antiguas dictaduras en el Norte de África para complacer a los europeos en control de fronteras. Boubakri explico que hoy en día lucha para reorganizar los acuerdos migratorios en su país, que garanticen la protección del migrante, pero se niega a ser cómplice de políticas injustas. El tunecino denuncio, asimismo, la situación de los refugiados libios abandonados en el desierto tunecino en el campo de Choucha.
Una de las voces más autorizadas para hablar de las violaciones es Amadou M Bow, representante de la Asociación Mauritana de Derechos Humanos, que experimenta diariamente el hostigamiento y las sinrazones burocráticas para expulsarles. M Bow explicó cómo la presencia de guardias civiles españoles patrullando costas mauritanas ha supuesto un escándalo dentro del país al cuestionar la soberanía nacional. Mencionó además que Mauritana, después del golpe de estado, utiliza los acuerdos migratorios para legitimarse, aunque éstos vayan en contra de sus habitantes. Por último recalcó la importancia de la unión de la sociedad civil mundial para solucionar los problemas de violaciones, porque la migración es sobre todo un problema global.
Jean Louis NTumba, representante de una ong marroquí de apoyo a los subsaharianos en el país, expresó su preocupación por la situación de los migrantes en el norte del país y en concreto de la salida de algunas ong que les protegían como MSF. También incidió en la dificultad de trabajar con subsaharianos migrantes en el país, porque es un colectivo que esta ahí “pero no existe al estar en un limbo legal”. NTumba resalto el racismo en el país y la sorpresa de que los marroquíes acepten que Marruecos sea un país de migrantes, pero no que pueda recibirlos.
La jornada sirvió para que muchas organizaciones, que como Alianza por la Solidaridad trabajan a favor de la ciudadanía global, intercambiaran información y buenas prácticas.
El debate migratorio está servido en el foro y os lo iremos contando. Esperamos poder cubrir la presentación de la campaña Frontexit (contra el dispositivo de control de fronteras de la UE) de Migreurop y la presentación del Pasaporte de Ciudadanía Global.
Alianza por la Solidaridad es la suma de tres ONG españolas (Solidaridad Internacional, Habitafrica y Fundación IPADE) y cuenta con un área específica de trabajo sobe Migraciones y Ciudadanía Global que trabaja por defender los derechos de las personas en sus lugares de origen, tránsito y destino considerando que todos somos ciudadanos y ciudadanas.
Tunez-.26/3/2013. Mujeres tunecinas, egipcias, palestinas, mexicanas, españolas y así hasta de más de cien países. En definitiva, mujeres en lucha en primera línea del movimiento por “Otro Mundo Posible”
Así comenzó esta mañana a las 10 am el Foro Social Mundial, que reúne en Túnez a más de 70.000 personas que forman parte del llamado movimiento antiglobalización, o dicho más positivamente, el movimiento altergloblalizador.
Por la sala de congresos de la Universidad El Manar pasaron esta mañana movimientos de mujeres con luchas comunes: su crítica al capitalismo salvaje y a todo modelo de desarrollo que las cosifica, las marginaliza y las violenta, abandonándolas al desempleo y a la precariedad, y excluyéndolas de las toma de decisiones y de las riquezas. Desde las feministas tunecinas pidiendo solidaridad en su lucha por la representación política, hasta las mujeres campesinas del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, o discursos cargados de razón de las mujeres palestinas, dejaron patente la idea de que el sistema las margina.
Desde África Subsahariana las mujeres denunciaron el acaparamiento de tierras y la necesidad de que la lucha sea global.
Especialmente interesante fue el discurso de Majda, una feminista polaca que describió el recorrido de su país y su transformación social desde el comunismo hasta las reformas actuales que penalizan a las mujeres en sistemas de trabajo manufacturados porque las confinan a ser el eslabón más bajo. La polaca puso el ejemplo de los recortes en guarderías, que empeoran la calidad de vida de las mujeres, sobre la que todavía sigue recayendo la labor de cuidado.
Desde Brasil, mujeres campesinas del Movimiento sin Tierra contaron que la lucha de sus mujeres es la lucha por la tierra que habitan, especialmente porque son ellas quienes se responsabilizan de alimentar a sus familias. El MST recordó la importancia de luchar contra las grandes empresas del agronegocio, que destruyen el territorio, los alimentos y los derechos de las mujeres.
Las feministas indignadas de España también alzaron su voz en la Asamblea de Mujeres agradeciendo el ejemplo de las primaveras árabes y reiterando su crítica a representantes de políticas que se alejan de las reivindicaciones de las mujeres y del pueblo. Las indignadas recordaron que los recortes sociales suponen una violencia de Estado sobre las mujeres responsables de hijos, hijas, nietas, nietos o mayores.
Estas reivindicaciones, adornadas con continuos cánticos y proclamas contra la violencia en México o Palestina, adornaron una mañana de Asamblea que sirvió de inicio al Foro, y dejó claro que el feminismo es uno de los grandes valores del movimiento globalizador que sigue contagiando la lucha a nivel mundial y, lo que es más importante, la esperanza.
Las ONG Solidaridad Internacional, IPADE y Habitafrica (integradas ya en Alianza por la Solidaridad) se sumaron esta mañana a la asamblea con la idea de reforzar su trabajo global por la igualdad entre hombres y mujeres que venimos haciendo desde hace 25 años.
¿Dónde tienen los españoles puesta su preocupación? Las últimas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan la preocupación de la población por cuestiones que afectan a la sociedad de a pie de modo directo: el desempleo y las dificultades económicas que de él se derivan, la decadencia de la clase política y la corrupción a ella asociada, la sanidad y la educación, son respectivamente los principales desvelos que quitan el sueño a los españoles.
Estas preocupaciones de índole inicialmente económica, se han convertido en pesadas cargas para los ciudadanos, cargas que han adquirido una trascendencia social de gran calibre.
No se trata de impregnar de catastrofismo la conciencia ciudadana, pero sí de utilizar las plataformas que están puestas a disposición de la sociedad civil para dar voz al comprensible malestar que inunda a los ciudadanos. Es cierto que la crisis económica ha impuesto sacrificios y que genera situaciones indeseables que lógicamente, no se darían si la coyuntura socio-económica fuera diferente. Sin embargo, es momento de que esto deje de ser el escudo y parapeto que sirva como anillo al dedo a quienes tienen el poder para cambiar el modo de afrontar lo que está sucediendo.
Si el debate sobre la crisis y reestructuración del llamado Estado del Bienestar se viene arrastrando desde los 70, en los últimos años se ha reavivado de modo singular. Como apuntan esas estadísticas del CIS, el ciudadano no sólo se muestra profundamente preocupado por las estructuras del bienestar que hasta ahora se habían consolidado, sino que también expresa su decepción ante quienes, presuponiendo una especial vocación por el interés general, terminan por sucumbir ante esta ola de corrupción que parece estar azotando España en los últimos meses. Es preocupante que las portadas de los servicios informativos dediquen cada día una media de 15 minutos a esta cuestión. Es indignante que sea una infección crónica que no entiende de partidos, puesto que antes o después, salpica a la gran mayoría.
Pero, recuperando los demás datos revelados por las encuestas, educación, sanidad y desempleo, son objeto de desasosiego ciudadano permanente. En definitiva, los pilares del bienestar y la paz social.
No es desconocido a estas alturas que España posee un gasto medio en educación de los más bajos de la Unión Europea. Una carencia de inversión en este pilar del Estado del Bienestar no sólo trae consecuencias a nivel social (abandono escolar, dificultades de acceso al mercado laboral para los jóvenes…) sino que además, imprime una huella muy difícil de corregir en la economía. No en vano, se conoce a la educación como la principal herramienta sobre la cual sostener un modelo de crecimiento sostenible para un país a lo largo del tiempo. Y aunque fuera cierto lo que afirman muchos responsables políticos de que “no se trata de gastar más, sino mejor”, ésta parece ser la recurrente frase que en tiempos de crisis exculpa un modo incorrecto de abordar las cosas. De momento, los altísimos niveles de fracaso escolar entre los niños y adolescentes españoles, parecen indicar que sí es necesario gastar más, y además, hacerlo mejor.
Pero no solo la educación inunda la preocupación de los españoles, la sanidad ha sido objeto del más atroz de los recortes en los últimos meses. Entre algunas de las medidas más dañinas para la sociedad se encuentran las tajantes restricciones a la atención a personas inmigrantes, el fin de la financiación pública de más de 400 medicamentos de los que muchos enfermos españoles dependen de modo crónico, el cierre de plantas de ingresos en decenas de hospitales públicos españoles o la obligación de que los pensionistas deban cofinanciar los medicamentos que consumen a expensas de unas pensiones que, además de verse afectadas por medidas como esta, pierden, si cabe, mayor poder adquisitivo tras la no revalorización de las mismas con la subida del IPC. Lo cierto es que pese al reconocimiento de la asistencia sanitaria universal de nuestro sistema, la configuración legal del mismo excluye a determinados colectivos del derecho a recibir atención sanitaria. Cuando se lee esto, puede pensarse directamente en la medida por la cual hace pocos meses se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación de ilegalidad. Pero lo cierto es que hay más personas que se encuentran en potencial riesgo de exclusión social debido a la configuración legal del sistema sanitario. Y es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social pese a que la financiación es netamente vía impuestos, por lo que para acceder a las prestaciones sanitarias es necesario demostración de afiliación a la Seguridad Social, o en su defecto, como consecuencia de la demostración de carecer de recursos. Pues en virtud de esta situación, hay un no desdeñable porcentaje de la población española que se queda fuera del sistema de asistencia sanitaria por no poder acreditar ni una ni otra situación.
Recientemente se ha conocido la noticia de que 1.200 pacientes fallecieron en un hospital público de Reino Unido entre los años 2005 y 2009 como consecuencia de la atroz austeridad que lideraba los recursos económicos del citado centro médico. ¿Habrá que llegar a esos extremos en España?
Lo cierto es que, como ya se sabe, a grandes males, grandes remedios. No se discute que los males que afronta la sociedad son grandes, la pregunta es, ¿por qué clase de grandes remedios apostamos?
Aprovechando la cercanía del día 8 de marzo, día de reivindicar derechos y denunciar injusticias, me viene a la cabeza la película la Fuente de las Mujeres, como metáfora del poder de la resistencia y la solidaridad femeninas frente al patriarcado, valores fundamentales para promover un cambio de rumbo de lo local a lo global.
El sistema capitalista patriarcal predominante aporta una mirada egocéntrica del mundo, haciéndonos creer que una cultura diferente solo puede ser fruto del subdesarrollo y no de la diversidad y la alternativa. La crisis de este sistema que pone en el centro el mercado y deja en la periferia a las personas, ha dejado al descubierto su incapacidad para comprometerse con la vida, olvidando que la condición primordial para que esa vida se dé es la cooperación, la ayuda mutua… Este sistema nos lanza hacia el individualismo, olvidando que en una sociedad sana debe primar la interdependencia vital, la solidaridad, las redes…
Las redes de solidaridad femeninas plantean alternativas, como el compromiso sobre el cuidado de la vida, pero no de cualquier vida, sino de una vida justa, que merezca la pena, consciente y feliz, y que también pueda ser vivida por las sociedades del futuro en armonía con el medio ambiente. Quienes en nombre de la vida atentan contra la libertad las mujeres son un claro ejemplo de ese poder patriarcal deshumanizado.
Este año, en el día de las mujeres se nos propone denunciar la violencia, esa violencia contra las mujeres que no se explica si no es desde el poder y el miedo a perderlo. Violencias físicas, emocionales, sociales, públicas, privadas… que nos alejan de ese mundo justo, solidario y consciente que ponga a las personas en el centro.
Ante la violencia y la injusticia, la alternativa de feminizar esta realidad, de promover esa “Cuidadanía” de la que hablan algunas compañeras. Alternativas de convivencia que no pasen por el mercado, que pongan la vida en el centro, que se nutran de sistemas de solidaridad, tejiendo redes, de nudo en nudo, entre unas y otros, como en esa fuente de las mujeres donde se resiste con una huelga de amor.
Últimamente se habla mucho de la economía de la reputación, qué es lo que nos da valor. Aquí y allá se nos vende este concepto como el pilar de la acción exterior de nuestro país. Más allá de las alharacas que se escuchan, cabe preguntarse qué significa realmente ese concepto. El término “marca” corresponde al ámbito de la publicidad, está ligado al consumo y a la competencia entre iguales y se dirige a un público que se considera interlocutor en la medida que es consumidor. En el caso de la Marca España estas características quedan claramente reflejadas en su afán de ligarse directamente a los intereses económicos y empresariales –tal como se recoge en su página web.
Este enfoque resulta, cuanto menos, limitado. En un mundo interconectado como el actual, el diferencial proviene precisamente de contribuciones colectivas por el bien común y actuaciones responsables que garanticen la protección de los derechos humanos y el futuro digno de las personas. Esa, y no otra, debería ser la carta de presentación que enarbolara España. Una carta en la que, las ONG de Desarrollo podríamos aportar de manera sustancial.
Los retos actuales exigen respuestas globales de colaboración y no de competencia; actuaciones en las que la ciudadanía sea entendida como sujeto de derechos y no como consumidora. No se trata de vender nada, sino de construir de manera conjunta apostando por el bien común de manera radical. Si colocamos en el centro los intereses económicos y empresariales perdemos el foco; lo perdemos, sobre todo, si no se establecen límites muy claros de control y comportamiento. No olvidemos que el beneficio no siempre significa mejores condiciones de trabajo, respeto por el medioambiente o reparto equitativo de la riqueza.
Más que Responsabilidad Social Corporativa
Situar a las empresas como actores protagonistas de la política exterior de España exige el establecimiento de una línea roja claramente definida a través de un marco de regulación basado en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Principios éstos que van mucho más allá de la llamada Responsabilidad Social Corporativa, a la que las empresas se adscriben de forma voluntaria, ya que recogen normativa que es de obligado cumplimiento para aquellos países que han ratificado tratados de derechos humanos como es el caso de España. El objetivo de estos principios es el de “mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible”.
Aunque la solidaridad internacional y la AOD han sido reconocidas como un activo importante de la política exterior española tanto por el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, como por el Secretario General de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, o el Director de la AECID, López Dóriga, la realidad demuestra lo contrario. El valor que le dan a la política de cooperación en el discurso no se corresponde con la práctica. Mientras se enarbola a las empresas como la punta de lanza de la acción exterior española, se recortan los fondos destinados a cooperación hasta llevar a esta política casi al borde del desmantelamiento. Utilizar la situación económica en la que se encuentra España como excusa para no cumplir lo acordado no contribuye a la imagen de país. Estados en situaciones similares, como Reino Unido o Irlanda –que incluso fue rescatada- han mantenido e incluso aumentado sus presupuestos, demostrando que sí es posible.
Más de 30 años de historia avalan a la cooperación española, un sistema integrado por múltiples actores con una enorme experiencia a sus espaldas y con casos de relevancia internacional como el modelo de cooperación descentralizada tan propio del sistema español. La cooperación ha demostrado su rol relevante en el fortalecimiento de las relaciones internacionales con zonas estratégicas para la acción exterior española. Hemos acompañado a la sociedad civil en situaciones similares a las vividas por España en este momento en el que se están recortando los derechos humanos de una manera escandalosa; tenemos mucho que aportar tanto en nuestro propio país como fuera de él. Desaprovechar ese capital para constituirnos en un actor global responsable y colaborativo sería un error de una notable torpeza política.
La pobreza nos puede tocar a cualquiera. Que se lo pregunten a Iñaki Urdangarín, nuestro Duque ‘Em…Palma…do’. A nadie le gusta experimentar la pérdida de derechos y dignidad que supone el empobrecimiento económico. Quizás un miembro de la Familia Real no sea la persona más adecuada para hablar de pobreza. Quizás nuestro Duque nunca haya experimentado lo que es el ‘empobrecimiento injusto’, más allá del supuesto saqueo de fondos públicos al que nos ha sometido él con sus presuntas actividades delictivas. Quizás forma parte de ese 1% que vive por encima de nuestras posibilidades. Sin temor a equivocarme, Iñaki participa del selecto grupo de élites responsables de la desigualdad mundial. Elites que acumulan recursos y riquezas a costa del deterioro sistemático de la calidad de vida del 99% de la población.
En este post no voy a tratar el supuesto empobrecimiento de delincuentes económicos al amparo de la Administración Pública, sino del empobrecimiento real e injusto de las personas más vulnerables, debido a un sistema económico y político que genera pobreza en la mayoría de la población mundial. La pobreza no es una desgracia divina, es consecuencia de decisiones políticas, económicas y sociales injustas.
La crisis financiera no ha hecho más que agravar la desigualdad estructural del capitalismo. La mayor intensidad en la transferencia de riqueza de abajo a arriba de la pirámide poblacional en un momento de máxima debilidad económica es una prueba más de que no se trata de una crisis coyuntural, sino de una estafa organizada y consentida en todos los niveles de poder político y económico.
Poniendo el foco en España, encontramos datos escalofriantes de empobrecimiento injusto más allá de Urdangarín. 13 millones de personas viven en situación de riesgo de pobreza. 6 millones de personas desempleadas y 7 millones de trabajadores pobres suman el empobrecimiento estructural. La clase media y los grupos más vulnerables de la población española han sufrido un proceso creciente de devaluación de su calidad de vida, que no ha sido contrarrestado con eficacia por las políticas sociales y otras medidas de lucha contra la pobreza.
De 2009 a 2011, la pobreza aumentó en España 2,3 puntos porcentuales, esto es, 10.287.527 personas. Según el último informe presentado por Intermón Oxfam, si continuamos por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a 18 millones de personas en situación de pobreza en 2022. Nos situaremos en un 40% de pobreza en diez años, es decir, 2 de cada 5 personas en España serán pobres. El 20% de las personas más ricas en España ingresará 15 veces más que el 20% más pobre. Este es el empobrecimiento injusto. El empobrecimiento estructural de la mayoría por el desmantelamiento de las medidas de redistribución de la riqueza es el empobrecimiento injusto REAL.
¿Qué podemos hacer? Debemos exigir que la lucha contra la pobreza y la exclusión social formen parte de las prioridades políticas. Nada es más urgente que garantizar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Se deben coordinar estrategias a corto, medio y largo plazo de la sociedad civil que garanticen invertir en lo social. Necesitamos una fiscalidad que no penalice a las rentas del trabajo, sino que garantice la redistribución de la riqueza y las políticas sociales. Si no hacemos nada, cuando la crisis acabe, seguirá habiendo millones de personas cuyo derecho a una vida digna seguirá siendo vulnerado. El empobrecimiento injusto.
Jonás Candalija, Periodista. Especialista en TIC, información internacional, Balcanes y Oriente Medio
Recortar en educación significa acercar a la pobreza y a la marginalidad a miles de menores y a sus familias.
Cuando se eliminan programas educativos, se reducen becas de estudio, comedor o libros de texto, cuando se reducen las plantillas del profesorado, al final con lo que nos encontramos es con niños, niñas y jóvenes, sobre todo de clases desfavorecidas (ubicadas fundamentalmente en barrios humildes y zonas rurales) que recibirán una educación de peor calidad y que tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo.
Por lo tanto, al recortar en educación también se crea una sociedad más desigual, porque quienes más tienen que perder ante estos recortes son las clases más desfavorecidas, también las clases medias.
Los más pudientes siempre pueden acudir a escuelas privadas, academias y otros apoyos específicos. Esos recortes apenas repercuten sobre las expectativas de futuro de los menores pertenecientes a dichas familias.
Diversos estudios de la OCDE relacionan directamente el nivel socioeconómico y cultural de las familias con los resultados académicos de sus hijos e hijas, con variables como la conexión y velocidad de la conexión a Internet, el número de libros en casa, etc., que dependen en parte del bienestar económico de la familia. También incide sobre ese rendimiento escolar la disponibilidad horaria de los padres y las madres para ayudar a sus hijos e hijas en los estudios y para mantener una comunicación fluida con el profesorado. Sin embargo, quienes tienen más dificultades de conciliación son, de nuevo, las familias de clase trabajadora. Por lo tanto, si la escuela no compensa esas desigualdades de origen, las desigualdades sociales se incrementarán y aumentarán los índices de pobreza.
En estos momentos, en España estamos asistiendo a un empobrecimiento de la población. El documento Infancia en España 2012-2013 de UNICEF España destaca que en sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ese informe sitúa la cifra de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza en 2.200.000.
Pero tendremos una segunda ronda de empobrecimiento posteriormente, cuando “cosechemos” los frutos amargos de la reducción de las inversiones en educación, de aproximadamente 7.000 millones de euros, cuando muchos niños y las niñas que ahora empiezan a recibir una educación de menor calidad, y jóvenes que abandonarán antes el sistema, engrosen las listas de desempleados y subempleados en el futuro.
Pero… ¿qué recortes están acometiendo tanto el Gobierno central como los de las Comunidades Autónomas y que repercuten sobre la calidad y equidad de la Educación?:
Despido de profesores y profesoras, y como consecuencia más alumnos por clase, lo que significa una atención menos individualizada para cada alumno, menos ajustada a sus circunstancias personales y sociales de cada uno. Justo en la dirección contraria de lo que recomiendan todos los organismos internacionales.
Supresión o reducción significativa en programasde atención a la diversidad del alumnado, como el de acompañamiento educativo en Primaria, y en Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), entre otros; esto perjudica sobre todo al alumnado de clases más modestas, que no puede afrontar el pago de academias y clases particulares. Esos programas facilitan que, al término de la jornada escolar, el alumnado con menor rendimiento académico reciba apoyos para las áreas que llevan más retrasadas, ayuda para hacer los “deberes”, etc. Pero estos programas están en retroceso.
Más deberesescolares a los menores, como consecuencia de que muchos docentes, al contar con más alumnos por aula y tener que completar el currículum educativo durante todo el curso, van a verse obligados a ello. Los deberes general desigualdades. Que un niño haga mejor o peor los deberes depende del nivel socioeconómico y cultural de su familia y de su entorno. Mientras unos padres intentan ayudar a sus hijos, otros recurren a clases particulares o academias, y otros muchos no tienen ni el nivel educativo ni el dinero para poder pagar esos apoyos. Por lo tanto, provocan muchas desigualdades sociales.
El endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca de comedor, lo que ya ha provocado que muchas familias que las necesitan se hayan quedado sin esas ayudas. Debemos ser conscientes de que ésta puede ser la única comida equilibrada del día que hacen muchos niños y niñas. El servicio de comedor se convierte en esencial para aquellas familias que carecen de recursos suficientes como consecuencia de la crisis o de la pérdida de empleo.
La retirada de las becas para libros de texto y de los programas de préstamo y reutilización de libros, junto con la reciente subida del IVA aplicado al material escolar, dejan a muchas familias españolas con muchas dificultades económicas a la hora de comenzar al año académico de sus hijos. El acceso a la educación de las familias en España es cada vez más costoso.
A menudo decimos que la educación es una inversión, no un gasto. Y es cierto, porque lo que el Estado invierte en educación, lo ahorra posteriormente en subsidios de desempleo, programas de asistencia social, instituciones penitenciarias, etc. Pero por encima de todo, la educación es un derecho de las personas.
Quienes están en el poder y los poderosos lobbies que les sostienen en él afirman que el Estado no puede mantener la gratuidad de la enseñanza, un principio básico en los países europeos. Sin embargo, creemos que la gratuidad se logra con una financiación pública basada en un sistema tributario justo y equitativo. Y ésa ahora debería ser la tarea de quienes están en el poder.
Por último, hay que hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad en defensa de la escuela pública, porque este modelo de escuela garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su origen socioeconómico y cultural, puedan alcanzar el mejor desarrollo posible en el ámbito personal, social y laboral. La escuela pública es garante de la igualdad de oportunidades.
Jesús Salido Navarro,
Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)
