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Mis razones para el #17O

Laura López Ortiz de Fundación PROCLADE

<Leía el periódico, veía la tele, viajaba… Y la pobreza, la injusticia me dolían. Sentía rabia. Era una buena persona pero con la sensación siempre de que podía dar más, hacer más y me sentía un poco impotente. Veía “números” en las cifras de la pobreza. El mundo me parecía que estaba al revés. Yo quería poner rostro a esas cifras, que las personas recuperásemos el protagonismo, que “los derechos humanos” no fueran una utopía sino una obviedad.

Ser voluntaria de ONGD y, ahora, trabajar en ella, me ha hecho aprender a poner todo lo que soy al servicio de las personas, ha aumentado mi capacidad de imaginar, de soñar, de crear alternativas. Ha multiplicado mi esperanza, mis ganas y mi capacidad de trabajo. El mundo es muy grande y yo muy pequeña, pero trabajar en una ONGD encauza mi solidaridad y la suma a la de millones de personas en todo el mundo que trabajan y luchan por que el mundo vuelva a estar “al derecho”.>


8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad

(Post por Guillermo Algar, de Médicos del Mundo)

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).

Foto de Médicos del Mundo

Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.

Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas en torno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):

Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).

El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba  por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.

Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).

Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia  estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.

La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado  que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas,  derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado.  La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.

 


Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal #recortaelfraude

Los PGE son injustos y pensados para l@s ric@s

  • Medidas como la “amnistía fiscal” premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español
  • España está muy por debajo de la media de la UE en inversión social, para reducir esta brecha debería pasar del actual 22’7% al 30% del PIB
  • Los Presupuestos Generales del Estado atentan contra las personas más vulnerables: más de 12 millones y medio de personas en España[1] en riesgo de pobreza y exclusión, más cientos de millones de personas beneficiarias directas de la cooperación española[2]
  • Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal

La Alianza Española contra la Pobreza rechaza los PGE por ser injustos, desproporcionados e insolidarios. La aprobación de estos PGE supondría una ruptura del consenso social y político expresado en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado por todas las fuerzas políticas en 2007 y que establecía que en 2012 se cumpliría el objetivo del 0,7% de la RNB para AOD, y el objetivo que se asume el Programa Nacional de Reforma que compromete a España a disminuir el riesgo de pobreza y exclusión hasta alcanzar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el estado español.

Los PGE inciden brutalmente en el recorte de inversiones sociales, y de manera innecesaria, puesto que no contempla el aumento de ingresos del Estado. Persiguiendo el fraude fiscal con un nivel de eficacia similar a los países del entorno europeo se captarían unos 40.000 millones de euros, más de lo que suponen los recortes planteados en los presupuestos. Con un impuesto a las transacciones financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo, la ayuda a los países mas pobres, en 1.630 M€.

Los PGE no contemplan la mejor alternativa posible a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal de las rentas más altas, principales responsables del mismo. La Alianza sabe cómo hacerlo y se lo explicaremos al ministro muy pronto.

Exigimos, como la mayor alianza española de organizaciones sociales y de desarrollo que se recauden con racionalidad y con justicia distributiva los impuestos. Denunciamos la medida de “amnistía fiscal” que premia a los defraudadores y reiteramos la necesidad de que se obtengan eficazmente recursos fiscales.

Instamos al gobierno español que respete su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio. Cualquier medida para salir de la crisis la prioridad deben ser las personas, y las medidas debe basarse en la solidaridad universal y la dignidad humana.

Para la Alianza Española contra la Pobreza unos presupuestos solidarios y justos tienen que contemplar como mínimo las siguientes propuestas:

  • Compromiso de no reducir la AOD a límites inferiores a la AOD ejecutada en 2009 (0.46%) aumentándola en los próximos años de manera proporcional al incremento de la RNB, y manteniendo el horizonte de 2015 como compromiso para alcanzar el 0.7%.
  • Igualar el gasto público en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
  • El Estado debe dedicar un 30% de PIB a gasto social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
  • Mantener el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).

Emplazamos un cambio de rumbo: el gobierno tiene que respetar a la ciudadanía a la que representan y garantizar la solidaridad, el bienestar y los derechos sociales de todas las personas. Y advertimos que el gobierno deberá responder por las gravísimas consecuencias que las desproporcionadas medidas de ajuste que ha presentado para “cumplir con el objetivo de déficit” tendrán en millones de personas.

Descárgate el comunicado aquí.


[1] 12.599.861 personas en España, el 26.7% de la población según los datos provisionales de 2011 del INE para el indicador AROPE.

[2] Las personas beneficiarias sólo de los programas ejecutados por las ONGD suman 83 millones. Informe CONGDE.


Presupuestos: la Cooperación Española en Default (de @MadridEco) #PresupuestosSociales

Presupuestos: la Cooperación Española en Default. (Ir al contenido original)

José Moisés Martín Carretero es miembro de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

Nuestro experto en Cooperación y en Economía del Desarrollo ha realizado un informe sobre el efecto que tendrán los recortes recogidos en los Presupuestos Generales del Estado sobre la política de cooperación y la Ayuda Oficial al Desarrollo.

El artículo completo se puede leer aquí.

Economía Política de un Recorte Innecesario

Introducción

Los presupuestos generales del Estado para 2012 han supuesto un recorte de 1580 millones de euros en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que España gestiona desde la Administración General del Estado. El recorte se reparte en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -1380- millones de euros y el Ministerio de Economía y Hacienda, al cual corresponden 200 millones de recorte. Se trata de la partida presupuestaria que más baja –más del 70%-, bastante más que la media aplicada a la Administración General del Estado, un 16%, y es el recorte más importante realizado a la Cooperación Española en su historia. En términos porcentuales –ya que la AOD se mide en términos de tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto- supone pasar del 0,40 planificado en 2011 al 0,26 en 2012, en los niveles en los que se situaba la AOD en 2004. Si a esto unimos los descensos de la cooperación descentralizada, que se harán públicos con la elaboración del Plan Anual de la Cooperación Internacional para 2012, la cifra definitiva posiblemente sea aun menor, alrededor del 0,23% del PIB. Muy lejos del objetivo del 0,7%, que se debería alcanzar en 2012, y, lo que es peor, sin posibilidad de recuperación de la senda de crecimiento en los próximos años.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el significado de los recortes y sus posibles consecuencias a medio y largo plazo. Intentará demostrar, desde la base de considerar al planificador presupuestario como un agente racional, los siguientes aspectos:

  • El recorte presupuestario de la AOD no tendrá el efecto esperado en la reducción del  déficit público
  • El planificador presupuestario ha tenido opciones para, sin afectar al cumplimiento del déficit público, mantener la AOD en los mismos niveles que en 2011.
  • Por consiguiente, la decisión de reducir la AOD parece tener un componente más estratégico-ideológico que fiscal o financiero.
  • La debilidad intrínseca del sector de la Cooperación Española ha propiciado que este recorte se realice sin la menor resistencia.
  • Su impacto a nivel internacional es incalculable en términos de imagen y pone en serios riesgos la reputación del país.

Para ello nos basaremos en la información disponible a fecha de hoy, que deberá ser contrastada con los datos ofrecidos de la Ejecución del PACI 2011 y de la distribución interna de los PGE, que todavía no se han hecho públicos.


Todo cifras… pero ¿sabes en qué repercuten los PGE? #PresupuestosSociales

Ya hemos visto qué son los PGE, por qué son importantes, quiénes los deciden y cómo se aprueban pero, dentro de la marabunta de números y partidas que uno se encuentra cuando se enfrenta a ellos, resulta también importante conocer en qué repercuten directa e indirectamente los mismos. Dependiendo de estos niveles de repercusión podremos analizar por un lado las cantidades concretas de recursos que se pretenden destinar a un fin más o menos específico y por otro la visión que un determinado gobierno tiene tanto de las vías de recaudación de ingresos como de los gastos necesarios y los recortes aceptables, o dicho de otra manera, cuál es su política económica. En este apartado nos centraremos en las repercusiones directas relacionadas con el apartado de gastos de los PGE, al ser este el más claro para entender la importancia de las mismas.

Dentro de la estructura principal que tiene el apartado de gastos de los PGE, vemos varios niveles de concreción que van de los más generales, los resúmenes que por lo general suelen llegar hasta los titulares de los medios de comunicación, hasta los más concretos reflejados en los nueve capítulos mencionados en el primer apartado. Esos resúmenes más generales donde se encuentran organizados todos los gastos del Estado y los totales del presupuesto son las conocidas políticas o áreas de gasto. Se dividen en cuatro grande grupos que responden a:

  1. Servicios Públicos Básicos
  2. Actuaciones de Protección y Promoción Social (Gasto Social)
  3. Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente
  4. Actuaciones de Carácter Económico

Así, en la primera encontraremos el gasto referido a política exterior, defensa o justicia, en la segunda todo lo relacionado con pensiones, fomento del empleo y servicios sociales, la tercera hará referencia a la educación, la cultura y la sanidad y en la cuarta se destinarán las partidas de industria, turismo, agricultura, comercio, infraestructuras, etcétera. Cabe destacar que en este primer macronivel de concreción no existe ningún campo referido específicamente a la cooperación al desarrollo.

 El siguiente nivel, dentro de cada una de las secciones dependientes de las áreas de gasto (una de esas secciones será, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), es el referido a los programas. Los ministerios dividen su presupuesto en programas, donde cada programa suele corresponder a una unidad orgánica identificada. Por ejemplo, la cooperación al desarrollo es el programa 143A del Ministerio de Exteriores. Dentro del programa, los gastos se dividen en los nueve capítulos ya explicados, siendo estos el último y más específico nivel de concreción existente dentro de los PGE. Es una división funcional: el capítulo 6 son inversiones de capital (contratos, asistencias técnicas, convenios, etc), el capítulo 7 son ayudas públicas, por ejemplo. Para pasar presupuestos de un programa a otro dentro de un Ministerio se requiere la autorización de Hacienda. Para pasar de un capítulo a otro, existen reglas muy estrictas.

A la luz de lo que acabamos de ver, podríamos afirmar que la repercusión más claramente directa de los PGE recae sobre los distintos programas presupuestarios que cada sección presenta y, dentro de estos, más concretamente sobre los capítulos, mientras que la indirecta vendría a señalar el análisis que de las distintas políticas de gasto, el nivel superior, puede extraerse. Esto tiene una primera implicación clara sobre, por ejemplo, la realidad de la cooperación al desarrollo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene identificado, como hemos dicho, el programa presupuestario de cooperación al desarrollo 143A, en el que está incluida la AECID. Este Ministerio gestiona unos 2000 millones de euros que es, aproximadamente, el 50% de la cooperación al desarrollo en nuestro país, según las estadísticas oficiales. En la memoria del programa presupuestario se describen las actuaciones, sin embargo lo que no es posible conocer es lo que realmente va destinado a cooperación, ya que en un presupuesto se incluyen como capítulos tanto los gastos de personal, los de edificios y demás, como los que realmente se destinan. La AOD canalizada por las ONG representa sólo un 14% del presupuesto del MAEC, pero representamos un número de receptores de derechos (beneficiarios) mucho más amplío.

El segundo aporte en cuantía, 25-30%, viene del Ministerio de Economía y Hacienda. Sin embargo, en sus presupuestos no es posible identificar las partidas específicas. Tal vez esto signifique que son aportaciones a organismos internacionales, incluso no sería descartable que se incluyese como cooperación al desarrollo la aportación al FMI. Los otros ministerios tienen menos del 12% y el resto es lo que aportan comunidades autónomas y corporaciones locales. Por lo tanto es muy difícil saber exactamente cuánta ayuda otorga el Estado en sus Presupuestos Generales y, sobretodo, exactamente en qué. Es decir, no hay una estadística que diga: “de los gastos de Exteriores el x% se dedican a personal propio del Ministerio dedicado a cooperación, y x% a mantenimiento de edificios, etc.”

Lo que sí que se puede discriminar, y resulta francamente útil, mediante la repercusión indirecta es dentro de que área de gasto se encuentra la cooperación al desarrollo según los PGE. Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores justificaba los desmesurados recortes que va a sufrir la cooperación en España afirmando que “recortar en cooperación es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra opción, a lo mejor, es recortar pensiones o cerrar ambulatorios“. Sin embargo, cabe destacar que, mientras que las pensiones y los ambulatorios se refieren al área de gasto número 2 (la del gasto social), la cooperación al desarrollo entra dentro de otra política de gasto distinta, la número 1, referida a los servicios públicos básicos. Por tanto, podemos afirmar no sólo que la cooperación al desarrollo no guarda ninguna relación con el gasto social, sino que la comparación del ministro es ciertamente desafortunada y sesgada, ya que el hecho de que se recorte en cooperación al desarrollo no garantiza en ninguna medida que se lo recortado sea destinado a ninguna política de gastos distinta.

Miguel Ángel Vázquez Martín, (Fundación PROCLADE). Grupo de Trabajo de Pobreza Cero.


PGE… ¿qué es lo que está en juego? #PresupuestosSociales

Hasta ahora, hemos intentado entender qué son los Presupuestos Generales del Estado, cuáles son sus partidas y quién y cómo se deciden. Hasta ahora, hemos podido descubrir algunos de sus elementos clave pero, ¿por qué son tan importantes los Presupuestos Generales del Estado?

  • Porque recogen el 52% de todos los recursos gestionados por las Administraciones Públicas. Y es en este documento donde se nos indican cómo se distribuyen estos recursos entre las diferentes partidas.
  • Porque de esta manera se demuestran las prioridades del Ejecutivo y nos avanza cuáles serán sus políticas de cara al año en curso.
  • Porque también incluye los presupuestos asignados a Pensiones y Prestaciones por Desempleo, partidas que irán destinadas a dos de los colectivos más vulnerables ante la crisis económica: jubilados, pensionistas y parados.
  • Porque los Presupuestos Generales del Estado recogen también el dinero destinado a las Entidades Públicas Empresariales como AENA o RENFE así como a otras sociedades estatales como el INEM, RTVE, Museo del Prado.
  • Porque junto a los gastos, recoge también los ingresos, y con ello refleja el sistema tributario de cara al próximo año. Y es importante porque sólo un sistema tributario, justo y progresivo permite garantizar una redistribución de la riqueza.
  • Porque aunque nos parezca algo ajeno y lejano, todos contribuimos a los Presupuestos Generales del Estado, ya sea directa (a través de la declaración del IRPF, por ejemplo) o indirectamente (a través del IVA cuando compramos una entrada para el cine o una barra de pan).

 

¡Atención a la letra pequeña!

Que hay que mirar con lupa los Presupuestos Generales del Estado es algo que ya ha quedado claro. Pero también hay que mirar con detenimiento lo que este documento no dice. Y es que, por ejemplo, no todos los gastos e ingresos que pueden tener las administraciones públicas centrales aparecen recogidas en estas cuentas. De hecho, existen una serie de leyes paralelas para aquellas materias que, aun siendo instrumentos de política de Gobierno, su inclusión en la Ley Anual de Presupuestos puede ser discutida: se trata de las Leyes de Acompañamiento. Unas leyes a las que no siempre se les da toda la publicidad que debiera y por donde “nos la pueden colar”.

También es cierto que mirando los Presupuestos Generales del Estado es imposible saber qué cantidad de dinero irá destinado para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Y es que habrá que esperar al reparto que se haga después el Ministerio competente. Una decisión a la que habrá que estar muy pendiente después de que la AOD española bajara en 2011 al 0,29% de nuestro Producto Interior Bruto, sin tener todavía en cuenta el recorte ya anunciado por el actual Gobierno. Es muy importante que tengamos en cuenta que, por eso, en ningún caso la partida destinada a AOD tiene relación alguna con la destinada a pensiones o gasto social en España, pues provienen de Capítulos presupuestarios distintos y su reparto se efectúa en distintos Ministerios.

Y aunque tampoco quede especificado en el extenso documento de los Presupuestos Generales del Estado, lo cierto es que durante el 2012 se dará “prioridad absoluta” al pago de la deuda (recordamos a los lectores que, en el caso de España, a diferencia de Francia, Alemania y otros países de la UE, tiene su origen en la deuda privada y no en la deuda pública) y de sus intereses frente a otras partidas. Y es que esto es precisamente lo que acordaron Partido Popular y PSOE cuando establecieron un techo de gasto en la Constitución. Un techo de gasto que impedirá al actual y a los futuros Gobiernos aplicar las políticas anticíclicas[i] recomendadas por varios premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz o Paul Krugman.

 

Ana Clara Padilla y Jose Alfonso Delgado, (Fundación PROCLADE). Grupo de Trabajo de Pobreza Cero.


[i] Que la intervención pública contrarreste los efectos de la crisis a través de la inversión y la facilitación del crédito.


Ahora entramos en materia… ¿quiénes deciden sobre los PGE? #PresupuestosSociales

¿Quiénes deciden y cómo se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE)?

Podemos decir que son 4 las Fases las que componen el proceso presupuestario: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control.  En esta aproximación a los PGE nos vamos a referir principalmente a las dos primeras fases que quedan resumidas en el siguiente cuadro:

Previamente a la elaboración de los PGE, el Consejo de Ministros deben fijar cuál será el límite de gasto no financiero[1] (el Límite de gasto no financiero para el 2012 117.353 millones de euros, en términos homogéneos, lo que supone una reducción del 3,8% en relación al año anterior) y es asimismo aprobado por las Cortes Generales uno o varios meses antes de los PGE.

La elaboración corresponde principalmente al Gobierno (Poder Ejecutivo) y la aprobación al Poder Legislativo (Congreso de los Diputados y Senado) y consiste en la elaboración del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Según la Constitución Española, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los PGE al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

El primer semestre de cada año, el Gobierno (Consejo de Ministros), a propuesta del Ministerio de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de la Administración Local, acordará los objetivos de estabilidad presupuestaria en términos de PIB nacional, para los tres ejercicios siguientes. El acuerdo que tome al respecto el Consejo de Ministros y el informe del Ministerio de Hacienda mencionado se remiten a las Cortes Generales, donde deberán ser aprobados.

El proceso de elaboración comienza con la proposición de anteproyectos parciales. Los Ministerios y los demás órganos del Estado remiten al Ministerio de Hacienda sus correspondientes propuestas ajustadas a los límites de distribución de gasto que hayan establecido. Estas directrices se determinan a través de la Comisión de Políticas de Gasto presidida por el Ministerio de Hacienda. Estas propuestas y el resto de la documentación necesaria para elaborar los PGE se remiten al Ministerio de Hacienda normalmente antes del 1 de mayo (este año 2012 es especial, pues los PGE llevan varios meses de retraso).

Posteriormente se forma el anteproyecto de ley de PGE . La Dirección General de Presupuestos elabora los Estados de gastos e ingresos del anteproyecto de PGE. Para la elaboración de gastos tiene en cuenta las orientaciones de la política económica del Gobierno, las consideraciones de la Comisión de Políticas de Gasto, los estudios de asignación de recursos efectuados por las Comisiones de Análisis de Programas y las propuestas remitidas por distintos centros gestores. Para elaborar los estados de ingresos se atiende a las consideraciones de la Comisión de Ingresos.

El Ministerio de Trabajo une los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a los del resto de las Entidades Gestoras, Servicio Común y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para formar el Anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, que se remite al Ministerio de Hacienda para que ambos Ministros lo eleven conjuntamente al Gobierno para su aprobación e inclusión en el Proyecto de PGE.

Corresponde al Ministro de Hacienda elevar al Gobierno el anteproyecto de la Ley de PGE, normalmente antes del 15 de septiembre.

La aprobación del Proyecto de Ley de PGE se realiza por el Consejo de Ministros, incluyendo el articulado, los correspondientes anexos y los estados de ingresos y de gastos. Una vez aprobado es remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.

La tramitación parlamentaria del proyecto se puede dividir en las siguientes fases:

-          Recepción por el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de PGE. Dentro de esta Cámara Baja se desarrollan las siguientes actuaciones:

  • Se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y se abre el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado.
  • Finalizado el plazo de enmiendas se celebra el debate de totalidad por el pleno del Congreso en el que deben aprobarse las cuantías globales de los estados de ingresos y gastos.
  • Se remite a la Comisión de Presupuestos del Congreso que dictamina.
  • El proyecto de Ley de PGE se somete a debate por el Pleno del Congreso (articulado y estado de gastos) y se aprueba remitiéndolo al Senado  (si no se aprueba se devuelve al Gobierno).

-          Recepción por el Senado (Cámara Alta).

  • Se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado y se abre plazo para la presentación de enmiendas parciales o el veto.
  • Finalizado el plazo se envía a la Comisión de Presupuestos del Senado que dictamina.
  • Se somete al debate del Pleno y se vota

-          Recepción de nuevo en el Congreso de los Diputados.

  • Si hubiese existido veto en el Senado (enmienda a la totalidad) se someterá de nuevo a votación en el Congreso y si la aprobación es por mayoría absoluta el veto se levanta definitivamente. Si no se ratifica, se esperan dos meses y basta la mayoría simple para su aprobación. En caso contrario se devuelve al Gobierno.
  • Si no hubiera veto, se aprobarán enmiendas del Senado por mayoría simple de los votos emitidos en el Congreso.

 Cuando se aprueba el proyecto de Ley de PGE definitivamente en el Congreso se convierte en Ley y se publica en Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor, normalmente el 1 de enero del año correspondiente. Hasta hace poco en la Ley de PGE se recogían también otros aspectos que, sin ser estrictamente presupuestarios, condicionaban su aplicación, pero desde el año 1993 se aprueba una Ley complementaria de la Ley de PGE (de acompañamiento) de cada año dónde se incluyen todos estos aspectos.

 Ángel Luís Caballero, (Fundación PROCLADE) Grupo de Trabajo de Pobreza Cero.


[1] El Límite de Gasto no financiero se fija calculando la Capacidad de ingreso (+) y la Necesidad de gasto en términos de % del PIB.


Hablando de Presupuestos Generales del Estado #PresupuestosSociales

Mucho se habla de esto últimamente, pero… ¿sabes qué son los Presupuestos Generales del Estado?

Como toda persona, familia, organización o empresa, España como estado también se sienta cada año, o más bien nuestros políticos, y elaboran lo que conocemos como Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este concepto, que a veces nos suena abstracto, no es más que la programación del conjunto de ingresos y gastos previstos para la Administración Central en un año dado. En este caso, las cuentas tienen un formato de Ley, es decir: los PGE se consideran un acto legislativo y obligan a todo el sector público.

Según el artículo 134 de la Constitución Española, los PGE se inspiran en los siguientes principios:

  • Competencia: la potestad de elaborar los PGE corresponden al Gobierno, y la potestad de su aprobación a las Cortes Generales.
  • Universalidad: los PGE deben incluir todos los ingresos y gastos del sector público previstos para el año en cuestión.
  • Anualidad: la vigencia temporal de los PGE debe de ser un año natural. En este caso, como la aprobación de los presupuestos se ha atrasado hasta el mes de marzo, su validez será de 9 meses.
  • Publicidad: las cuentas se deben hacer públicas: durante la elaboración con el debate parlamentario; durante la ejecución con interpelaciones y preguntas parlamentarios; al términos de su gestión, con la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas.

En definitiva, los PGE se presentan como el principal instrumento de planificación económica del Estado, y un claro reflejo de la política fiscal (los PGE recogen tanto impuestos directos como indirectos, tasas de servicios públicos, transferencias patrimoniales…). Y es que la política fiscal se hace tanto desde el punto de vista del gasto, de la inversión y de cómo se financia dicho gasto.

¿Qué partidas incluyen los PGE?

Como todo presupuesto, los PGE especifican a qué dedicarán sus recursos, para lo que se dividen en capítulos presupuestarios. Y aunque en realidad son nueve, los que se suelen manejar con más frecuencia son los tres que hacen referencia a los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones.

  • Capítulo 1: personal. Con este capítulo, se pagan los sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social de todos los trabajadores: desde los altos cargos hasta el personal funcionario, pasando por los eventuales.
  • Capítulo 2: todos lo relativo a gasto corriente. Esta partida, muy diversa, se lleva en torno al 20% del presupuesto de estos puntos. Incluye, entre otros elementos, alquileres de inmuebles, transportes (viajes de avión del Gobierno, hoteles…), reparaciones y gastos de mantenimiento; bienes de consumo (material de oficina, agua, gas, productos farmacéuticos); o trabajos subcontratados a otras empresa (seguridad, limpieza, conferencias y estudios técnicos…)
  • Capítulo 6: inversiones. Supone el 10% del presupuesto  y afecta a todo tipo de obras de infraestructuras, inmuebles, obra civil, adquisición de bienes de equipo

Aunque estas tres partidas son a las que los medios de comunicación suelen prestar más atención, no son las únicas. Los PGE cuentan con más capítulos que, aunque son más desconocidos, resultan clave en un momento de crisis como el actual. Sobre todo si tenemos en cuenta que las partidas 1, 2, y 6 suponen menos del 20% del total de los PGE, mientras que el restante 80% se destina a los capítulos que especifican operaciones financieras. Es decir, lo que se debate en el Congreso, de lo que hablan los medios, lo que aparentemente se parte y reparte de los PGE son los capítulos 1, 2, 3, 4 y 6, cuando la realidad es que casi el 80% de los PGE se van en los capítulos 5, 7, 8 y 9. (Más información aquí).

Estos son, entre otros, el capítulo 3, que se refiere a los gastos motivados por los intereses de deuda o por su cancelación. Capítulo al que el actual Gobierno ya apunta como prioridad económica. Y pendientes también de los capítulos 8 y 9, que informan sobre activos y pasivos financieros respectivamente; es decir: la adquisición de deuda del Sector Público que el Gobierno va a hacer en el año en cuestión o la concesión de préstamos tanto al sector público como privado. Además, recogen la posterior amortización de la deuda pública y préstamos entre otros aspectos.

Es decir, que estos capítulos que recogen el 80% de los PGE están destinados a movimientos financieros, deudas a pagar, transferencias, etc., no van destinados al sostenimiento directo de la actividad a través del pago de nóminas, compra de bienes y de servicios, sino a una cantidad tremenda de operaciones financieras de las que es muy difícil estar al corriente y seguirle el rastro, salvo que se esté plenamente sumergido en este tipo de actividades.

Una serie de partidas a las que habrá que prestar más atención, sobre todo, después de la última reforma constitucional acordada por el Partido Popular y el PSOE. Una reforma en la que se estableció por ley darle “prioridad absoluta” al pago de la deuda y de sus intereses.

La otra cara: los INGRESOS.

En el apartado de ingresos, el Estado contempla diferentes capítulos, aunque lo que comúnmente se debate y a lo que se presta atención es solamente el “reparto” (los gastos), quizá debiéramos también prestar atención a la otra mitad de los PGE: los ingresos. Al igual que los gastos, el apartado de ingresos se divide por capítulos.

Capítulo 1.-Impuestos directos y cotizaciones sociales. Se incluyen todos los recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto como consecuencia de la posesión de un patrimonio u obtención de la renta. Entra aquí el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades, sobre el capital y patrimonio y cotizaciones sociales.

Capítulo 2.-Impuestos indirectos. Se incluyen todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.

Capítulo 3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos. Son ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público, que se refieren, afecten o beneficien a los sujetos pasivos.

Capítulo 4.-Transferencias corrientes. Son recursos condicionados o no por el Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que lo reciben y que se destinan a financiar operaciones corrientes.

Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales. Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del Estado, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos, así como los derivados de sus actividades realizadas en régimen de derechos privados.

Capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales. Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de propiedad del Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos.

Capítulo 7.-Transferencias de capital. Son los recursos condicionados o no, recibidos por el Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Capítulo 8.-Activos financieros

Recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos financieros, así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas constituidos.

Capítulo 9.-Pasivos financieros. Se imputan en este capítulo los ingresos obtenidos por el Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos procedentes de emisión de deuda, obtención de préstamos y de los depósitos y fianzas recibidas.

Ana Clara Padilla y Jose Alfonso Delgado (Fundación PROCLADE) Grupo de Trabajo de Pobreza Cero.


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