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Conectando realidades a través de algo que usamos todos los días: el café.
“Hay pequeños gestos que ayudan a mejorar nuestro día a día. Pero hay otros que ayudan a mejorar el mundo.”
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Lo que nos quita el sueño
¿Dónde tienen los españoles puesta su preocupación? Las últimas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan la preocupación de la población por cuestiones que afectan a la sociedad de a pie de modo directo: el desempleo y las dificultades económicas que de él se derivan, la decadencia de la clase política y la corrupción a ella asociada, la sanidad y la educación, son respectivamente los principales desvelos que quitan el sueño a los españoles.
Estas preocupaciones de índole inicialmente económica, se han convertido en pesadas cargas para los ciudadanos, cargas que han adquirido una trascendencia social de gran calibre.
No se trata de impregnar de catastrofismo la conciencia ciudadana, pero sí de utilizar las plataformas que están puestas a disposición de la sociedad civil para dar voz al comprensible malestar que inunda a los ciudadanos. Es cierto que la crisis económica ha impuesto sacrificios y que genera situaciones indeseables que lógicamente, no se darían si la coyuntura socio-económica fuera diferente. Sin embargo, es momento de que esto deje de ser el escudo y parapeto que sirva como anillo al dedo a quienes tienen el poder para cambiar el modo de afrontar lo que está sucediendo.
Si el debate sobre la crisis y reestructuración del llamado Estado del Bienestar se viene arrastrando desde los 70, en los últimos años se ha reavivado de modo singular. Como apuntan esas estadísticas del CIS, el ciudadano no sólo se muestra profundamente preocupado por las estructuras del bienestar que hasta ahora se habían consolidado, sino que también expresa su decepción ante quienes, presuponiendo una especial vocación por el interés general, terminan por sucumbir ante esta ola de corrupción que parece estar azotando España en los últimos meses. Es preocupante que las portadas de los servicios informativos dediquen cada día una media de 15 minutos a esta cuestión. Es indignante que sea una infección crónica que no entiende de partidos, puesto que antes o después, salpica a la gran mayoría.
Pero, recuperando los demás datos revelados por las encuestas, educación, sanidad y desempleo, son objeto de desasosiego ciudadano permanente. En definitiva, los pilares del bienestar y la paz social.
No es desconocido a estas alturas que España posee un gasto medio en educación de los más bajos de la Unión Europea. Una carencia de inversión en este pilar del Estado del Bienestar no sólo trae consecuencias a nivel social (abandono escolar, dificultades de acceso al mercado laboral para los jóvenes…) sino que además, imprime una huella muy difícil de corregir en la economía. No en vano, se conoce a la educación como la principal herramienta sobre la cual sostener un modelo de crecimiento sostenible para un país a lo largo del tiempo. Y aunque fuera cierto lo que afirman muchos responsables políticos de que “no se trata de gastar más, sino mejor”, ésta parece ser la recurrente frase que en tiempos de crisis exculpa un modo incorrecto de abordar las cosas. De momento, los altísimos niveles de fracaso escolar entre los niños y adolescentes españoles, parecen indicar que sí es necesario gastar más, y además, hacerlo mejor.
Pero no solo la educación inunda la preocupación de los españoles, la sanidad ha sido objeto del más atroz de los recortes en los últimos meses. Entre algunas de las medidas más dañinas para la sociedad se encuentran las tajantes restricciones a la atención a personas inmigrantes, el fin de la financiación pública de más de 400 medicamentos de los que muchos enfermos españoles dependen de modo crónico, el cierre de plantas de ingresos en decenas de hospitales públicos españoles o la obligación de que los pensionistas deban cofinanciar los medicamentos que consumen a expensas de unas pensiones que, además de verse afectadas por medidas como esta, pierden, si cabe, mayor poder adquisitivo tras la no revalorización de las mismas con la subida del IPC. Lo cierto es que pese al reconocimiento de la asistencia sanitaria universal de nuestro sistema, la configuración legal del mismo excluye a determinados colectivos del derecho a recibir atención sanitaria. Cuando se lee esto, puede pensarse directamente en la medida por la cual hace pocos meses se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación de ilegalidad. Pero lo cierto es que hay más personas que se encuentran en potencial riesgo de exclusión social debido a la configuración legal del sistema sanitario. Y es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social pese a que la financiación es netamente vía impuestos, por lo que para acceder a las prestaciones sanitarias es necesario demostración de afiliación a la Seguridad Social, o en su defecto, como consecuencia de la demostración de carecer de recursos. Pues en virtud de esta situación, hay un no desdeñable porcentaje de la población española que se queda fuera del sistema de asistencia sanitaria por no poder acreditar ni una ni otra situación.
Recientemente se ha conocido la noticia de que 1.200 pacientes fallecieron en un hospital público de Reino Unido entre los años 2005 y 2009 como consecuencia de la atroz austeridad que lideraba los recursos económicos del citado centro médico. ¿Habrá que llegar a esos extremos en España?
Lo cierto es que, como ya se sabe, a grandes males, grandes remedios. No se discute que los males que afronta la sociedad son grandes, la pregunta es, ¿por qué clase de grandes remedios apostamos?
¿Qué tiene valor, el envoltorio o el contenido? #marcaEspaña
Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Últimamente se habla mucho de la economía de la reputación, qué es lo que nos da valor. Aquí y allá se nos vende este concepto como el pilar de la acción exterior de nuestro país. Más allá de las alharacas que se escuchan, cabe preguntarse qué significa realmente ese concepto. El término “marca” corresponde al ámbito de la publicidad, está ligado al consumo y a la competencia entre iguales y se dirige a un público que se considera interlocutor en la medida que es consumidor. En el caso de la Marca España estas características quedan claramente reflejadas en su afán de ligarse directamente a los intereses económicos y empresariales –tal como se recoge en su página web.
Este enfoque resulta, cuanto menos, limitado. En un mundo interconectado como el actual, el diferencial proviene precisamente de contribuciones colectivas por el bien común y actuaciones responsables que garanticen la protección de los derechos humanos y el futuro digno de las personas. Esa, y no otra, debería ser la carta de presentación que enarbolara España. Una carta en la que, las ONG de Desarrollo podríamos aportar de manera sustancial.
Los retos actuales exigen respuestas globales de colaboración y no de competencia; actuaciones en las que la ciudadanía sea entendida como sujeto de derechos y no como consumidora. No se trata de vender nada, sino de construir de manera conjunta apostando por el bien común de manera radical. Si colocamos en el centro los intereses económicos y empresariales perdemos el foco; lo perdemos, sobre todo, si no se establecen límites muy claros de control y comportamiento. No olvidemos que el beneficio no siempre significa mejores condiciones de trabajo, respeto por el medioambiente o reparto equitativo de la riqueza.
Más que Responsabilidad Social Corporativa
Situar a las empresas como actores protagonistas de la política exterior de España exige el establecimiento de una línea roja claramente definida a través de un marco de regulación basado en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Principios éstos que van mucho más allá de la llamada Responsabilidad Social Corporativa, a la que las empresas se adscriben de forma voluntaria, ya que recogen normativa que es de obligado cumplimiento para aquellos países que han ratificado tratados de derechos humanos como es el caso de España. El objetivo de estos principios es el de “mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible”.
Aunque la solidaridad internacional y la AOD han sido reconocidas como un activo importante de la política exterior española tanto por el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, como por el Secretario General de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, o el Director de la AECID, López Dóriga, la realidad demuestra lo contrario. El valor que le dan a la política de cooperación en el discurso no se corresponde con la práctica. Mientras se enarbola a las empresas como la punta de lanza de la acción exterior española, se recortan los fondos destinados a cooperación hasta llevar a esta política casi al borde del desmantelamiento. Utilizar la situación económica en la que se encuentra España como excusa para no cumplir lo acordado no contribuye a la imagen de país. Estados en situaciones similares, como Reino Unido o Irlanda –que incluso fue rescatada- han mantenido e incluso aumentado sus presupuestos, demostrando que sí es posible.
Más de 30 años de historia avalan a la cooperación española, un sistema integrado por múltiples actores con una enorme experiencia a sus espaldas y con casos de relevancia internacional como el modelo de cooperación descentralizada tan propio del sistema español. La cooperación ha demostrado su rol relevante en el fortalecimiento de las relaciones internacionales con zonas estratégicas para la acción exterior española. Hemos acompañado a la sociedad civil en situaciones similares a las vividas por España en este momento en el que se están recortando los derechos humanos de una manera escandalosa; tenemos mucho que aportar tanto en nuestro propio país como fuera de él. Desaprovechar ese capital para constituirnos en un actor global responsable y colaborativo sería un error de una notable torpeza política.
Nuestro deseo para 2013
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Defended a las personas, no a los mercados
La celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno da la oportunidad de presentar nuestras demandas y mostrar el descontento social a causa de los recortes y ataques al Estado de Derecho y su impacto diferencial sobre las mujeres.
MANIFIESTO FEMINISTA Y SOCIAL ANTE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA EN CÁDIZ, 6 y 17 de noviembre de 2012
Ante la celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefaturas de Estado y de Gobierno, en el marco del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso un avance liberal al abolir el feudalismo y proclamar la soberanía popular, la división de poderes, el derecho a la educación y la libertad de expresión y permitir las Juntas latinoamericanas, precursoras de la independencia. Tomando nota que no se reconoció la ciudadanía a las mujeres y ninguna mujer participó en su elaboración.
Promovido por Plataforma WIDE-E (Women In Development Europe-España)
Red GGEA (Grupos de Género Estatal y Autonómicos)
Marea Violeta Málaga
Mail: Coordinacion.WIDE.E@gmail.com
Las organizaciones feministas y sociales del estado español, Portugal, América Latina y el Caribe, y las mujeres y hombres abajo firmantes DENUNCIAMOS:
● Las medidas adoptadas por numerosos Estados para hacer frente a la crisis global del sistema capitalista neoliberal, dirigidas a explotar los bienes comunes, privatizar los recursos públicos y medioambientales, y mercantilizar los derechos humanos. Como afirmó en la XXI Cumbre Iberoamericana su anfitrión, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, depuesto por un Golpe de Estado el pasado junio, el actual modelo muestra la ‘incapacidad para generar un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo’.
● El incumplimiento, bajo el pretexto de la crisis financiera, de los Derechos Humanos universales, así como de los acuerdos y compromisos suscritos por los Estados, entre ellos los de las propias Cumbres Iberoamericanas anteriores, en especial los llamamientos al Buen Gobierno y a la defensa de los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables a la pobreza y la exclusión, y como redistribuidores de los recursos y promotores activos de la igualdad de oportunidades, la justicia y la cohesión social.
● La aplicación de políticas y medidas de ajuste que vacían, de facto, a los Estados excluyendo a la mayor parte de su ciudadanía –entre ella los y las más jóvenes- del acceso a condiciones de vida dignas, a la igualdad y a un futuro esperanzador.
● La priorización de ‘los mercados’ sobre las personas, y el ‘secuestro’ de las democracias que se traduce en ofensivas contra la soberanía popular, la socialización de las pérdidas del sector financiero, la desregulación y privatización de bienes públicos y el fomento de una economía especulativa.
● El incremento de la feminización del cuidado de la infancia y las personas mayores en situación de dependencia, a consecuencia de los recortes de los servicios públicos.
● La ofensiva neoconservadora y patriarcal sobre los roles familiares y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto, atacando la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir.
Por ello, DEMANDAMOS a los representantes de los Estados:
1. El reconocimiento de la participación democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia y la diversidad, y el desarrollo económico equitativo como ejes que estructuran las políticas públicas.
2. La elaboración de políticas en pro del pleno empleo y el empleo decente, así como en el acceso universal a la educación, la salud y la protección social universal de calidad, como camino a la inclusión social y la equidad.
3. Estados democráticos, laicos, garantes de derechos, valedores del efectivo desarrollo de políticas públicas, libres de prejuicios e imposiciones religiosas, respetuosas con los derechos humanos, especialmente de las mujeres, minorías de toda condición, pueblos indígenas y migrantes.
4. El reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad plurinacional, pluri-étnica e intercultural, así como afectivo-sexual, de género y diversidad funcional como centro del desarrollo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
5. El respeto y garantía de los compromisos acordados con la igualdad, los derechos de las mujeres así como el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres. Todo ello acompañado de recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, incluidos muy especialmente los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
6. El fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada y de los movimientos sociales, en toda su diversidad, como actores políticos y sociales garantes del Buen Gobierno y las democracias, y la no criminalización de los movimientos sociales críticos.
7. La rendición de cuentas públicas y el fortalecimiento de espacios y mecanismos para la participación sustantiva de la sociedad civil y los pueblos en los procesos políticos.
8. Aplicar políticas conducentes al desarrollo económico inclusivo y sostenible que den respuesta a los problemas reales de la ciudadanía dirigidas a reducir la pobreza, favorecer la igualdad de oportunidades y estimular la creación de empleo decente.
9. Propiciar la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y económico, propiciando la autonomía económica de las mujeres con políticas adecuadas que eliminen las brechas de desigualdad, y garantizando la representación equilibrada en todos los ámbitos de decisión.
10. Consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable, que garantice la vivienda digna, el acceso a la tierra y promueva la soberanía alimentaria.
11. Los Estados deben apoyar el trabajo decente con calidad, con protección social universal y con sistemas contributivos progresivos que garanticen la distribución de la riqueza y la sustentabilidad de una sociedad justa.
12. Promover medidas que incrementen las oportunidades laborales y de desarrollo personal para la juventud, mujeres, migrantes, colectivos marginalizados y precarios entre otros.
13. El fin de la impunidad de la concentración injusta e indecente de recursos, que produce acumulación de pobreza y desigualdad, ya sea al interior de los países o entre éstos.
Las organizaciones sociales y feministas iberoamericanas NOS COMPROMETEMOS, por nuestra parte, a:
A. Defender las democracias realmente inclusivas, participativas, equitativas y justas.
B. Continuar con nuestra labor de seguimiento de la aplicación y respeto de los compromisos políticos y legales acordados, exigiendo su cumplimiento.
C. Seguir transformando las prácticas hegemónicas y excluyentes que privilegian el consumo en detrimento de la ciudadanía, poniendo en valor otros modos respetuosos con la tierra, la gestión sostenible de los recursos medioambientales y humanos, los usos equitativos del tiempo y los cuidados, y la absoluta soberanía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas desde una idea radical de igualdad.
D. A consolidar y tejer nuevas alianzas basadas en el diálogo transparente y respetuoso entre entidades y colectivos de ambas orillas desde el reconocimiento de la diversidad y la labor de los pueblos del continente latinoamericano en la resistencia contra las políticas de ajuste del modelo neoliberal.
Porque creemos que, efectivamente, el cambio es necesario y pasa por superar el modelo neoliberal basado en la explotación de los recursos medioambientales y humanos, en la precarización y mercantilización de la vida social, el crecimiento ilimitado de la especulación y la inmunidad de un pequeño grupo de intereses oculto bajo el paraguas de los mercados.
Este cambio debe dirigirse hacia modelos más participativos, equitativos, justos, inclusivos y sustentables que reconozcan y valoren el trabajo reproductivo y de cuidados, y donde mujeres y hombres se encuentren en el centro de las políticas públicas y las necesidades de Cuidado y Buen Vivir definan las prioridades del gasto público y el desarrollo económico y tecnológico de los países.
Que por qué hago qué #YoVoy17OPobrezaCero
¿Por qué una mañana decidí que dejaría de levantarme a la misma hora de cada día para ir a la oficina, donde se encontraba mi puesto de trabajo fijo, mi sueldo fijo y mis tareas fijas como responsable de comunicación para una empresa ‘X’, dedicada a la comercialización de un producto ‘X’?
Mi respuesta, aunque tardé en dármela, es bien simple: porque esa última mañana me quité mejor las legañas y me limpié mejor los oídos. Recuperé los sentidos que me llevaron años atrás a estudiar periodismo: por un lado, la curiosidad por saber qué, quién, cómo, cuándo y porqué sucede lo que sucede en el mundo; por otro lado, la necesidad de formar parte activa de él, de estar, en lo bueno y en lo malo. Vaya… esto suena más a una relación personal.
Pues debe ser que así entiendo yo la vida: una relación entre uno mismo y el entorno que le rodea, más allá de las fronteras físicas y políticas (ese “necesario nosotros” del que hablaba Salomé Arnáiz). Y como en cualquier relación, tendría que existir un compromiso de lealtad (cada cual que le ponga los límites que quiera), de respeto hacia la otra parte, y la responsabilidad de velar por el bienestar de ambos, el mío y el del mundo.
Por eso, mientras “Pobreza Cero” tenga que seguir siendo una campaña para concienciar que hay que combatir el hambre, que se están vulnerando derechos humanos y sociales básicos, que hay millones de personas viviendo en la más absoluta miseria (que una de ellas podría haber sido yo, cuestión de suerte)…, es que algo falla en esta relación; y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como mi relación con el mundo se va al traste. Ahora, quizás más que nunca, me necesita. Cómo le voy a fallar y dejar que se convierta en un mundo sin escrúpulos ni respeto, sin derechos humanos ni empatía, sin solidaridad.
Porque… a quien voy a engañar, ¡yo sí que lo necesito a él! #YoVoy17OPobrezaCero.
¡REBÉLATE! No permitas que mueran las políticas sociales #17O
En Madrid: 17 de octuber a las 19h en SOL. BUsca la cita en tu ciudad en www.rebelatecontralapobreza.org
Mis razones para el #17O
Soy periodista y activista social, perdido en el punto donde coinciden lo increíble y lo exacto. Un buen día me encontré a a medio camino de Helsinki, Sarajevo, Zadar y Madrid y, sin comerlo ni beberlo, me embarqué en el mundo de la cooperación internacional, para desembarcar finalmente en la acción social. Desde este puerto, solté amarras para aventurarme a perseguir la inclusión social de las personas más vulnerables. En este barco sigo, a veces contracorriente, pero manteniendo el rumbo. Un papel dice que soy especialista en información internacional y países del sur; otro que soy profesor de español por la UNED, además de experto en nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación social. Pero mi sangre me dice que lo que realmente conozco son los Balcanes y Oriente medio. Dicen por ahí que la lucha contra la pobreza y la exclusión social son causas perdidas. La única lucha que se pierde es la que se abandona o se olvida y yo ni me rindo ni olvido fácilmente.
Derecho humano a la salud #derechoacurar
Vía PROSALUS
En ningún otro derecho como el de la salud se observa la interdependencia entre los derechos tan claramente, puesto que de la salud dependen otros muchos. Por tanto, además de ser un derecho en sí mismo, la salud tiene la característica de ser condición habilitante para el ejercicio de otros derechos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la salud en el artículo 25, párrafo I, cuando afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este derecho, está consagrado de manera extensa en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Sin embargo, la salud no siempre fue considerada un derecho. En el momento de plasmar en tratados obligatorios los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron divididos en dos pactos: por un lado, los derechos civiles y políticos, ligados a las libertades, cuya obligatoriedad era inmediata; y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, ligados a las necesidades, como educación, salud y vivienda, a los que el Estado debe proveer de manera progresiva, en la medida que cuente con los recursos necesarios.
Se podría decir que éstos últimos son considerados derechos caros, porque requieren inversiones estatales para su cumplimiento. Estados Unidos ratificó únicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero no el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por tanto, la salud no es considerada un derecho sino un servicio, al que se accede si se tiene medios para ello.
Los Estados que sí han ratificado el PIDESC deben “adoptar medidas” para que “de forma progresiva” y “en la medida de los recursos disponibles”, puedan implementar los derechos económicos, sociales y culturales. El problema es que la obligación de adoptar medidas es poco laxa y los Estados a veces confunden progresividad con aplazamiento. Por tanto, se hace imprescindible que estos derechos se adopten dentro de un plazo razonablemente breve, tras la entrada en vigor del pacto.
Si atendemos a estas peculiaridades ¿cómo medimos la violación o no de este tipo de derechos? Evidentemente no viene dada por un acto contrario a derecho, sino por omisión, muchas veces condicionada por la existencia de recursos que permitan la satisfacción de esos derechos.
El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura la de toda persona a controlar su salud y su cuerpo. Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, dentro de un Estado pluralista, que impida las discriminaciones de todo tipo.
¿Cuáles son las obligaciones del Estado?
En primer lugar la obligación de respetar, que implica que los gobiernos deben abstenerse de toda medida que impida a la población satisfacer estos derechos, por ejemplo abstenerse de ciertas prácticas como la emisión de gases tóxicos por parte de empresas estatales, o negarse a la firma de tratados comerciales que encarezcan medicamentos, etc.
La segunda es la obligación de proteger, por la cual los gobiernos deben crear mecanismos judiciales, administrativos o políticos, para garantizar que una persona cuyos derechos han sido violados puede tener defensa. Pero además se deben prevenir posibles violaciones a los derechos no sólo de sus agentes sino de terceras partes, como consorcios, empresas, grupos multinacionales, etc. Por ejemplo, ¿qué medidas adopta el Estado para proteger el derecho humano a la salud cuando firma el Tratado de Protección a la propiedad intelectual que le impuso la OMC? La firma de ese tratado está pensada para proteger a los grandes laboratorios farmacéuticos de los países del Norte y es un requisito indispensable para poder ingresar a la misma.
Y la tercera es la obligación de realizar que plantea cuestiones de gasto público, reglamentación gubernamental de la economía, regulación del mercado (construcción de hospitales y centros de salud, fabricación, provisión y/o compra de medicamentos, provisión de alimentos básicos para evitar muertes por malnutrición, subsidios para viviendas sanas, etc.) provisión de servicios públicos e infraestructuras afines, políticas de subsidios y otras obligaciones positivas.
El nexo entre la salud humana y el ambiente
Como decíamos al inicio “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.” Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras generaciones.
En este sentido, el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la morbimortalidad para enfermedades transmisibles como la hepatitis, el dengue, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la malaria, y no transmisibles como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares.
Los factores ambientales ejercen una contribución significativa sobre los niveles de salud de la población. Una adecuada organización social y de los servicios de salud, bajo una real voluntad política impacta decisiva y positivamente en los niveles de salud.
Tomado de la revista Trimestral número 91 de julio de 2011 de PROSALUS.
#DerechoaSoñar: El mundo que queremos
En estas fechas en las que tendemos a soñar con más ganas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España ha animado a empezar con la “ilusión” de ser agentes de cambio en un año que “va a ser complicado” por la coyuntura económica y muestra su convicción de que “el cambio es necesario y es posible” porque “todas y todos contribuimos a construir una mejor sociedad”.
Durante la producción del “Derecho a Soñar”, la Coordinadora ha afirmado que “no todo se consigue con dinero”, y que “hay muchos sueños que están ahí y que se pueden cumplir”.
“El Derecho a Soñar” es un conjunto de vídeos de la sociedad civil que recoge una parte de esos sueños y propuestas de cambio y cuyo resultado muestra el optimismo, la ilusión, el compromiso y la exigencia del mundo que queremos y por el que apostamos.
La campaña Pobreza Cero nos invita a soñar con un mundo posible: el mundo que queremos. Esta iniciativa parte del proverbio africano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, y se enmarca en una iniciativa global que coincide con el lanzamiento del informe del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP[1] por sus siglas en inglés) sobre “El Mundo que Queremos”.
“Los sueños son más necesarios”
En un momento en el que parece que la sociedad civil no tiene nada que decir, y en el que el individualismo parece haberse apoderado de todo, el “derecho a soñar” intenta demostrar que estamos interconectados como ciudadanía y que, a través de nuestras acciones cotidianas y nuestras reivindicaciones políticas podemos contribuir a cambiar el rumbo de las cosas.
Tal y como Francisco Segarra, psicólogo clínico y coordinador general de la Clínica del Sueño Estivil, ha afirmado “todos soñamos, pero la mayoría de las veces lo hacemos dormidos, sin embargo, en estas fechas soñamos despiertos”, ha señalado, a la vez que insiste en que “es el momento de soñar con lo que cada uno quiere y desearlo con todas las fuerzas”.
[1] The Global Call to Action Against Poverty began as a movement to bring civil society together, across specific areas of thematic, geographic, or constituency focus, to unite diverse actions against poverty and inequality.
