¿Dónde tienen los españoles puesta su preocupación? Las últimas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan la preocupación de la población por cuestiones que afectan a la sociedad de a pie de modo directo: el desempleo y las dificultades económicas que de él se derivan, la decadencia de la clase política y la corrupción a ella asociada, la sanidad y la educación, son respectivamente los principales desvelos que quitan el sueño a los españoles.
Estas preocupaciones de índole inicialmente económica, se han convertido en pesadas cargas para los ciudadanos, cargas que han adquirido una trascendencia social de gran calibre.
No se trata de impregnar de catastrofismo la conciencia ciudadana, pero sí de utilizar las plataformas que están puestas a disposición de la sociedad civil para dar voz al comprensible malestar que inunda a los ciudadanos. Es cierto que la crisis económica ha impuesto sacrificios y que genera situaciones indeseables que lógicamente, no se darían si la coyuntura socio-económica fuera diferente. Sin embargo, es momento de que esto deje de ser el escudo y parapeto que sirva como anillo al dedo a quienes tienen el poder para cambiar el modo de afrontar lo que está sucediendo.
Si el debate sobre la crisis y reestructuración del llamado Estado del Bienestar se viene arrastrando desde los 70, en los últimos años se ha reavivado de modo singular. Como apuntan esas estadísticas del CIS, el ciudadano no sólo se muestra profundamente preocupado por las estructuras del bienestar que hasta ahora se habían consolidado, sino que también expresa su decepción ante quienes, presuponiendo una especial vocación por el interés general, terminan por sucumbir ante esta ola de corrupción que parece estar azotando España en los últimos meses. Es preocupante que las portadas de los servicios informativos dediquen cada día una media de 15 minutos a esta cuestión. Es indignante que sea una infección crónica que no entiende de partidos, puesto que antes o después, salpica a la gran mayoría.
Pero, recuperando los demás datos revelados por las encuestas, educación, sanidad y desempleo, son objeto de desasosiego ciudadano permanente. En definitiva, los pilares del bienestar y la paz social.
No es desconocido a estas alturas que España posee un gasto medio en educación de los más bajos de la Unión Europea. Una carencia de inversión en este pilar del Estado del Bienestar no sólo trae consecuencias a nivel social (abandono escolar, dificultades de acceso al mercado laboral para los jóvenes…) sino que además, imprime una huella muy difícil de corregir en la economía. No en vano, se conoce a la educación como la principal herramienta sobre la cual sostener un modelo de crecimiento sostenible para un país a lo largo del tiempo. Y aunque fuera cierto lo que afirman muchos responsables políticos de que “no se trata de gastar más, sino mejor”, ésta parece ser la recurrente frase que en tiempos de crisis exculpa un modo incorrecto de abordar las cosas. De momento, los altísimos niveles de fracaso escolar entre los niños y adolescentes españoles, parecen indicar que sí es necesario gastar más, y además, hacerlo mejor.
Pero no solo la educación inunda la preocupación de los españoles, la sanidad ha sido objeto del más atroz de los recortes en los últimos meses. Entre algunas de las medidas más dañinas para la sociedad se encuentran las tajantes restricciones a la atención a personas inmigrantes, el fin de la financiación pública de más de 400 medicamentos de los que muchos enfermos españoles dependen de modo crónico, el cierre de plantas de ingresos en decenas de hospitales públicos españoles o la obligación de que los pensionistas deban cofinanciar los medicamentos que consumen a expensas de unas pensiones que, además de verse afectadas por medidas como esta, pierden, si cabe, mayor poder adquisitivo tras la no revalorización de las mismas con la subida del IPC. Lo cierto es que pese al reconocimiento de la asistencia sanitaria universal de nuestro sistema, la configuración legal del mismo excluye a determinados colectivos del derecho a recibir atención sanitaria. Cuando se lee esto, puede pensarse directamente en la medida por la cual hace pocos meses se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación de ilegalidad. Pero lo cierto es que hay más personas que se encuentran en potencial riesgo de exclusión social debido a la configuración legal del sistema sanitario. Y es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social pese a que la financiación es netamente vía impuestos, por lo que para acceder a las prestaciones sanitarias es necesario demostración de afiliación a la Seguridad Social, o en su defecto, como consecuencia de la demostración de carecer de recursos. Pues en virtud de esta situación, hay un no desdeñable porcentaje de la población española que se queda fuera del sistema de asistencia sanitaria por no poder acreditar ni una ni otra situación.
Recientemente se ha conocido la noticia de que 1.200 pacientes fallecieron en un hospital público de Reino Unido entre los años 2005 y 2009 como consecuencia de la atroz austeridad que lideraba los recursos económicos del citado centro médico. ¿Habrá que llegar a esos extremos en España?
Lo cierto es que, como ya se sabe, a grandes males, grandes remedios. No se discute que los males que afronta la sociedad son grandes, la pregunta es, ¿por qué clase de grandes remedios apostamos?
Últimamente se habla mucho de la economía de la reputación, qué es lo que nos da valor. Aquí y allá se nos vende este concepto como el pilar de la acción exterior de nuestro país. Más allá de las alharacas que se escuchan, cabe preguntarse qué significa realmente ese concepto. El término “marca” corresponde al ámbito de la publicidad, está ligado al consumo y a la competencia entre iguales y se dirige a un público que se considera interlocutor en la medida que es consumidor. En el caso de la Marca España estas características quedan claramente reflejadas en su afán de ligarse directamente a los intereses económicos y empresariales –tal como se recoge en su página web.
Este enfoque resulta, cuanto menos, limitado. En un mundo interconectado como el actual, el diferencial proviene precisamente de contribuciones colectivas por el bien común y actuaciones responsables que garanticen la protección de los derechos humanos y el futuro digno de las personas. Esa, y no otra, debería ser la carta de presentación que enarbolara España. Una carta en la que, las ONG de Desarrollo podríamos aportar de manera sustancial.
Los retos actuales exigen respuestas globales de colaboración y no de competencia; actuaciones en las que la ciudadanía sea entendida como sujeto de derechos y no como consumidora. No se trata de vender nada, sino de construir de manera conjunta apostando por el bien común de manera radical. Si colocamos en el centro los intereses económicos y empresariales perdemos el foco; lo perdemos, sobre todo, si no se establecen límites muy claros de control y comportamiento. No olvidemos que el beneficio no siempre significa mejores condiciones de trabajo, respeto por el medioambiente o reparto equitativo de la riqueza.
Más que Responsabilidad Social Corporativa
Situar a las empresas como actores protagonistas de la política exterior de España exige el establecimiento de una línea roja claramente definida a través de un marco de regulación basado en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Principios éstos que van mucho más allá de la llamada Responsabilidad Social Corporativa, a la que las empresas se adscriben de forma voluntaria, ya que recogen normativa que es de obligado cumplimiento para aquellos países que han ratificado tratados de derechos humanos como es el caso de España. El objetivo de estos principios es el de “mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible”.
Aunque la solidaridad internacional y la AOD han sido reconocidas como un activo importante de la política exterior española tanto por el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, como por el Secretario General de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, o el Director de la AECID, López Dóriga, la realidad demuestra lo contrario. El valor que le dan a la política de cooperación en el discurso no se corresponde con la práctica. Mientras se enarbola a las empresas como la punta de lanza de la acción exterior española, se recortan los fondos destinados a cooperación hasta llevar a esta política casi al borde del desmantelamiento. Utilizar la situación económica en la que se encuentra España como excusa para no cumplir lo acordado no contribuye a la imagen de país. Estados en situaciones similares, como Reino Unido o Irlanda –que incluso fue rescatada- han mantenido e incluso aumentado sus presupuestos, demostrando que sí es posible.
Más de 30 años de historia avalan a la cooperación española, un sistema integrado por múltiples actores con una enorme experiencia a sus espaldas y con casos de relevancia internacional como el modelo de cooperación descentralizada tan propio del sistema español. La cooperación ha demostrado su rol relevante en el fortalecimiento de las relaciones internacionales con zonas estratégicas para la acción exterior española. Hemos acompañado a la sociedad civil en situaciones similares a las vividas por España en este momento en el que se están recortando los derechos humanos de una manera escandalosa; tenemos mucho que aportar tanto en nuestro propio país como fuera de él. Desaprovechar ese capital para constituirnos en un actor global responsable y colaborativo sería un error de una notable torpeza política.
La pobreza nos puede tocar a cualquiera. Que se lo pregunten a Iñaki Urdangarín, nuestro Duque ‘Em…Palma…do’. A nadie le gusta experimentar la pérdida de derechos y dignidad que supone el empobrecimiento económico. Quizás un miembro de la Familia Real no sea la persona más adecuada para hablar de pobreza. Quizás nuestro Duque nunca haya experimentado lo que es el ‘empobrecimiento injusto’, más allá del supuesto saqueo de fondos públicos al que nos ha sometido él con sus presuntas actividades delictivas. Quizás forma parte de ese 1% que vive por encima de nuestras posibilidades. Sin temor a equivocarme, Iñaki participa del selecto grupo de élites responsables de la desigualdad mundial. Elites que acumulan recursos y riquezas a costa del deterioro sistemático de la calidad de vida del 99% de la población.
En este post no voy a tratar el supuesto empobrecimiento de delincuentes económicos al amparo de la Administración Pública, sino del empobrecimiento real e injusto de las personas más vulnerables, debido a un sistema económico y político que genera pobreza en la mayoría de la población mundial. La pobreza no es una desgracia divina, es consecuencia de decisiones políticas, económicas y sociales injustas.
La crisis financiera no ha hecho más que agravar la desigualdad estructural del capitalismo. La mayor intensidad en la transferencia de riqueza de abajo a arriba de la pirámide poblacional en un momento de máxima debilidad económica es una prueba más de que no se trata de una crisis coyuntural, sino de una estafa organizada y consentida en todos los niveles de poder político y económico.
Poniendo el foco en España, encontramos datos escalofriantes de empobrecimiento injusto más allá de Urdangarín. 13 millones de personas viven en situación de riesgo de pobreza. 6 millones de personas desempleadas y 7 millones de trabajadores pobres suman el empobrecimiento estructural. La clase media y los grupos más vulnerables de la población española han sufrido un proceso creciente de devaluación de su calidad de vida, que no ha sido contrarrestado con eficacia por las políticas sociales y otras medidas de lucha contra la pobreza.
De 2009 a 2011, la pobreza aumentó en España 2,3 puntos porcentuales, esto es, 10.287.527 personas. Según el último informe presentado por Intermón Oxfam, si continuamos por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a 18 millones de personas en situación de pobreza en 2022. Nos situaremos en un 40% de pobreza en diez años, es decir, 2 de cada 5 personas en España serán pobres. El 20% de las personas más ricas en España ingresará 15 veces más que el 20% más pobre. Este es el empobrecimiento injusto. El empobrecimiento estructural de la mayoría por el desmantelamiento de las medidas de redistribución de la riqueza es el empobrecimiento injusto REAL.
¿Qué podemos hacer? Debemos exigir que la lucha contra la pobreza y la exclusión social formen parte de las prioridades políticas. Nada es más urgente que garantizar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Se deben coordinar estrategias a corto, medio y largo plazo de la sociedad civil que garanticen invertir en lo social. Necesitamos una fiscalidad que no penalice a las rentas del trabajo, sino que garantice la redistribución de la riqueza y las políticas sociales. Si no hacemos nada, cuando la crisis acabe, seguirá habiendo millones de personas cuyo derecho a una vida digna seguirá siendo vulnerado. El empobrecimiento injusto.
Jonás Candalija, Periodista. Especialista en TIC, información internacional, Balcanes y Oriente Medio
Recortar en educación significa acercar a la pobreza y a la marginalidad a miles de menores y a sus familias.
Cuando se eliminan programas educativos, se reducen becas de estudio, comedor o libros de texto, cuando se reducen las plantillas del profesorado, al final con lo que nos encontramos es con niños, niñas y jóvenes, sobre todo de clases desfavorecidas (ubicadas fundamentalmente en barrios humildes y zonas rurales) que recibirán una educación de peor calidad y que tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo.
Por lo tanto, al recortar en educación también se crea una sociedad más desigual, porque quienes más tienen que perder ante estos recortes son las clases más desfavorecidas, también las clases medias.
Los más pudientes siempre pueden acudir a escuelas privadas, academias y otros apoyos específicos. Esos recortes apenas repercuten sobre las expectativas de futuro de los menores pertenecientes a dichas familias.
Diversos estudios de la OCDE relacionan directamente el nivel socioeconómico y cultural de las familias con los resultados académicos de sus hijos e hijas, con variables como la conexión y velocidad de la conexión a Internet, el número de libros en casa, etc., que dependen en parte del bienestar económico de la familia. También incide sobre ese rendimiento escolar la disponibilidad horaria de los padres y las madres para ayudar a sus hijos e hijas en los estudios y para mantener una comunicación fluida con el profesorado. Sin embargo, quienes tienen más dificultades de conciliación son, de nuevo, las familias de clase trabajadora. Por lo tanto, si la escuela no compensa esas desigualdades de origen, las desigualdades sociales se incrementarán y aumentarán los índices de pobreza.
En estos momentos, en España estamos asistiendo a un empobrecimiento de la población. El documento Infancia en España 2012-2013 de UNICEF España destaca que en sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ese informe sitúa la cifra de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza en 2.200.000.
Pero tendremos una segunda ronda de empobrecimiento posteriormente, cuando “cosechemos” los frutos amargos de la reducción de las inversiones en educación, de aproximadamente 7.000 millones de euros, cuando muchos niños y las niñas que ahora empiezan a recibir una educación de menor calidad, y jóvenes que abandonarán antes el sistema, engrosen las listas de desempleados y subempleados en el futuro.
Pero… ¿qué recortes están acometiendo tanto el Gobierno central como los de las Comunidades Autónomas y que repercuten sobre la calidad y equidad de la Educación?:
Despido de profesores y profesoras, y como consecuencia más alumnos por clase, lo que significa una atención menos individualizada para cada alumno, menos ajustada a sus circunstancias personales y sociales de cada uno. Justo en la dirección contraria de lo que recomiendan todos los organismos internacionales.
Supresión o reducción significativa en programasde atención a la diversidad del alumnado, como el de acompañamiento educativo en Primaria, y en Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), entre otros; esto perjudica sobre todo al alumnado de clases más modestas, que no puede afrontar el pago de academias y clases particulares. Esos programas facilitan que, al término de la jornada escolar, el alumnado con menor rendimiento académico reciba apoyos para las áreas que llevan más retrasadas, ayuda para hacer los “deberes”, etc. Pero estos programas están en retroceso.
Más deberesescolares a los menores, como consecuencia de que muchos docentes, al contar con más alumnos por aula y tener que completar el currículum educativo durante todo el curso, van a verse obligados a ello. Los deberes general desigualdades. Que un niño haga mejor o peor los deberes depende del nivel socioeconómico y cultural de su familia y de su entorno. Mientras unos padres intentan ayudar a sus hijos, otros recurren a clases particulares o academias, y otros muchos no tienen ni el nivel educativo ni el dinero para poder pagar esos apoyos. Por lo tanto, provocan muchas desigualdades sociales.
El endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca de comedor, lo que ya ha provocado que muchas familias que las necesitan se hayan quedado sin esas ayudas. Debemos ser conscientes de que ésta puede ser la única comida equilibrada del día que hacen muchos niños y niñas. El servicio de comedor se convierte en esencial para aquellas familias que carecen de recursos suficientes como consecuencia de la crisis o de la pérdida de empleo.
La retirada de las becas para libros de texto y de los programas de préstamo y reutilización de libros, junto con la reciente subida del IVA aplicado al material escolar, dejan a muchas familias españolas con muchas dificultades económicas a la hora de comenzar al año académico de sus hijos. El acceso a la educación de las familias en España es cada vez más costoso.
A menudo decimos que la educación es una inversión, no un gasto. Y es cierto, porque lo que el Estado invierte en educación, lo ahorra posteriormente en subsidios de desempleo, programas de asistencia social, instituciones penitenciarias, etc. Pero por encima de todo, la educación es un derecho de las personas.
Quienes están en el poder y los poderosos lobbies que les sostienen en él afirman que el Estado no puede mantener la gratuidad de la enseñanza, un principio básico en los países europeos. Sin embargo, creemos que la gratuidad se logra con una financiación pública basada en un sistema tributario justo y equitativo. Y ésa ahora debería ser la tarea de quienes están en el poder.
Por último, hay que hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad en defensa de la escuela pública, porque este modelo de escuela garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su origen socioeconómico y cultural, puedan alcanzar el mejor desarrollo posible en el ámbito personal, social y laboral. La escuela pública es garante de la igualdad de oportunidades.
Jesús Salido Navarro,
Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)
¿Por qué una mañana decidí que dejaría de levantarme a la misma hora de cada día para ir a la oficina, donde se encontraba mi puesto de trabajo fijo, mi sueldo fijo y mis tareas fijas como responsable de comunicación para una empresa ‘X’, dedicada a la comercialización de un producto ‘X’?
Mi respuesta, aunque tardé en dármela, es bien simple: porque esa última mañana me quité mejor las legañas y me limpié mejor los oídos. Recuperé los sentidos que me llevaron años atrás a estudiar periodismo: por un lado, la curiosidad por saber qué, quién, cómo, cuándo y porqué sucede lo que sucede en el mundo; por otro lado, la necesidad de formar parte activa de él, de estar, en lo bueno y en lo malo. Vaya… esto suena más a una relación personal.
Pues debe ser que así entiendo yo la vida: una relación entre uno mismo y el entorno que le rodea, más allá de las fronteras físicas y políticas (ese “necesario nosotros” del que hablaba Salomé Arnáiz). Y como en cualquier relación, tendría que existir un compromiso de lealtad (cada cual que le ponga los límites que quiera), de respeto hacia la otra parte, y la responsabilidad de velar por el bienestar de ambos, el mío y el del mundo.
Por eso, mientras “Pobreza Cero” tenga que seguir siendo una campaña para concienciar que hay que combatir el hambre, que se están vulnerando derechos humanos y sociales básicos, que hay millones de personas viviendo en la más absoluta miseria (que una de ellas podría haber sido yo, cuestión de suerte)…, es que algo falla en esta relación; y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como mi relación con el mundo se va al traste. Ahora, quizás más que nunca, me necesita. Cómo le voy a fallar y dejar que se convierta en un mundo sin escrúpulos ni respeto, sin derechos humanos ni empatía, sin solidaridad.
Porque… a quien voy a engañar, ¡yo sí que lo necesito a él! #YoVoy17OPobrezaCero.
No habría empezado a trabajar en esto si no hubiera llegado a mis manos el libro “La deuda externa del mundo en desarrollo” de Jaime Atienza. Seguramente las cosas sería diferentes si Sergio Alcina y Chema Castells no me hubieran recomendado hacer un máster en cooperación al desarrollo y, por supuesto, no trabajaría en cooperación si, en su momento, no me hubiera incorporado al grupo de movilización social de Intermón Oxfam de Sevilla.
Para seguir trabajando en esto tengo cuatro grandes razones. La primera es que me indigna la pobreza. La segunda es que sé que entre todos podemos acabar con ella. La tercera es que trabajo en algo con lo que disfruto, me divierte y que haría como voluntario, si trabajara en otra cosa. La cuarta es la gente con la que me he encontrado a lo largo de estos años en diferentes espacios, muy especialmente el grupo de movilización social de ONGAWA.
La crisis se ha convertido, hoy, en una realidad imponente en nuestras sociedades del Norte enriquecido. Una situación evidentemente muy grave, con altos índices de desempleo y, unido a esto, situaciones de precariedad laboral, social y humana. Situación agravada por la continua política de recortes sociales, o lo que es lo mismo, de acoso y derribo del estado de bienestar o (por mejor llamarlo) el estado social de derecho-s. Una paradoja nada ética. Mientras las personas se encuentran en una mayor situación de necesidad y vulnerabilidad social: más se desmantelan las políticas publicas y sociales, que deberían garantizar la protección y los derechos de las personas; más se niega la justicia social y el bien común, que es el fin de toda política e institución que gobierna. Ahora bien, como decía un profesor y misionero jesuita español-afincado en el Salvador-, los países del Tercer Mundo (el Sur empobrecido del planeta) llevan décadas y décadas en crisis permanente. Y crisis mucho peor que la nuestra, donde los adultos y, todavía peor, los niño/as: se mueren de hambre; sufren y fallecen por enfermedades fácilmente curables; son esclavizados por la explotación laboral, en la calle y en la guerra, en el tráfico o turismo sexual, en el robo de sus órganos, etc.
Ahora bien, con todo esto no pretendemos ni minusvalorar la grave situación de la crisis que sufrimos en España y en el resto de Europa, ni “pesar pobres” a ver quien vale más. Solo queremos pro-vocar (llamar a) la atención para que nuestros acuciantes problemas en el Norte (aún) enriquecido, no impidan olvidarnos de la todavía más dramática situación que padece el Sur empobrecido, como África, America Latina y buena parte de Asia. Se trata de que tomemos conciencia que la verdadera fraternidad, solidaridad y justicia es con toda la familia humana, es universal e internacional, global. La ética o es fraterna, universal y mundial, cosmopolita o cae en un individualismo y corporativismo inhumano e insolidario. Además, conocemos más que de sobra que en nuestra era de la globalización, las propuestas y acciones solidarias, sociales y transformadoras, si de verdad quiere ser éticas y efectivas (liberadoras): deben ir la raíz de las necesidades y problemáticas sociales de nuestro mundo global; esto es, la injusticia y desigualdad planetaria, generada por el pensamiento único y sistema global del neo-liberalismo/capitalismo, hoy sobre todo financiero-especulativo. Efectivamente, el empobrecimiento del Sur y la crisis del Norte tienen su misma causa en la economía capitalista de casino (especulativa), hoy global, impuesta por los amos del mundo. Es decir, empresas multinacionales y coorporaciones financieras-especulativas con sus ídolos del beneficio, el mercado y la competitividad a los que se sacrifica vida humana.
Este análisis que hacemos está presente en lo más significativo de la cultura y de los movimientos históricos. Tales como el movimiento obrero, de la mujer, el voluntariado solidario o los nuevos movimientos sociales, que han experimentado una actual confluencia y expresión trascendental en los Foros Sociales Mundiales, surgidos en Porto Alegre (Brasil). Es la hora, pues, de esta Alianza solidaria por la justicia global contra el empobrecimiento y la injusticia en el mundo (el hambre, miseria y crisis sistémicas), generadas por el inmoral capitalismo. La erradicación del empobrecimiento (la pobreza cero) y otro es mundo es posible desde dicha globalización de la solidaridad y la justicia. Para que se termine así con el capitalismo y con cualquier otra injusticia, que impida la igualdad y la libertad. Es posible y es nuestra esperanza, porque además nos los muestra la historia. Y es el sentido y felicidad como fruto de esta solidaridad.
En estas fechas en las que tendemos a soñar con más ganas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España ha animado a empezar con la “ilusión” de ser agentes de cambio en un año que “va a ser complicado” por la coyuntura económica y muestra su convicción de que “el cambio es necesario y es posible” porque “todas y todos contribuimos a construir una mejor sociedad”.
Durante la producción del “Derecho a Soñar”, la Coordinadora ha afirmado que “no todo se consigue con dinero”, y que “hay muchos sueños que están ahí y que se pueden cumplir”.
“El Derecho a Soñar” es un conjunto de vídeos de la sociedad civil que recoge una parte de esos sueños y propuestas de cambio y cuyo resultado muestra el optimismo, la ilusión, el compromiso y la exigencia del mundo que queremos y por el que apostamos.
La campaña Pobreza Cero nos invita a soñar con un mundo posible: el mundo que queremos. Esta iniciativa parte del proverbio africano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, y se enmarca en una iniciativa global que coincide con el lanzamiento del informe del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP[1] por sus siglas en inglés) sobre “El Mundo que Queremos”.
“Los sueños son más necesarios”
En un momento en el que parece que la sociedad civil no tiene nada que decir, y en el que el individualismo parece haberse apoderado de todo, el “derecho a soñar” intenta demostrar que estamos interconectados como ciudadanía y que, a través de nuestras acciones cotidianas y nuestras reivindicaciones políticas podemos contribuir a cambiar el rumbo de las cosas.
Tal y como Francisco Segarra, psicólogo clínico y coordinador general de la Clínica del Sueño Estivil, ha afirmado “todos soñamos, pero la mayoría de las veces lo hacemos dormidos, sin embargo, en estas fechas soñamos despiertos”, ha señalado, a la vez que insiste en que “es el momento de soñar con lo que cada uno quiere y desearlo con todas las fuerzas”.
[1] The Global Call to Action Against Poverty began as a movement to bring civil society together, across specific areas of thematic, geographic, or constituency focus, to unite diverse actions against poverty and inequality.
La crisis financiera y de la zona euro amenaza con apartar de la agenda de la cumbre uno de los temas principales: la seguridad alimentaria mundial.
Acción contra el Hambre, parte de la coalición FeedinG20, propone siete medidas concretas a los países del G20 para trabajar por la seguridad alimentaria y nutricional.
Mientras el mundo tiene sus ojos puestos en la crisis financiera europea y el rescate de la zona euro, no hay que olvidar que el sistema financiero no es lo único que puede salvar el G-20. “La seguridad alimentaria en los países más vulnerables” está oficialmente en la lista de las prioridades de la cumbre.
El G-20 fracasará si en este momento, con una crisis sin precedentes en el Cuerno de África, los líderes no toman las medidas necesarias a su alcance para asegurar que a ningún ser humano le falte alimento.
Acción contra el Hambre ha contestado a tres preguntas clave:
1) ¿Es capaz el G-20 de poner en marcha iniciativas en materia de seguridad alimentaria? ¿Está en su mandato?
Por supuesto, tiene la capacidad, pero también tiene la responsabilidad y el deber, por dos razones:
• En primer lugar, porque ha sido la propia presidencia francesa del G-20 la que ha situado la cuestión de la seguridad alimentaria como una prioridad del G-20. Es su deber. Los sobresaltos financieros internacionales no deben eclipsar este requisito.
• En segundo lugar, el G-20 tiene el objetivo oficial de “asegurar el crecimiento mundial sobre una base fuerte y sólida”. Pero esto es imposible sin la aplicación de políticas que garanticen la seguridad alimentaria. No se construye el crecimiento global con el estómago vacío. Por otra parte, la desnutrición no sólo se traduce en un drama humano: se mide en dólares. Afecta al desarrollo y al éxito profesional, es un flagelo económico para los países que puede llevar a pérdidas de hasta un 6% del PIB al año.
• Finalmente, si los líderes de las principales economías no ejecutan las medidas apropiadas, ¿quién lo hará?
2) Dado que la crisis está inquietando a todos los países, incluyendo la zona del euro, ¿no es más urgente asegurar la estabilidad financiera?
Se habla mucho del peligro de la zona euro. Sin embargo, en la zona euro viven 332 millones de personas, casi tres veces menos que el número de personas que padecen hambre en el mundo. La crisis alimentaria en el Cuerno de África, el horror vivido por tantos hombres y mujeres, muestra que es necesario tomar medidas urgentes para evitar nuevas hambrunas, ya que los problemas de inseguridad alimentaria no se van a resolver en un solo día: las políticas agrícolas necesitarán años para garantizar el acceso a los alimentos para todos. Si queremos evitar nuevas crisis en 5-10 años, ahora es el momento de actuar. El mundo no puede permitirse el lujo de esperar a la próxima reunión del G20 para adoptar medidas enérgicas.
3) ¿Qué se espera del G-20?
• Acción contra el Hambre, desde la coalición de ONG internacionales FeedinG20, propone una serie de siete medidas a los líderes del G-20:
Asegurar que las políticas agrícolas y de desarrollo garantizan el equilibrio nutricional de las poblaciones, no sólo el aumento cuantitativo de la producción agrícola.
Cumplir las promesas de los compromisos financieros. Hasta ahora, sólo el 22%, de los cerca de 22 millones de dólares prometidos a tres años en la Cumbre del G8 en 2009 para la seguridad alimentaria, se ha hecho efectivo. Es prioritario reforzar la inversión en una agricultura sostenible y familiar.
Tomar medidas inmediatas para controlar los precios de los alimentos. Actualmente, las técnicas agrícolas son cada vez más eficientes, pero los avances en la lucha contra el hambre se han reducido por el alza de los precios de los alimentos.
Apoyar la implementación de reservas alimentarias
Fortalecer los programas de protección social que apoyan a la población en tiempos de crisis
Aumentar la capacidad de los más afectados para hacer frente al cambio climático. Fortalecer las iniciativas de los Estados contra el cambio climático y apoyar a los países en desarrollo a hacer frente a sus efectos.
Apoyar totalmente al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas y promover un mandato ampliado para responder rápidamente y tomar las medidas apropiadas cuando los precios de los alimentos aumenten.
Hemos recogido una parte de vuestros sueños y propuestas de cambio. Ahora os enviamos una pequeña muestra del resultado: optimismo, ilusión, compromiso, exigencia. He aquí el mundo que queremos y por el que apostamos.
La campaña Pobreza Cero nos invita a soñar con un mundo posible: el mundo que queremos. Esta iniciativa parte del proverbio africano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, y se enmarca en una iniciativa global que coincide con el lanzamiento del informe del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP[1] por sus siglas en inglés) sobre “El Mundo que Queremos”.
En un momento en el que parece que la sociedad civil no tiene nada que decir, y en el que el individualismo parece haberse apoderado de todo, el “derecho a soñar” intenta demostrar que estamos interconectados como ciudadanía y que, a través de nuestras acciones cotidianas y nuestras reivindicaciones políticas podemos contribuir a cambiar el rumbo de las cosas.
El Derecho a soñar se enmarca en un proceso en el que somos las personas quienes definimos cómo es el mundo que queremos ya que el que tenemos ahora no nos gusta. Por un lado mostramos las aspiraciones de muchas personas anónimas, de distintos orígenes y desde diversos lugares del mundo, respecto de ese mundo por el que trabajan; y por otro, revelamos que todas y todos compartimos es visión y esas demandas a la clase política de una sociedad más justa, más igualitaria basada en la solidaridad.
[1] The Global Call to Action Against Poverty began as a movement to bring civil society together, across specific areas of thematic, geographic, or constituency focus, to unite diverse actions against poverty and inequality.
