Archivo mensual: marzo 2011

Cuéntame otro mundo – documental

Un documental interesante que denuncia el modelo actual y defiende un modelo alternativo…

SINOPSIS:
Que el mundo esta “patas arriba” ya lo sabemos…
¿Que otro mundo es posible…? ¡Lo intentaremos!
Varias historias en las que sus protagonistas nos cuentan cómo han abierto caminos alternativos para transformar esta realidad a través de la propuesta, creando alternativas locales con criterios democráticos, ecológicos y solidarios.
Lo que se supone que es una utopía, hoy forma su día a día. Esto no es cuento… Es el mundo que llevamos dentro.


El poder de lo público contra la pobreza (Por Eduardo Sánchez)

Dice la sabiduría popular que toda crisis supone una oportunidad. Tal vez esta sentencia pueda parecernos manida pero, sin lugar a dudas, lleva consigo una importante carga de razón.

A estas alturas nadie duda que la crisis está afectando a todos los sectores de nuestra sociedad – incluidas las ONG de Desarrollo, algunas de las cuales han anunciado recortes de personal en las últimas semanas. Nadie debería dudar tampoco, que ese impacto está siendo mucho más agresivo y dramático para las personas más vulnerables del planeta: hay más de 1.500 millones de personas que sufren pobreza extrema en el mundo.

El Plan Anual de Cooperación Internacional aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, consolida una preocupante tendencia que rompe con los compromisos asumidos por el gobierno en materia de cooperación al desarrollo y que, en última instancia, impedirá que los objetivos marcados en la lucha contra la pobreza para 2015 puedan alcanzarse. Los recortes de más de 1.000 millones de euros recogidos por este Plan, conllevan la disminución de la ayuda en sectores tan importantes como la educación, la salud o el acceso al agua y al saneamiento y abren la puerta a que la cifra de 1.500 millones de personas extremadamente pobres se incremente.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un giro en la política de cooperación al desarrollo que pone en cuestión el papel de las ONGD, hasta el punto de que, desde diferentes sectores, se insinúa que tendríamos que pedir a las empresas los recursos para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Supone esto que en un futuro dejaremos de ser un actor relevante en la planificación, ejecución y fiscalización de la política pública de cooperación? ¿Significa que los objetivos de desarrollo humano deben financiarse, por ejemplo, con fondos privados provenientes de empresas que ejercen su trabajo en dudosas condiciones éticas? ¿Realmente se cree que la forma más eficiente de combatir la pobreza es que las empresas dediquen una cantidad de sus beneficios a financiar a las ONG? ¿Serán, entonces, los consejos de administración o las juntas de accionistas quienes decidirán qué se financia en el ámbito de la cooperación al desarrollo?

La deriva de la política de cooperación y cuestionamiento del papel de las ONG empieza a recordarnos la situación vivida hace diez años, frente a la que más de 100 organizaciones y varios cientos de personas comprometidas con el desarrollo respondieron suscribiendo el manifiesto “Ante la contrarreforma en el sistema de ayuda: por una política de cooperación efectivamente orientada a combatir la pobreza” donde se señalaban las incoherencias  y escasos  compromisos de nuestro sistema de cooperación, así como con ineficacia en la gestión de los recursos de cooperación.

En este contexto, no debemos olvidar que desde su surgimiento, cuando agrupaciones locales comenzaron su apoyo solidario a países centroamericanos, la cooperación al desarrollo ha estado directamente vinculada a la sociedad civil organizada. Las ONGD son en esencia manifestaciones de una ciudadanía global y responsable. La canalización de la ayuda al desarrollo a través de ellas ha potenciado la participación ciudadana en la construcción de la política pública y el fortalecimiento del tejido social. El papel que estas organizaciones juegan en la fiscalización y transparencia  de la acción de las administraciones y los gobiernos, es determinante para el ejercicio pleno de la democracia.

Las ONG no son un fin en sí mismo; son representantes de una sociedad comprometida que trabaja con otras sociedades en la defensa de los Derechos Humanos y en el establecimiento de unas relaciones equitativas entre los países. Nuestro objetivo es la erradicación de la pobreza en sus múltiples y diversas manifestaciones; éste debería ser también el objetivo de las políticas públicas, pero lamentablemente no es el de las empresas cuya lógica de actuación es muy distinta. En una democracia consolidada, una política pública se construye y se pone en práctica de manera compartida e incorpora a todos los actores implicados en la consecución del mismo objetivo. Esto supone necesariamente la gestión conjunta de los recursos públicos. No perdamos el foco, los fondos públicos son de la ciudadanía, no de los gobiernos.

La situación económica internacional y el papel de las instituciones financieras mundiales, la debilidad de muchas de las políticas públicas en el interior de los países donde trabajamos o la falta de financiación para el desarrollo, son factores que condicionan de manera determinante el trabajo que realizamos las ONG. Pero ello no supone, en ningún caso, una excusa para rebajar nuestras exigencias, compromiso y trabajo para que el desarrollo pase necesariamente por una transformación social. Alcanzar el desarrollo exige una serie de condiciones imprescindibles sobre las que, como ONG, podemos actuar tan solo de manera limitada. La primera de esas condiciones es la existencia de una política pública que por un lado proponga el desarrollo y, por todo, lo haga posible a través de recursos y actuaciones coherentes. El ejercicio de esa responsabilidad de los gobiernos no debe disociarse del papel de la sociedad civil en la promoción del desarrollo, dentro y fuera de un Estado. Los niveles de exigencia deben ser para ambos igualmente firmes.

Estos planteamientos deberían suponer un punto de inflexión para todos y cada uno de los actores del desarrollo. Deberíamos revisar nuestros aciertos y errores, buscar nuevas fórmulas de trabajo, novedosas estrategias que nos permitan afrontar de manera efectiva los grandes retos de un mundo complejo e interdependiente. Sólo así podremos hacer realidad la sentencia popular que une crisis a oportunidades.

 

24.03.2011 / Eduardo Sánchez Jacob

Presidente

Coordinadora ONGD-España


Sobre la Campaña – Por Federico Mayor Zaragoza (2005)

Pobreza Cero

La pobreza que sufren tantos seres humanos en el mundo, las condiciones en las que sobreviven no son sólo una afrenta a su dignidad humana, si no una injusticia intolerable, un llamamiento permanente a la conciencia de los más prósperos. Por ello tenemos que proclamar, con absoluta determinación, que la eliminación de la pobreza constituye nuestra prioridad en el comportamiento cotidiano y en las acciones que reclamamos de los gobiernos para que, sin ulteriores aplazamientos enfrenten –de forma proporcional a su riqueza y progreso – una situación que nos sonroja y que no nos deja conciliar el sueño.

Cincuenta mil personas mueren al día de hambre, centenares de millones sufren restricciones nutritivas severas y carecen del acceso a medicamentos que podrían aliviar en gran manera sus carencias y enfermedades.

El llamamiento de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales no es un aldabonazo más a los oídos de quienes –gobernantes, autoridades, parlamentarios, etc. – ejercen el poder si no a la sociedad entera para que se movilice generosamente y, utilizando también las modernas tecnologías, podamos en breve tiempo obtener resultados tangibles. Procuraremos que sea así y que la voz de la gente no sólo se oiga si no que se escuche. El siglo XXI tiene que ser, finalmente, el de la democracia genuina en que los ciudadanos no sólo son contados sino que cuentan, y son tenidos en cuenta y deciden en último término las acciones de quienes en su nombre dirigen las
riendas del poder.

Para terminar, la Coordinadora de ONG’s eleva hoy un grito con el concurso de los medios de comunicación. Pacífico, porque nunca ejercerá la violencia, pero firme y sostenido que no puede ser desoído. Esperamos que no sea necesario un gran clamor popular y la adopción de medidas de resistencia ciudadanas para que, de una vez por todas, sean las prioridades de la paz y de la convivencia y no las de la fuerza y la confrontación las que determinen la política a escala mundial. Que sean los valores universales de justicia, libertad, igualdad y solidaridad y no los intereses miopes del
mercado los que guíen nuestro destino común.

Pobreza cero, para que eliminemos caldos de cultivo para la animadversión, el rencor y la violencia. Pobreza cero para que iniciemos una nueva etapa que disipe horizontes tan sombríos.

Federico Mayor Zaragoza
Presidente
Fundación Cultura de Paz


22 de Marzo: Día Mundial del Agua (Por: Elena Leiss)

22 de Marzo: Día Mundial del Agua

Meta 10 de los ODM: “Reducir a la mitad, para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

El acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento es un derecho universal para todas las personas sin distinción. Para que este derecho tenga un significado real, todos deberíamos poder disponer de un suministro de agua accesible y seguro, con un acceso mínimo de 20 litros de agua limpia al día por persona.

Si bien el agua potable es un elemento indispensable para la existencia de las personas, y el saneamiento básico necesario para reducir la incidencia de enfermedades, hoy en día hay unos 884 millones de habitantes de países en desarrollo, que carecen del acceso adecuado al agua, y aproximadamente 2.600 millones que no tienen acceso a un saneamiento sostenible.

La falta de acceso al agua y a un saneamiento básico, condicionan todos los aspectos del desarrollo humano, es entonces imperioso que se considere como condición necesaria su solución, para que todos los ODM se puedan lograr.

La Asamblea General de la ONU adoptó el pasado 28 de julio de 2010 la resolución presentada por Bolivia en la que se reconoce al agua potable como “un derecho básico” e insta a que se garantice su disfrute a las personas que aún carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida.

Esta resolución llegó en un contexto en el que la crisis económica está golpeando especialmente a las personas más vulnerables y en el que, los gobiernos tienen la oportunidad de cambiar esta realidad y dar un paso importante en este sentido.

Se han registrado progresos que incluso en algunos casos han sido rápidos, lo que demuestra que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque ambiciosos, decididamente se pueden lograr con el trabajo de todos.

Algunos datos

–          Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas que experimentan  presiones demográficas cada vez más graves (cada segundo la población urbana aumenta en dos personas). Las infraestructuras existentes no aguantan ese ritmo de crecimiento.

–          El suministro inadecuado de agua y los limitados servicios sanitarios están produciendo un aumento considerable de enfermedades evitables como diarrea, cólera y malaria. La falta de saneamiento provoca la contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos -cada día, dos millones de toneladas de aguas residuales sin tratamiento alguno son vertidas a los cursos fluviales.

–          Las personas localizadas en asentamientos precarios se ven desprovistos del acceso al abastecimiento de agua, eso provoca que tenga que pagar hasta cincuenta veces más por el agua que los que están conectados a las redes municipales, teniendo que comprometer por ello entre el 30% y el 40% de los ingresos familiares.

Esta situación vulnera el derecho humano al agua al propiciar un contexto en el que el acceso al abastecimiento y al saneamiento no es universal, equitativo ni sostenible y en el que el suministro de agua se rige por criterios mercantiles y escasamente regulados.

Ante la problemática asociada al agua y al saneamiento básico, son muchas las acciones que deben de realizarse de manera inmediata; entre ellas:

1.     Un compromiso real y prioritario por parte de todos los gobiernos del norte y del sur de reconocer el acceso al agua como un derecho humano que supone la asunción de determinadas obligaciones:

  • La obligación de respetar, que implica que los Estados no deben interferir en el disfrute de los derechos (en este caso, podría representar la garantía del acceso al agua). Significa, en resumen, que el Estado debe abstenerse de impedir el acceso al agua o de realizar prácticas que impidan el acceso al agua.
  • La obligación de proteger, que implica la exigencia a los Estados, de impedir que se menoscabe el disfrute del derecho al agua por parte de particulares, empresas, grupos u otras organizaciones con intereses específicos. Esta obligación implica la necesidad de adoptar medidas tendentes a impedir que se produzcan limitaciones de cualquier tipo al acceso al agua potable.
  • La obligación de cumplir, que impone a los Estados el deber de adoptar las medidas necesarias para que sea posible el pleno ejercicio del derecho al agua, especialmente entre las comunidades más desfavorecidas y marginadas.

2.     La adopción del problema del saneamiento como prioritario en las políticas de reducción de la pobreza, así como el establecimiento de marcos institucionales adecuados para el desarrollo de los servicios.

3.     El aumento de los fondos disponibles para el agua y saneamiento por parte de todos los actores, así como la coordinación efectiva de esas inversiones. Es prioritario que tanto países donantes como gobiernos receptores, actúen de modo coordinado y coherente con las carencias.

4.     Que todos y cada uno de nosotros aportemos nuestro pequeño y a veces gran esfuerzo para que, se pueda reducir a la mitad, para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento; para que entre todas y todos podamos logar UN MUNDO MEJOR Y MÁS EQUITATIVO.

Por: Elena Leiss – Fundación ADRA


ODM 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

ODM 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Mucho se ha dicho ya de que la pobreza tiene rostro de mujer. El hecho es que a pesar de que parezca que con tener esta idea interiorizada estamos cambiando las cosas, nada más lejos de la realidad. La pobreza tiene muchas caras: significa no tener acceso a un mínimo de recursos; representa la desigualdad (o la ausencia) de oportunidades y la discriminación; la desigualdad también en cuanto al reparto de la riqueza, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en el acceso a las esferas de toma de decisiones y en el reconocimiento de esa capacidad de toma de decisiones. En fin, la pobreza y la desigualdad deben ser vistas con “gafas de género”.

A pesar de los grandes avances en el marco normativo (e.g. CEDAW 1979; Plataforma de acción de Beijing 1995; Declaración del Milenio 2000), las cifras siguen siendo desalentadoras:

  • de las 1.200 millones de personas que viven en pobreza, aproximadamente el 70% son mujeres (según datos de UNIFEM). Esto significa que aproximadamente 840 millones de mujeres viven en pobreza.
  • 60% de los trabajadores pobres son mujeres (según la Organización Mundial del Trabajo).
  • Según el Foro Económico Mundial, en los espacios de poder es donde más desigualdad existe.
  • Según la Unión Interparlamentaria, del total de legisladores en los parlamentos del mundo, sólo el 17,7% son mujeres en 2008
  • Aproximadamente 77 millones de niños y niñas en el mundo no están todavía escolarizados. El 55% son niñas. (Campaña Mundial por la Educación).

Estas cifras están vinculadas con la discriminación por razón de sexo. Así lo afirma el libro ODM: Una mirada a mitad del camino cuando dice que la discriminación y el sexismo determinan y discriminan las oportunidades de las mujeres en la educación. Junto con ello, el derecho a la salud de las mujeres se ve relegado a su exclusiva función reproductiva.

Si además consideramos las discriminaciones por razón de etnia, cultura, clase, raza, edad, lugar de nacimiento, las mujeres resultan ser doblemente afectadas. Es el caso, por ejemplo, de muchas de las mujeres migrantes que se enfrentan a una discriminación no sólo por el hecho de ser mujeres, sino además por ser mujeres migrantes, reproduciendo roles tradicionalmente considerados “femeninos” en trabajos de baja cualificación.

Según la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la discriminación étnico-racial y de género son constitutivas de la pobreza, la exclusión y de la perpetuación de las desigualdades sociales históricas.

La igualdad de género, al igual que el desarrollo, son cuestión de derechos humanos: no se puede concebir un Estado en el que la mitad de la población esté limitada en el ejercicio de sus derechos, en el que no se reconozca su capacidad de autodeterminación.

Las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, las lesbianas, los homosexuales, las y los transexuales, todas y todos son sujetos de derecho. Discriminar por razón de sexo representa una ruptura con todas las declaraciones y pactos internacionales en materia de derechos. Se debe garantizar el respeto, la protección, y el cumplimiento de todos los derechos de todas las personas (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales).

Las mujeres contribuyen día a día con su trabajo a la economía y a la sostenibilidad de la vida, y esta contribución no puede permanecer invisible.

He aquí una reflexión del Libro de ODM: Una mirada a mitad del camino que nos muestra dos caras de una moneda:

Las mujeres son activas constructoras…

Las mujeres, aún estando tan condicionadas por su mayoritaria presencia bajo la línea de la pobreza son, sin embargo, activas constructoras del desarrollo en el mundo actual porque:

Gestionan la mayoría de los hogares del mundo, realizando esfuerzos sobrehumanos para cubrir las necesidades básicas en su entorno más inmediato.

Generan constantemente alternativas de lucha contra el hambre, buscando la seguridad alimentaria familiar y de sus comunidades.

Cuidan de la seguridad física, económica y la salud de las personas que dependen de ellas.

Son las mayores productoras agrícolas y, en su relación cotidiana con los recursos naturales, son las mujeres quienes aseguran la protección y gestión adecuada de los mismos.

Sólo el 1% de la propiedad de la tierra en el mundo pertenece a las mujeres y, sin embargo, cultivan el 80% de su superficie. Ello les impide participar en pie de igualdad en las decisiones políticas que afectan a la protección ambiental o a los derechos económicos.

…pero las mujeres están invisibilizadas

La otra cara de la moneda es que las mujeres están invisibilizadas, casi no ?cuentan? en las estadísticas porque:

Persiste la ausencia de derechos reconocidos de las mujeres para acceder a la propiedad privada, a la herencia, a la tierra, al control de los recursos y acceso a créditos u otros servicios financieros.

Reciben, en general, menos salario por igual trabajo; trabajan más horas en todo el mundo al ejercer dobles y triples jornadas laborales y compatibilizar el trabajo del hogar y del cuidado; ocupan peores puestos de trabajo que los hombres, y sufren en mayor grado la precariedad laboral.

Se registran mayores tasas de desempleo en las mujeres, así como mayor inestabilidad y menores posibilidades de continuidad en la carrera profesional, por las limitaciones y requerimientos que conlleva el trabajo del cuidado de la familia y las personas dependientes.

Las mayores tasas de inseguridad, violencia y acoso sexual y laboral en sus lugares de trabajo, están relacionadas con las condiciones existentes de discriminación y desvalorización social como mujeres y madres.