Los PGE son injustos y pensados para l@s ric@s
- Medidas como la “amnistía fiscal” premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español
- España está muy por debajo de la media de la UE en inversión social, para reducir esta brecha debería pasar del actual 22’7% al 30% del PIB
- Los Presupuestos Generales del Estado atentan contra las personas más vulnerables: más de 12 millones y medio de personas en España[1] en riesgo de pobreza y exclusión, más cientos de millones de personas beneficiarias directas de la cooperación española[2]
- Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal
La Alianza Española contra la Pobreza rechaza los PGE por ser injustos, desproporcionados e insolidarios. La aprobación de estos PGE supondría una ruptura del consenso social y político expresado en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado por todas las fuerzas políticas en 2007 y que establecía que en 2012 se cumpliría el objetivo del 0,7% de la RNB para AOD, y el objetivo que se asume el Programa Nacional de Reforma que compromete a España a disminuir el riesgo de pobreza y exclusión hasta alcanzar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el estado español.
Los PGE inciden brutalmente en el recorte de inversiones sociales, y de manera innecesaria, puesto que no contempla el aumento de ingresos del Estado. Persiguiendo el fraude fiscal con un nivel de eficacia similar a los países del entorno europeo se captarían unos 40.000 millones de euros, más de lo que suponen los recortes planteados en los presupuestos. Con un impuesto a las transacciones financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo, la ayuda a los países mas pobres, en 1.630 M€.
Los PGE no contemplan la mejor alternativa posible a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal de las rentas más altas, principales responsables del mismo. La Alianza sabe cómo hacerlo y se lo explicaremos al ministro muy pronto.
Exigimos, como la mayor alianza española de organizaciones sociales y de desarrollo que se recauden con racionalidad y con justicia distributiva los impuestos. Denunciamos la medida de “amnistía fiscal” que premia a los defraudadores y reiteramos la necesidad de que se obtengan eficazmente recursos fiscales.
Instamos al gobierno español que respete su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio. Cualquier medida para salir de la crisis la prioridad deben ser las personas, y las medidas debe basarse en la solidaridad universal y la dignidad humana.
Para la Alianza Española contra la Pobreza unos presupuestos solidarios y justos tienen que contemplar como mínimo las siguientes propuestas:
- Compromiso de no reducir la AOD a límites inferiores a la AOD ejecutada en 2009 (0.46%) aumentándola en los próximos años de manera proporcional al incremento de la RNB, y manteniendo el horizonte de 2015 como compromiso para alcanzar el 0.7%.
- Igualar el gasto público en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
- El Estado debe dedicar un 30% de PIB a gasto social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
- Mantener el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
Emplazamos un cambio de rumbo: el gobierno tiene que respetar a la ciudadanía a la que representan y garantizar la solidaridad, el bienestar y los derechos sociales de todas las personas. Y advertimos que el gobierno deberá responder por las gravísimas consecuencias que las desproporcionadas medidas de ajuste que ha presentado para “cumplir con el objetivo de déficit” tendrán en millones de personas.
[1] 12.599.861 personas en España, el 26.7% de la población según los datos provisionales de 2011 del INE para el indicador AROPE.
[2] Las personas beneficiarias sólo de los programas ejecutados por las ONGD suman 83 millones. Informe CONGDE.
Pobreza Cero 
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