Archivo mensual: agosto 2012

Derecho humano a la salud #derechoacurar

Vía PROSALUS

En ningún otro derecho como el de la salud se observa la interdependencia entre los derechos tan claramente, puesto que de la salud dependen otros muchos. Por tanto, además de ser un derecho en sí mismo, la salud tiene la característica de ser condición habilitante para el ejercicio de otros derechos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la salud en el artículo 25, párrafo I, cuando afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este derecho, está consagrado de manera extensa en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Sin embargo, la salud no siempre fue considerada un derecho. En el momento de plasmar en tratados obligatorios los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron divididos en dos pactos: por un lado, los derechos civiles y políticos, ligados a las libertades, cuya obligatoriedad era inmediata; y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, ligados a las necesidades, como educación, salud y vivienda, a los que el Estado debe proveer de manera progresiva, en la medida que cuente con los recursos necesarios.

Se podría decir que éstos últimos son considerados derechos caros, porque requieren inversiones estatales para su cumplimiento. Estados Unidos ratificó únicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero no el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por tanto, la salud no es considerada un derecho sino un servicio, al que se accede si se tiene medios para ello.

Los Estados que sí han ratificado el PIDESC deben “adoptar medidas” para que “de forma progresiva” y “en la medida de los recursos disponibles”, puedan implementar los derechos económicos, sociales y culturales. El problema es que la obligación de adoptar medidas es poco laxa y los Estados a veces confunden progresividad con aplazamiento. Por tanto, se hace imprescindible que estos derechos se adopten dentro de un plazo razonablemente breve, tras la entrada en vigor del pacto.

Si atendemos a estas peculiaridades ¿cómo medimos la violación o no de este tipo de derechos? Evidentemente no viene dada por un acto contrario a derecho, sino por omisión, muchas veces condicionada por la existencia de recursos que permitan la satisfacción de esos derechos.

El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura la de toda persona a controlar su salud y su cuerpo. Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, dentro de un Estado pluralista, que impida las discriminaciones de todo tipo.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado?

En primer lugar la obligación de respetar, que implica que los gobiernos deben abstenerse de toda medida que impida a la población satisfacer estos derechos, por ejemplo abstenerse de ciertas prácticas como la emisión de gases tóxicos por parte de empresas estatales, o negarse a la firma de tratados comerciales que encarezcan medicamentos, etc.

La segunda es la obligación de proteger, por la cual los gobiernos deben crear mecanismos judiciales, administrativos o políticos, para garantizar que una persona cuyos derechos han sido violados puede tener defensa. Pero además se deben prevenir posibles violaciones a los derechos no sólo de sus agentes sino de terceras partes, como consorcios, empresas, grupos multinacionales, etc. Por ejemplo, ¿qué medidas adopta el Estado para proteger el derecho humano a la salud cuando firma el Tratado de Protección a la propiedad intelectual que le impuso la OMC? La firma de ese tratado está pensada para proteger a los grandes laboratorios farmacéuticos de los países del Norte y es un requisito indispensable para poder ingresar a la misma.

Y la tercera es la obligación de realizar que plantea cuestiones de gasto público, reglamentación gubernamental de la economía, regulación del mercado (construcción de hospitales y centros de salud, fabricación, provisión y/o compra de medicamentos, provisión de alimentos básicos para evitar muertes por malnutrición, subsidios para viviendas sanas, etc.) provisión de servicios públicos e infraestructuras afines, políticas de subsidios y otras obligaciones positivas.

El nexo entre la salud humana y el ambiente

Como decíamos al inicio “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.” Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras generaciones.

En este sentido, el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la morbimortalidad para enfermedades transmisibles como la hepatitis, el dengue, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la malaria, y no transmisibles como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares.

Los factores ambientales ejercen una contribución significativa sobre los niveles de salud de la población. Una adecuada organización social y de los servicios de salud, bajo una real voluntad política impacta decisiva y positivamente en los niveles de salud.

 

Tomado de la revista Trimestral número 91 de julio de 2011 de PROSALUS.


8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad

(Post por Guillermo Algar, de Médicos del Mundo)

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).

Foto de Médicos del Mundo

Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.

Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas en torno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):

Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).

El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba  por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.

Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).

Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia  estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.

La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado  que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas,  derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado.  La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.

 


La importancia de valorar lo propio en un contexto de crisis #EsPosible

Ya en su época Kant expresó una idea que si entonces tenía sentido, ahora en pleno siglo XXI con mayor razón: “vivimos inevitablemente codo con codo”.

Hasta hace poco tiempo, el mundo estaba organizado bajo parámetros nacionales y políticas estatales. Hoy, este modo de concebir la realidad tanto política, como económica, como social ha cambiado por completo: conceptos como integración, interdepedencia o globalización están a la orden del día.

Este nuevo orden global, al que en definitiva alude la palabra globalización, no sólo apunta a intentos de nuevas pautas de colaboración y entendimiento, sino que la cara de la misma moneda implica también importantes amenazas a las que hay que dar una respuesta de carácter global: la guerra, la pobreza, el deterioro del medio ambiente o la erosión del debilitado Estado de Bienestar en el contexto de crisis económica, son algunas de las que más preocupan en un escenario donde la cooperación al desarrollo tiene mucho que decir y el mundo de las ONG como actores principales de ese escenario también.

La cooperación al desarrollo impulsada por el entramado de organizaciones no gubernamentales se caracteriza por ser un teatro de operaciones difícil, de lucha constante, de establecimiento de metas y búsqueda de medios para alcanzarlas. Si esta tarea nunca ha sido precisamente fácil, en la actualidad con mucha más razón las dificultades se agravan dado el contexto de restricción económica y de recursos que actualmente se sufre tanto en España como a nivel global. El pasado año 2011, España cerraba  sus cuentas representando la Ayuda Oficial al Desarrollo un 0,29% de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy lejos del tan citado 0,7%.

Sin duda, esta situación representa un gran reto para todas las organizaciones que día a día administran recursos limitados para necesidades ilimitadas, que por otro lado, crecen al compás de los efectos causados por esa aldea global en la que vivimos.

Pero es importante que en  un contexto desalentador como el que parece apoderarse de la realidad actual, recordemos hechos no menos importantes que cabe tener por bandera ahora más que nunca.

En los últimos 30 años, el número de ONG y su influencia se ha multiplicado rápidamente a nivel global. La contribución de la labor de las organizaciones no gubernamentales como principal aglutinador de la sociedad civil ha sido simplemente esencial. Como destaca Paul Collier, prestigioso profesor de economía,  sin la labor de las ONG África, por ejemplo, no hubiera nunca llegado a figurar en la agenda del G-8. Por su parte, el importantísimo estudio publicado anualmente por la  London School of Economics “Global Civil Society”   ha destacado en innumerables ocasiones  el papel irreemplazable que las ONG han desempeñado en los últimos años. Sin el activismo y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales principios como los derechos humanos, la lucha contra la pobreza  o el mantenimiento de la paz, no hubieran evolucionado tan rápidamente.

Además, la participación ciudadana es una herramienta de importancia capital para el buen funcionamiento de la democracia y sin lugar a duda las ONGs proporcionan una plataforma de inestimable precio para canalizar este derecho a la participación en los asuntos públicos.

Otro indicativo del creciente peso que las ONG tienen en la actualidad es el creciente número de organizaciones a las que en los últimos años les ha sido reconocido  el Estatuto Consultivo en las Naciones Unidas: desde las 40 a las que se les concedió en 1941 hasta las casi 3000 que en la actualidad están respaldadas por este reconocimiento. Este estatus implica que las organizaciones que lo poseen son consultadas en relación con las políticas y programas que la ONU pone en marcha en una gran variedad de ámbitos y forman parte del proceso de elaboración, ejecución y evaluación de los mismos, con la consiguiente capacidad de influencia a nivel global que esto supone.

Todas estas razones son únicamente algunos de los ejemplos que conviene recordar en tiempos difíciles. Es importante no olvidar cuál ha sido la trayectoria del trabajo realizado. Es importante no decaer en el empeño de seguir influyendo en las agendas políticas. Es importante recordar por qué se ha llegado hasta aquí, qué ha motivado los logros y qué ha inspirado los retos. Es importante ser conscientes de que ahora más que nunca  vivimos codo con codo y las ONG, y cada uno de sus integrantes tienen la responsabilidad de responder hoy por lo que se dirá mañana del trabajo, la buena gestión y las buenas prácticas de estos actores.

Salomé Arnáiz González


Acción, reacción, repercusión #EsPosible

Así, parafraseando al cantante Macaco, empieza este artículo: “Una gota junto a otra hace oleajes, luego mares… océanos”.

Vivimos en un mundo global en el que la ciudadanía no es una dotación a priori del ser humano, sino una conquista histórica, al igual que lo son los derechos asociados a ella. Para construir una corriente de ciudadanos y ciudadanas globales, responsables con la humanidad y el planeta, es preciso que cada persona asuma su parte.

El Colibrí

Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse.

Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario:

– ¿Qué haces colibrí?, le preguntó.

– Voy al lago -respondió el ave- tomó agua con el pico y la echó en el fuego para apagar el incendio.

El jaguar se sonrió.

– ¿Estás loco? – le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo?

– Bueno – respondió el colibrí – yo hago mi parte…

Y tras decir esto, se marchó a por más agua al lago.

Los ciudadanos y ciudadanas tenemos más poder del que imaginamos: poder de voto, de decisión, de consumo, de elección, de acción… En fin, podemos elegir cómo queremos vivir nuestra vida El 15M nos lo ha recordado y no debemos olvidarlo.

Aquí van algunas propuestas de acción personal que podemos hacer individualmente para repercutir en lo global:

  • Participar y comprometernos de forma activa en la vida ciudadana en todos sus niveles (tu calle, tu barrio, tu ciudad) e intentar transformar la realidad.
  • Ser conscientes de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones, y responsabilizarnos de nuestros actos.
  • Interesarnos por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo interactúan en nuestra vida y en la de los demás. ¡Lee, infórmate, contrasta!
  • Respetar, valorar, celebrar la diversidad y tener una mentalidad abierta. Debemos indignarnos frente a la injusticia y la exclusión y luchar por un mundo mejor.
  • Realizar un consumo responsable, analizando mis hábitos de consumo para comprobar si responden a mis necesidades reales o a aquéllas que me he ido creando y no me hacen más feliz.
  • Velar para que mis ahorros sirvan para sostener proyectos solidarios y responsables: banca ética
  • Cuidar el medio ambiente: emplear productos ecológicos, reducir el consumo, reciclar y reutilizar, usar el transporte público, ahorrar agua y energía… 
  • Presionar a las instituciones públicas para que cumplan sus compromisos. 

Sonia Méndez, Alianza Aragonesa Contra la Pobreza