Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo

El Real Decreto- Ley 16/2012 (RDL) propone un cambio de modelo que nos lleva de la universalidad al aseguramiento, rompiendo de esta forma con una trayectoria que desde el establecimiento del Seguro Obligatorio de enfermedad en 1946, y pasando por hitos como la creación de la Seguridad Social en 1978 y la Ley General de Sanidad de 1986 que crea el Sistema Nacional de Sanidad, seguía una lógica de sucesiva ampliación de derechos. El RDL 16/2012 impone una regresión, y no solamente lo hace temporalmente, sino de una forma estructural, para asentar una nueva lógica de contribución y titularidad. Excluye a las personas inmigrantes en situación irregular de la atención normalizada e introduce una serie de medidas, entre ellas el copago, que hacen que la carga financiera se desplace de la comunidad solidaria a la persona enferma, un impuesto sobre la enfermedad.

Esta medida legislativa, no consensuada en el Parlamento ni en la sociedad, vulnera el Derecho la Salud de las personas que quedan excluidas del sistema.

Dado que son las CCAA las que tienen las competencias en materia de asistencia sanitaria, la aplicación a nivel autonómico de este Real Decreto-ley ha obligado a la puesta en marcha, muchas veces de forma rápida e improvisada, de diversas medidas que intentan dar respuesta a los problemas ocasionados por dicho norma estatal. Por lo general, son medidas orientadas básicamente a atender casos relacionados con la salud pública o que pueden adquirir cierta trascendencia mediática por su gravedad.

Estas actuaciones emprendidas por las CCAA son heterogéneas, ocasionando por ello importantes disparidades y desigualdades en salud dentro del territorio del Estado. Puede decirse que lo único que resulta constante y homogéneo en la aplicación autonómica de este Real Decreto-ley es la descoordinación y la desinformación. Las unidades administrativas de los centros de asistencia sanitaria no manejan el mismo tipo de información, incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma o Área Sanitaria. Podemos decir que la descoordinación y desinformación son la norma, independientemente del celo con que los y las profesionales del sistema sanitario desempeñan su trabajo.

Las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria se encuentran en una situación de enorme desamparo, no solo por no recibir asistencia médica cuando la necesitan, sino también porque no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos y de las distintas alternativas que las CCAA ponen en marcha para paliar los efectos más negativos del Real Decreto-ley. Siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitaria a menores y mujeres embarazadas cuando ésta es obligatoria; facturaciones de la asistencia sanitaria en urgencias aunque debe ser gratuita y universal; y numerosos casos de incumplimiento de las normas y procedimientos de los que se han dotado las propias CCAA para minimizar los efectos adversos del cambio legislativo.

No solo las personas inmigrantes sin permiso de residencia, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo. Las personas inmigrantes con y sin permiso de residencia y las personas con nacionalidad española han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias que viven en España hace que los copagos constituyan una barrera infranqueable para el acceso a los medicamentos, impidiendo con ello el acceso a tratamientos que podrían poner fin a sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad.

No puede dejar de señalarse otro efecto colateral de este Real Decreto-ley que es especialmente sangrante: la pérdida de oportunidades de que en el sistema sanitario se detecten casos de violencia de género. La exclusión del sistema sanitario de mujeres inmigrantes sin permiso de residencia impide que se beneficien de la situación privilegiada para la detección de maltrato que se da dentro de los centros sanitarios.

La efectividad de estos cambios del modelo sanitario habrá de ser evaluada cuidadosamente, pero por el momento puede decirse que la asistencia en urgencias es más costosa que garantizar una amplia cobertura de atención primaria y que reforzar las medidas de prevención y detección temprana.

Médicos del Mundo denuncia por todo ello que el Real Decreto-ley está teniendo unas consecuencias nefastas no sólo para la salud de toda la población que reside en España, sino también para la sostenibilidad del SNS y de los distintos Sistemas Regionales de Salud, y contribuye a acrecentar las desigualdades en salud en el territorio del Estado.

Por ello, Médicos del Mundo recomienda al Gobierno español que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de Universalidad de la asistencia sanitaria.

Por su parte, las CCA, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del SNS, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud:

  • poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria;
  • garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas;
  • garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud;
  • divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.

Médicos del Mundo también se dirige al personal sociosanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, animándoles a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012. Al conjunto de la ciudadanía le animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-ley 16/2012 impulsadas por gran número de organizaciones sociales.

Las medidas que han tenido que adoptar las CCAA para ejecutar el Real Decreto-ley son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios. Desde Médicos del Mundo consideramos que estas medidas no son más que “parches” que intentan solucionar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado el Real Decreto-ley. La única solución eficiente y razonable sería la derogación de este injusto Real Decreto-ley y la restauración de un sistema de asistencia universal, pública y gratuita para todas las personas residentes en España.

Acerca de pobrezacero

Pobreza Cero es un movimiento estatal, organizada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. Pretende implicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza de una forma urgente, definitiva y eficaz. Ver todas las entradas de pobrezacero

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