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ÉBOLA: Demasiada muerte para tan poca acción #SomosCooperantes

La actual epidemia de ébola está suponiendo un reto a todos los niveles. La sociedad civil de los países afectados, los ministerios de salud y las ONG estamos trabajando juntos para tratar de ponerle freno. Y no está siendo nada fácil.

Los sistemas de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona son muy débiles y con sus precarios medios y recursos apenas llegaban ya a cubrir las necesidades más básicas de la población. Ahora están completamente colapsados. El número de centros y profesionales sanitarios es insuficiente, sus equipamientos y servicios de transporte son casi testimoniales. Estamos hablando de centros que muchas veces no tienen ni agua ni luz, de una ratio dos médicos por cada 100.000 habitantes, de hacer frente a una epidemia sin precedentes en la historia. Muchas personas de los lugares afectados están siendo todo un ejemplo de valor y principios, de humanidad y solidaridad. Pero solos no pueden.

equipo MDM

(C) Médicos del Mundo

Para poder parar la epidemia hacen falta materiales, fondos, personal cualificado y sobre todo un verdadero compromiso de la comunidad internacional ante el enorme problema de salud pública al que estamos haciendo frente. Y no se puede esperar más.

No sólo hemos sufrido recortes drásticos en los fondos de Cooperación al Desarrollo, que son los que contribuyen a mejorar a largo plazo las condiciones de vida de las poblaciones en los países empobrecidos, si no que parece que estas personas tampoco son prioritarias ni en situaciones de vulnerabilidad extrema. Una emergencia, además, que nos concierne a todos y todas porque es un problema de salud pública de talla mundial. Blindar nuestras fronteras y proteger nuestra sociedad de bienestar no es la solución. Es necesario poner los medios necesarios aquí y ahora.

Pino González

Coordinadora del proyecto de emergencia de Médicos del Mundo en Sierra Leona

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Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo

El Real Decreto- Ley 16/2012 (RDL) propone un cambio de modelo que nos lleva de la universalidad al aseguramiento, rompiendo de esta forma con una trayectoria que desde el establecimiento del Seguro Obligatorio de enfermedad en 1946, y pasando por hitos como la creación de la Seguridad Social en 1978 y la Ley General de Sanidad de 1986 que crea el Sistema Nacional de Sanidad, seguía una lógica de sucesiva ampliación de derechos. El RDL 16/2012 impone una regresión, y no solamente lo hace temporalmente, sino de una forma estructural, para asentar una nueva lógica de contribución y titularidad. Excluye a las personas inmigrantes en situación irregular de la atención normalizada e introduce una serie de medidas, entre ellas el copago, que hacen que la carga financiera se desplace de la comunidad solidaria a la persona enferma, un impuesto sobre la enfermedad.

Esta medida legislativa, no consensuada en el Parlamento ni en la sociedad, vulnera el Derecho la Salud de las personas que quedan excluidas del sistema.

Dado que son las CCAA las que tienen las competencias en materia de asistencia sanitaria, la aplicación a nivel autonómico de este Real Decreto-ley ha obligado a la puesta en marcha, muchas veces de forma rápida e improvisada, de diversas medidas que intentan dar respuesta a los problemas ocasionados por dicho norma estatal. Por lo general, son medidas orientadas básicamente a atender casos relacionados con la salud pública o que pueden adquirir cierta trascendencia mediática por su gravedad.

Estas actuaciones emprendidas por las CCAA son heterogéneas, ocasionando por ello importantes disparidades y desigualdades en salud dentro del territorio del Estado. Puede decirse que lo único que resulta constante y homogéneo en la aplicación autonómica de este Real Decreto-ley es la descoordinación y la desinformación. Las unidades administrativas de los centros de asistencia sanitaria no manejan el mismo tipo de información, incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma o Área Sanitaria. Podemos decir que la descoordinación y desinformación son la norma, independientemente del celo con que los y las profesionales del sistema sanitario desempeñan su trabajo.

Las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria se encuentran en una situación de enorme desamparo, no solo por no recibir asistencia médica cuando la necesitan, sino también porque no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos y de las distintas alternativas que las CCAA ponen en marcha para paliar los efectos más negativos del Real Decreto-ley. Siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitaria a menores y mujeres embarazadas cuando ésta es obligatoria; facturaciones de la asistencia sanitaria en urgencias aunque debe ser gratuita y universal; y numerosos casos de incumplimiento de las normas y procedimientos de los que se han dotado las propias CCAA para minimizar los efectos adversos del cambio legislativo.

No solo las personas inmigrantes sin permiso de residencia, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo. Las personas inmigrantes con y sin permiso de residencia y las personas con nacionalidad española han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias que viven en España hace que los copagos constituyan una barrera infranqueable para el acceso a los medicamentos, impidiendo con ello el acceso a tratamientos que podrían poner fin a sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad.

No puede dejar de señalarse otro efecto colateral de este Real Decreto-ley que es especialmente sangrante: la pérdida de oportunidades de que en el sistema sanitario se detecten casos de violencia de género. La exclusión del sistema sanitario de mujeres inmigrantes sin permiso de residencia impide que se beneficien de la situación privilegiada para la detección de maltrato que se da dentro de los centros sanitarios.

La efectividad de estos cambios del modelo sanitario habrá de ser evaluada cuidadosamente, pero por el momento puede decirse que la asistencia en urgencias es más costosa que garantizar una amplia cobertura de atención primaria y que reforzar las medidas de prevención y detección temprana.

Médicos del Mundo denuncia por todo ello que el Real Decreto-ley está teniendo unas consecuencias nefastas no sólo para la salud de toda la población que reside en España, sino también para la sostenibilidad del SNS y de los distintos Sistemas Regionales de Salud, y contribuye a acrecentar las desigualdades en salud en el territorio del Estado.

Por ello, Médicos del Mundo recomienda al Gobierno español que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de Universalidad de la asistencia sanitaria.

Por su parte, las CCA, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del SNS, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud:

  • poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria;
  • garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas;
  • garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud;
  • divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.

Médicos del Mundo también se dirige al personal sociosanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, animándoles a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012. Al conjunto de la ciudadanía le animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-ley 16/2012 impulsadas por gran número de organizaciones sociales.

Las medidas que han tenido que adoptar las CCAA para ejecutar el Real Decreto-ley son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios. Desde Médicos del Mundo consideramos que estas medidas no son más que “parches” que intentan solucionar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado el Real Decreto-ley. La única solución eficiente y razonable sería la derogación de este injusto Real Decreto-ley y la restauración de un sistema de asistencia universal, pública y gratuita para todas las personas residentes en España.


8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad

(Post por Guillermo Algar, de Médicos del Mundo)

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).

Foto de Médicos del Mundo

Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.

Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas en torno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):

Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).

El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba  por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.

Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).

Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia  estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.

La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado  que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas,  derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado.  La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.

 


#DerechoaSoñar: El mundo que queremos

En estas fechas en las que tendemos a soñar con más ganas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España ha animado a empezar con la “ilusión” de ser agentes de cambio en un año que “va a ser complicado” por la coyuntura económica y muestra su convicción de que “el cambio es necesario y es posible” porque “todas y todos contribuimos a construir una mejor sociedad”.

Durante la producción del “Derecho a Soñar”, la Coordinadora ha afirmado que “no todo se consigue con dinero”, y que “hay muchos sueños que están ahí y que se pueden cumplir”.

“El Derecho a Soñar” es un conjunto de vídeos de la sociedad civil que recoge una parte de esos sueños y propuestas de cambio y cuyo resultado muestra el optimismo, la ilusión, el compromiso y la exigencia del mundo que queremos y por el que apostamos.

La campaña Pobreza Cero nos invita a soñar con un mundo posible: el mundo que queremos. Esta iniciativa parte del proverbio africano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, y se enmarca en una iniciativa global que coincide con el lanzamiento del informe del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP[1] por sus siglas en inglés) sobre “El Mundo que Queremos”.

“Los sueños son más necesarios”

En un momento en el que parece que la sociedad civil no tiene nada que decir, y en el que el individualismo parece haberse apoderado de todo, el “derecho a soñar” intenta demostrar que estamos interconectados como ciudadanía y que, a través de nuestras acciones cotidianas y nuestras reivindicaciones políticas podemos contribuir a cambiar el rumbo de las cosas.

Tal y como Francisco Segarra, psicólogo clínico y coordinador general de la Clínica del Sueño Estivil, ha afirmado “todos soñamos, pero la mayoría de las veces lo hacemos dormidos, sin embargo, en estas fechas soñamos despiertos”, ha señalado, a la vez que insiste en que “es el momento de soñar con lo que cada uno quiere y desearlo con todas las fuerzas”.


[1] The Global Call to Action Against Poverty began as a movement to bring civil society together, across specific areas of thematic, geographic, or constituency focus, to unite diverse actions against poverty and inequality.


La salud en crisis

7 de abril, Día Mundial de la Salud

La tendencia en la ayuda oficial al desarrollo en salud avanza un panorama crítico

Mientras que las previsiones de recorte de los fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo nos hablan de un ‘tijeretazo’ de 1.031 millones en 2010 y 2011, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para las recapitalizaciones  de las cajas de ahorro y bancos cuenta con 11.559 millones de euros, es decir, nada más y nada menos once veces el recorte previsto en cooperación.

De ese descenso, la cooperación en salud asume casi 270 millones. O lo que es lo mismo, frente a un reducción del 20% de la AOD total, el sector salud carga con un recorte del 54%. Y esto ocurre al mismo tiempo que otros sectores  ven aumentada su asignación como es el caso de los servicios bancarios y financieros y los incluidos en el apartado ’otros multisectorial’, auténtico cajón de sastre donde se contabiliza parte de los créditos que España otorga a países empobrecidos.

En la celebración del Día Mundial de la Salud queremos llamar la atención sobre una tendencia tan preocupante ya que no sólo se están reduciendo las cantidades absolutas de ayuda, si no que en términos porcentuales la salud pierde peso a pesar de que a día de hoy unos 1.000 millones de personas no acceden a ningún tipo de atención sanitaria. Menos dinero para salud supone menos vacunas, menos salarios para profesionales médicos, menos mosquiteras o menos centros de salud; en definitiva la factura de la crisis la pagan los que menos tienen.

En la red europea de ONG Acción por la Salud Global (ApSG), de la que forman parte Farmamundi, la Federación de Planificación Familiar Estatal y Médicos del Mundo en España, hemos elaborado un último informe. Bajo el nombre de Eficacia de la Ayuda en Salud: Trabajando para que la Cooperación en Salud Funcione Mejor, revisamos la evolución de los niveles de cooperación al desarrollo en salud y hacemos una previsión de la inversión en 2011.

Y es que costear un paquete básico de atención sanitaria para quienes no acceden a ella y descontando lo que pueden dedicar los países empobrecidos, supondría tan sólo el 0,1% de la riqueza de los países OCDE. Sin embargo, ninguno de los países incluidos en este estudio va a dedicar esa cantidad. Reino Unido, el que más destina, llega a penas al 0,076%; Italia, el peor clasificado tras años de reducciones, se queda en 0,017%.

Foto de Médicos del Mundo (www.medicosdelmundo.org/)

En el caso de España, nuestro país dedicó en 2009 el 0,053% del PIB a cooperación sanitaria, porcentaje que se reducirá considerablemente en 2010 y 2011. Resulta cuando menos sorprendente el cambio de prioridades de la cooperación exterior española. Un cambio de prioridades contradictorio con los acuerdos políticos ya alcanzados por todos los grupos parlamentarios con el Pacto de Estado contra la Pobreza, que pide la concentración de la Ayuda en servicios básicos, o las recientes resoluciones al Plan Anual de Cooperación 2011, acordadas por todos los grupos tanto en Congreso como en Senado, y que pedían al Gobierno que se comprometiese a dedicar el 15% de AOD a salud de la misma manera que se compromete a alcanzar el  0,7%.

Javier Ramírez es responsable de Incidencia Política en Salud Global de Acción por la Salud Global