Archivo de la categoría: PROSALUS

¿Es inocua nuestra alimentación?

La Organización Mundial de la Salud ha elegido como tema del Día Mundial de la Salud 2015 la inocuidad de los alimentos. En la presentación del DMS se explica que los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades diferentes y son responsables de unos 2 millones de muertes cada año.

La inocuidad de los alimentos así entendida, en su sentido estricto, es un tema muy relevante de salud pública. Todavía tenemos en la memoria algunas crisis impactantes, como la del aceite de colza deCartel OMS_alimentos inocuossnaturalizado, la de las vacas locas o la de los pepinos en Alemania hace poco más de tres años. En cada caso se produjeron muertes y mucho sufrimiento asociado a esas situaciones de falta de inocuidad de los alimentos.

La OMS apunta a la “cada vez más evidente necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países”, por lo que el Día Mundial de la Salud 2015 se orienta a “fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato”. Pero, ¿qué ocurre después del plato? ¿Es suficiente con garantizar que los alimentos que llegan al plato no contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas?

Sería conveniente tener una visión más amplia de la inocuidad de los alimentos. Si seguimos la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, es inocua aquella alimentación que no hace daño. Y si miramos los daños que está produciendo nuestro sistema alimentario, difícilmente podríamos hablar de inocuidad. La obesidad está adquiriendo unas dimensiones desproporcionadas, hasta el punto de ser catalogada como uno de los grandes problemas actuales de salud pública, una pandemia con un coste asociado de más de dos billones de dólares al año, que se va incrementando año a año.

No es casual que en los últimos cuatro años The Lancet haya publicado dos series dedicadas a la obesidad, una en agosto de 2011 y otra a comienzos de 2015. Los expertos la consideran el mayor factor causal de carga de enfermedades prevenibles en muchas regiones, incluso por delante del tabaco. Los datos que aportan apuntan a unos 1.500 millones de personas con sobrepeso y más de 500 millones con obesidad. Su repercusión en la salud es muy alta, ya que está relacionada con el 80% de los casos de diabetes, con el riego de padecer hipertensión, colesterol alto, diversos tipos de cáncer, etc.

Es más fácil ganar peso que perderlo

El análisis del conjunto de factores determinantes de la obesidad es muy complejo, pero las investigaciones señalan que la creciente disponibilidad de alimentos altamente calóricos más baratos junto a las potentes fuerzas económicas que impulsan su consumo –con un marketing más generalizado y persuasivo– conducen inevitablemente hacia el sobre-consumo y la obesidad.

Las campañas de publicidad –incluso dirigidas a público infantil– relacionadas con productos que pueden ser nutricionalmente dañinos parecen no tener límites; los requerimientos a dichos productos desde un punto de vista de salud y nutrición se nos antojan muy laxos. Los poderes públicos responsables deberían analizar el coste humano, de salud e incluso económico que tiene el hecho de no regular adecuadamente la utilización de ingredientes no saludables en la producción de alimentos. No solo deberían pensar cómo estimular a los consumidores hacia dietas más saludables sino también cómo pueden incentivar a la industria alimentaria para que produzca alimentos más saludables (o como desincentivarla para que no produzca tantos alimentos no saludables).

Hace ya varios años, el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, señalaba que nuestros sistemas alimentarios son “obesogénicos”, generadores de obesidad y que, al ritmo que vamos, en 2030 se producirían 5 millones de muertes de personas menores de 60 años como consecuencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con el consumo de una dieta no saludable, es decir, más del doble de las muertes que se producen por el consumo de alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas.

En este Día Mundial de la Salud 2015 convendría que tuviéramos una mirada más amplia, más inteligente, más crítica sobre la inocuidad de los alimentos y que, a partir de ella, se generaran las respuestas políticas adecuadas. La falta de acción de los poderes públicos en este sentido se podría considerar un incumplimiento de sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos a la salud y a la alimentación.

José Mª Medina Rey, director de PROSALUS

Anuncios

¿Qué es sostenible? – @Prosalus

En el proceso de definición de la Agenda Post-2015 ‒que deberá orientar los esfuerzos de la cooperación al desarrollo después de la finalización del período de cumplimiento de los ODM‒ ha tenido mucho más peso que en el pasado la dimensión de la sostenibilidad, un término que de forma rápida e intuitiva solemos relacionar con medioambiente. El proceso surgido de la Cumbre de Río+20 que ha desembocado en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible así lo confirma.

Pero la realidad nos demuestra que el concepto de sostenibilidad es mucho más complejo y requiere una mirada mucho más profunda que alcance no solo a los aspectos medioambientales ‒que son fundamentales‒ sino también aspectos económicos y sociales. Un ejemplo concreto nos puede ayudar a descubrir estas relaciones, el ejemplo de los sistemas agroalimentarios.

¿Es sostenible la forma en que se producen, distribuyen y consumen los alimentos? 

Si abordamos la respuesta desde un punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, descubrimos que en las últimas décadas una parte significativa del incremento de producción agrícola y ganadera se ha conseguido a través de prácticas que tienen un muy negativo impacto medioambiental: contaminación de suelos y aguas, incremento de las emisiones de CO2 asociadas a los trabajos agropecuarios, pérdida de biodiversidad, deforestación, etc. Además, la realidad de tantos alimentos que deben viajar miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, agrava este mal balance ambiental. Otras formas de explotación agropecuaria más amigables con la conservación de los recursos naturales ‒agricultura familiar y campesina con enfoque agroecológico, apoyo al comercio local de alimentos, consumo de productos de temporada y de proximidad‒ ha tenido mucho menos apoyo.

Pero también podemos abordar esta cuestión desde un punto de vista económico. Esta forma de producir va socavando las propias posibilidades de seguir produciendo, por lo que, a largo plazo, es también económicamente insostenible. Y la forma de articular el consumo de alimentos en estos sistemas alimentarios globalizados lleva a la enorme paradoja de que una tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano se pierden; en el caso de las economías desarrolladas, la mayor parte de esas pérdidas hay que etiquetarlas de desperdicio, de despilfarro alimentario. Ese desperdicio, además de tener un terrible impacto medioambiental, tiene también un importante costo económico ‒¡aproximadamente 2 billones de euros al año!‒ y contribuye a la subida de precios de los alimentos a nivel global. La forma de comerciar con alimentos ha estado condicionada en lo que llevamos de siglo por una especulación financiera que, cada vez más despegada de la economía real y cada vez más ávida de conseguir beneficios rápidos y fáciles, ha reproducido en el ámbito alimentario los mismos desastres que produjo antes en el ámbito de las nuevas tecnologías o en el ámbito inmobiliario. Este sistema económico, subyugado por el mundo financiero, no parece que sea muy sostenible.

Y todos estos aspectos inciden en la insostenibilidad social de los sistemas alimentarios. Aunque las cifras de hambrientos se han ido reduciendo en los últimos años, todavía hay más de 800 millones de personas que viven en situación de hambre. Si a eso le sumamos que unos 2.000 millones de personas padecen hambre oculta ‒carencia de minerales y vitaminas fundamentales en su dieta‒ y otros 1.400 millones sufren sobrepeso y obesidad, nos encontramos con media humanidad malnutrida. Esto es social y humanamente insostenible.

Podríamos seguir escribiendo muchas páginas sobre las estrechas relaciones entre la insostenibilidad medioambiental, económica y social, pero no es lo adecuado para este blog. Hoy solo tocaba llamar la atención sobre la necesidad de mirar con profundidad y con diversos puntos de vista a la sostenibilidad, y descubrir esos vínculos que empobrecen al planeta y a la mayor parte de sus habitantes, mientras se enriquecen solo unos cuantos. Esto es insostenible.

 

José Mª Medina Rey, PROSALUS


Derecho humano a la salud #derechoacurar

Vía PROSALUS

En ningún otro derecho como el de la salud se observa la interdependencia entre los derechos tan claramente, puesto que de la salud dependen otros muchos. Por tanto, además de ser un derecho en sí mismo, la salud tiene la característica de ser condición habilitante para el ejercicio de otros derechos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la salud en el artículo 25, párrafo I, cuando afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este derecho, está consagrado de manera extensa en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Sin embargo, la salud no siempre fue considerada un derecho. En el momento de plasmar en tratados obligatorios los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron divididos en dos pactos: por un lado, los derechos civiles y políticos, ligados a las libertades, cuya obligatoriedad era inmediata; y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, ligados a las necesidades, como educación, salud y vivienda, a los que el Estado debe proveer de manera progresiva, en la medida que cuente con los recursos necesarios.

Se podría decir que éstos últimos son considerados derechos caros, porque requieren inversiones estatales para su cumplimiento. Estados Unidos ratificó únicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero no el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por tanto, la salud no es considerada un derecho sino un servicio, al que se accede si se tiene medios para ello.

Los Estados que sí han ratificado el PIDESC deben “adoptar medidas” para que “de forma progresiva” y “en la medida de los recursos disponibles”, puedan implementar los derechos económicos, sociales y culturales. El problema es que la obligación de adoptar medidas es poco laxa y los Estados a veces confunden progresividad con aplazamiento. Por tanto, se hace imprescindible que estos derechos se adopten dentro de un plazo razonablemente breve, tras la entrada en vigor del pacto.

Si atendemos a estas peculiaridades ¿cómo medimos la violación o no de este tipo de derechos? Evidentemente no viene dada por un acto contrario a derecho, sino por omisión, muchas veces condicionada por la existencia de recursos que permitan la satisfacción de esos derechos.

El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura la de toda persona a controlar su salud y su cuerpo. Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, dentro de un Estado pluralista, que impida las discriminaciones de todo tipo.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado?

En primer lugar la obligación de respetar, que implica que los gobiernos deben abstenerse de toda medida que impida a la población satisfacer estos derechos, por ejemplo abstenerse de ciertas prácticas como la emisión de gases tóxicos por parte de empresas estatales, o negarse a la firma de tratados comerciales que encarezcan medicamentos, etc.

La segunda es la obligación de proteger, por la cual los gobiernos deben crear mecanismos judiciales, administrativos o políticos, para garantizar que una persona cuyos derechos han sido violados puede tener defensa. Pero además se deben prevenir posibles violaciones a los derechos no sólo de sus agentes sino de terceras partes, como consorcios, empresas, grupos multinacionales, etc. Por ejemplo, ¿qué medidas adopta el Estado para proteger el derecho humano a la salud cuando firma el Tratado de Protección a la propiedad intelectual que le impuso la OMC? La firma de ese tratado está pensada para proteger a los grandes laboratorios farmacéuticos de los países del Norte y es un requisito indispensable para poder ingresar a la misma.

Y la tercera es la obligación de realizar que plantea cuestiones de gasto público, reglamentación gubernamental de la economía, regulación del mercado (construcción de hospitales y centros de salud, fabricación, provisión y/o compra de medicamentos, provisión de alimentos básicos para evitar muertes por malnutrición, subsidios para viviendas sanas, etc.) provisión de servicios públicos e infraestructuras afines, políticas de subsidios y otras obligaciones positivas.

El nexo entre la salud humana y el ambiente

Como decíamos al inicio “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.” Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras generaciones.

En este sentido, el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la morbimortalidad para enfermedades transmisibles como la hepatitis, el dengue, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la malaria, y no transmisibles como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares.

Los factores ambientales ejercen una contribución significativa sobre los niveles de salud de la población. Una adecuada organización social y de los servicios de salud, bajo una real voluntad política impacta decisiva y positivamente en los niveles de salud.

 

Tomado de la revista Trimestral número 91 de julio de 2011 de PROSALUS.