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El uso de los recursos naturales tiene que respetar los derechos humanos y el medio ambiente

En estas fechas se cumplen dos años del lanzamiento de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Su demoledor mensaje, inspirado en S. Francisco de Asis,  advierte sobre “hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (LS10) con todas sus implicaciones políticas y estructurales.

Desde esa inspiración tal día como hoy hace un año lanzábamos la campaña “Si cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” desde la iniciativa Enlázate por la Justicia que REDES comparte con Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas.

Es por esto que en el día de mundial del medio ambiente, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES en nuestro empeño por trabajar en favor de las personas más pobres, vulnerables y excluidas del planeta, queremos poner en el centro de las políticas públicas la relación ineludible entre pobreza y no acceso a Derechos Humanos, desarrollo y medio ambiente.

Crisis socio-ambiental e industrias extractivas: responsabilidad española.

En esta línea de trabajo compartida con Enlázate por la Justicia y, ya anteriormente dentro de la campaña “Africa cuestión de vida, cuestión debida”, REDES ha venido participando junto con otras entidades del tercer sector en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que culminó en julio de 2014 sin aprobación final.

La resolución 17/4 de Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de empresas y Derechos Humanos recomienda a los estados miembros garantizar que sus empresas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos y reparen los daños causados por la contravención de estos Derechos.

En este momento, la aprobación de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se encuentra a la espera del correspondiente debate parlamentario dentro de una Proposición No de Ley junto con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Exigimos el debate y posterior aprobación de un texto que en su actual redacción no incorpora muchas de las observaciones ya indicadas por el sector en la legislatura anterior.

Minerales en zona de conflicto: un paso necesario para “la Europa de los valores”.

Abriendo el foco hacia el contexto europeo, REDES ha venido participando en el grupo español de la coalición de ONG ante la UE que ha seguido la publicación de la directiva europea en relación con los tristemente famosos #conflictminerals: un nuevo ejemplo de crisis socio-ambiental que vincula el modelo global de producción y consumo y sus consecuencias sobre las personas y el planeta.

La nueva ley europea establece obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro de los “minerales de conflicto” (tántalo, estaño, wolframio y oro, 3T+G por sus siglas en inglés) originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo. Las entidades que hemos acompañado el proceso, hemos presentado recientemente observaciones a la redacción aprobada del reglamento. Su progresiva aplicación requiere un seguimiento por parte de la sociedad civil y la implicación del Gobierno español que ha refrendado la Guía de la OCDE en la que se basa la normativa europea.

La derogación por el gobierno Trump de parte de la ley Dodd-Frank, homóloga de la norma europea en Estados Unidos, convierte en crucial el papel de la Unión Europea y de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que España aspira a renovar su presencia. La ley establecía que las empresas de Estados Unidos que empleasen minerales procedentes de países en conflicto deberán tomar medidas para garantizar que no tienen fuentes de abastecimiento involucradas en actividades armadas, ni de violencia sexual y de género, ni explotación infantil. Lamentablemente, tras 7 años de aplicación y significativos avances en la transparencia de las grandes corporaciones, Europa se queda sola en este tipo de iniciativa.

Sobre el terreno: población local y entidades de cooperación.

En este contexto, las normativas que se logren aprobar deben ir acompañadas de procesos de diálogo empresa – autoridades – sociedad civil que conduzcan hacia planes de explotación y recuperación integrales y concertados. Esto es, integrales en cuanto que contemplen medidas sociales y ambientales que garanticen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y cubran el proceso completo durante y tras la explotación. Y por otro lado concertados con la población local, lo que requerirá la participación de entidades mediadoras que garanticen el respeto a los deseos y derechos de la población por encima de los intereses de las autoridades y la empresa.

En este sentido puede ser significativo el papel de las entidades de cooperación de cara a garantizar procesos de empoderamiento y desarrollo de capacidades para la gobernanza de la población local; el aporte de observadores técnicos independientes; y, por último la labor de mediación que favorezca el entendimiento de las partes. El logro de procesos exitosos ganar-ganar que permitan visibilizar buenas prácticas puede ser un catalizador que facilite el desarrollo de normativas pertinentes y su aplicación.

Recuperando las fuentes de inspiración.

Ante “situaciones (que) provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo”.Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables” (LS53), “hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables” (LS173).

A pesar de que siempre habrá quien ponga palos en las ruedas a los procesos globales de este necesario cambio de paradigma, queremos quedarnos con estas palabras del Papa Francisco  llamando la “unidad para hacernos cargo de la casa que se nos confió” y animándonos a “que nuestras luchas y preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS244).

Jaime Palacio Forcat, REDES – Red de Entidades para el Desarrollo Solidario


El «Nuevo Consenso sobre Desarrollo» de la UE sitúa el control de la migración en el centro del debate

Exención de responsabilidad: Todas las opiniones de esta columna reflejan el punto de vista del autor y en ningún caso las de EURACTIV.com PLC

Traducción a cargo de Celia Rico Pérez

Autor Johannes Trimmel | CONCORD

viernes, 28 de abril de 2017 5:13:43

El «Nuevo Consenso sobre Desarrollo» de la UE tiene como objetivo trazar un plan de acción que dé respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en 2030. Sin embargo, parece que el borrador de la propuesta da la prioridad al control de la migración y a las operaciones militares, según indica Johannes Trimmel.

Johannes Trimmel es el presidente de CONCORD, la Confederación Europea de ONG para la Ayuda y el Desarrollo.

He visto la pobreza. En un centro de salud en Etiopía, vi a un chico de 16 años, ciego a causa de una enfermedad que podría haberse tratado fácilmente con unas gotas, si hubieran estado disponibles a tiempo.

En un pueblo en India, conocí a un grupo de mujeres que trabajaban sin descanso para poder dar de comer a sus hijos desde el más absoluto abandono. Ni siquiera estaban autorizadas a dejar el pueblo. En Papúa Nueva Guinea, estuve con niños y jóvenes discapacitados que, por falta de educación y formación profesional, son personas dependientes.

También he visto cómo funciona la ayuda al desarrollo. Ayuda que contribuye a construir sistemas de salud resilientes en las comunidades locales. Ayuda que permite que las mujeres se organicen, que luchen por sus derechos y que salgan de la pobreza y la exclusión. Ayuda que lleva a todos los niños a las escuelas, sin dejar a nadie atrás. La ayuda al desarrollo funciona cuando sirve a su objetivo primario, establecido (de nuevo) en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea:

«El objetivo primario de la política de cooperación al desarrollo será la reducción de la pobreza y su erradicación a largo plazo».

En la práctica, y de manera progresiva, la ayuda oficial al desarrollo se considera un fondo de dinero que puede usarse para otros objetivos primarios y para el apoyo de las prioridades políticas de cada país. Ayudar a los refugiados que llegan a Europa es justo y necesario. Sin embargo, cuando el país donante es al mismo tiempo el principal receptor de la ayuda al desarrollo, ¿podemos decir que esta ayuda es real?

La seguridad de las personas es esencial para su bienestar. Sin embargo, cuando la ayuda se destina al mantenimiento de relaciones con los actores bélicos, ¿podemos decir que esta ayuda es real?

Reforzar el sector privado en cada país con el fin de crear oportunidades de empleo es algo bueno. Sin embargo, cuando se justifica el uso de la ayuda al desarrollo para apuntalar la privatización del sector educativo y la salud, ¿podemos decir que esta ayuda es real?

Por tanto, cuando desciende la ayuda al desarrollo que se destinó en 2016 a los países menos desarrollados, ¿de verdad estamos cumpliendo nuestras promesas de no dejar a nadie atrás?

En estos momentos Europa está dando los últimos retoques al Consenso sobre Desarrollo, un marco global que debería guiar la Política sobre Desarrollo de la UE hasta 2030. La iniciativa parte de Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, y Neven Mimica, miembro de la Comisión, como una herramienta para llevar a la práctica la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, adoptado por los Estados miembros de la ONU en 2015.

La Agenda exige una transformación que dé prioridad a las personas y al planeta con el fin de no dejar a nadie atrás. El Consenso sobre Desarrollo podría dar una señal inequívoca de que Europa se toma en serio la pobreza, la exclusión y la desigualdad de manera global.

Sin embargo, el borrador dibuja un escenario que refleja más bien lo que considero una serie de tendencias alarmantes. El control de la migración en Europa se sitúa en el centro de las políticas de cooperación al desarrollo. Las operaciones militares y de seguridad se muestran como opciones legítimas en la cooperación al desarrollo. La lectura del texto deja la clara impresión de que la ayuda al desarrollo sirve ante todo a Europa y que se desaprovecha la oportunidad de provocar la transformación que necesitamos.

La ayuda al desarrollo tiene que cumplir el papel que se le asigna en la Agenda 2030 y hacer realidad la promoción de un cambio sostenible a largo plazo, centrado en las comunidades y los países más pobres. La transformación, necesaria en un entorno que cambia de manera rápida, es un desafío enorme al que no se hará frente desde la disolución de la ayuda al desarrollo en otras prioridades políticas. La manera de acabar con la pobreza global no está definitivamente en los intereses cortoplacistas ni en los negocios tal como se conciben tradicionalmente. El  Consenso sobre Desarrollo no debería fallar a la hora de dar la respuesta correcta: la solidaridad es lo primero.

 


Por la salud y autonomía de las mujeres

Día 28 de mayo. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Por la salud y autonomía de las mujeres.

La historia del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres surge en el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en 1987, hace 30 años en San José de Costa Rica, donde el grupo de organizaciones participantes, muchas de ellas feministas, y a partir de intercambiar realidades y datos sobre mortalidad materna, embarazo en adolescentes, acceso a métodos anticonceptivos, se visibiliza la necesidad urgente de organizarse a nivel regional para incidir en los gobiernos para que el derecho a las salud integral para las mujeres sea priorizado y se evidencien las deficiencias de acceso, así como las barreras sociales, culturales y normativas. Fue ese día que surge la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que, de manera posterior, a nivel internacional promueve y logra el reconocimiento del Día 28 de Mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Hace 30 años, el llamado a la acción de las mujeres fue por los altos índices de mortalidad materna, donde la Organización Mundial de la Salud había calculado que al menos 500 mil mujeres morían al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Actualmente todavía en muchos países, donde como organizaciones de cooperación al desarrollo o acción humanitaria estamos presentes, los índices de mortalidad materna son altísimos, como es el caso de la gran mayoría de países africanos; Chad, Mauritania, Senegal, Mozambique, etc. A nivel mundial, después de 30 años, las cifras han disminuido, hoy mueren alrededor de 300.000 mujeres, un 99% lo hacen en países en desarrollo y son las jóvenes y adolescentes las que corren mayor riesgo de muerte a causa de un embarazo. Entre 1990 y 2015 la mortalidad materna se ha reducido en un 44%, pero las cifras siguen siendo inaceptablemente altas y reproducen el sistema desigual. Los países con mayores índices de pobreza, con estados frágiles y con leyes restrictivas, son los que contemplan las tasas más altas de mortalidad de las mujeres por causas evitables. Estas situaciones se dan principalmente debido a la ausencia de políticas integrales en salud sexual y reproductiva que dificultan el acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y la autonomía de las mujeres.

Destacar que 16 millones de mujeres de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos y las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a19 años en todo el mundo. (OMS)

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos, a pesar de ello hoy todavía es un derecho no garantizado para millones de mujeres en el mundo y no solo en los países denominados en desarrollo, sino que también al interior de nuestras fronteras hay vulneración de derechos; como es el caso de mujeres en centros de internamiento para extranjeros, mujeres en situación irregular o mujeres en movimiento principalmente.

En el marco de la Agenda de los ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible), una de las metas del ODS 3, es reducir el índice de mortalidad materna a nivel mundial a 70 por 100.000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media mundial. (Para que os hagáis una idea; Chad 1100, Haití 350). Para lograr esta meta global es imprescindible tener un abordaje integral y sobre todo con una perspectiva de género y de derechos clara. No se puede abordar esta problemática sin ir a las causas que están permitiendo o perpetúan situaciones de desigualdad tan visibles y que principalmente afectan a las mujeres con menos recursos, de zonas rurales y jóvenes.

El acceso a servicios para un parto seguro y evitar la mortalidad, es la causa más visible que se articula con otras muchas situaciones relacionadas al abordaje que los sistemas de salud hacen a la salud de las mujeres. Un abordaje que prioriza la atención de las mujeres en su etapa reproductiva, que inicia con el control de su sexualidad en la edad adolescente, la supuesta plenitud de la maternidad y la tristeza de la menopausia. Cuando las mujeres no queremos cumplir con estas premisas establecidas o cuestionamos lo establecido es cuando entra en cuestionamiento nuestra integridad personal y nuestro espacio como mujeres en la sociedad.

Algunos de las áreas críticas que deben ser abordadas para poder lograr la meta establecida;

  • La accesibilidad, que puede ser por pobreza, distancia, la falta de información, prácticas culturales, barreras sociales, estigmas o ausencia de servicios adecuados.
  • La disponibilidad y priorización de los servicios de salud sexual y reproductiva para garantizar la cobertura universal de salud. Muchas veces, estos servicios no están garantizados en la atención primaria y en tiempos de crisis son los que más recortes sufren.
  • Adaptabilidad de los servicios; sin estigma, contextualizados a cada realidad, con enfoque de género, no discriminatorios y que respeten la autonomía y decisión de las mujeres.
  • Calidad de los servicios, que cuenten con equipos médicos adaptados, que brinden información adecuada, sin coerción, con acceso a métodos anticonceptivos adecuados, que permitan a las mujeres decidir libre e informadamente.
  • Rendición de cuentas, que garantice el acceso a salud para las mujeres bajo los estándares de los derechos humanos, sin discriminación.

Para el abordaje de estas áreas y para que se puedan lograr o mejorar las metas propuestas, es preciso abordar la agenda de una manera integral, sobre todo porque la garantía de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres es la base y una acción fundamental para garantizar un buen cumplimiento del resto de la agenda, sobre todo garantizando la representación y el liderazgo de las mujeres.

María Salvador López
Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD-España


25 de mayo, día de África. (*)

Historia de Samuel: entorno “la maldición de los recursos naturales en África”.

¿Cómo puede entenderse que las economías que están dotadas de una mayor riqueza natural son las que peor desarrollo económico exhiben, mientras que aquellas que cuentan con recursos mucho más escasos han logrado crecer a ritmos acelerados?  J. Stiglitz

 

 

Samuel es un joven senegalés que por su edad no ha conocido la colonia francesa pero sí ha vivido lo que ha quedado de ella. En Koudiadiene (Thies), su aldea natal, y las poblaciones cercanas, la presencia de la mina de fosfatos es algo con lo que la población ha vivido desde hace ya más de 70 años. Las distintas operaciones financieras y cambios de accionariado de la explotación no han modificado significativamente la invisibilidad de las gentes que cohabitan con el fosfato, el polvo y las distintas empresas que han pasado por la zona.

La escuela primaria de Lam lam, una de las poblaciones próximas a la explotación, se encuentra pared con pared con la mina. De hecho era el centro de formación de los trabajadores en la época de máximo esplendor de la mina que luego se adaptó a escuela. Durante sus años de colegio, relata Samuel, caminaba a diario para sus clases y convivía con la actividad de la planta calcinadora de los fosfatos que se veía desde la ventana de su clase. A pesar de que esta planta hoy tiene reducida su actividad a escasamente uno o dos meses al año, cuenta una mamá, que los niños todavía vuelven de clase llenos del polvo arrastrado por los vientos. Siendo difícil discernir su proveniencia, no se escapa a los lugareños la aportación que al ambiente polvoriento pueden tener los cribados al aire libre, las parvas en las que el fosfato se deja secar y el paso de camiones de transporte por la pista colindante con la escuela por la que caminan los niños de vuelta a casa.

El papá de Samuel tiene la suerte de trabajar en el dispensario privado de una congregación religiosa en Koudiadiene que atiende la mayor parte de las enfermedades de la zona. Lamentablemente las carencias de materiales y gestión en la red salud pública en la región hacen que la gente termine acudiendo donde las hermanas que seguro les atenderán. Nos cuenta que el incremento de enfermedades de la piel, respiratorias y oculares, que ellos achacan al polvo proveniente de la mina, es muy significativo. La prevalencia de estas tipologías de enfermedades es confirmada por el servicio de salud de una de las empresas que trabaja en la zona y que reciben en su mayoría casos de la población.

Las mismas hermanas, que temen ser grabadas por los constantes conflictos políticos que tienen con el sistema de salud pública, denuncian las dificultades que se han observado en los últimos años en la producción agraria en general y en concreto de los mangos… “Es una fruta esencial en la alimentación de los niños. Es su mayor aporte de vitaminas y en sus hábitos de nutrición los niños están todo el día comiendo fruta. Por eso aquí no hay hambre. Pero si se rompe la sobreabundancia de mango supone una grave carencia para su alimentación”. Del mismo modo que la hermana, una mujer representante de la asociación de mujeres denuncia la ausencia de ayudas para el cultivo de tomates, mandioca o mijo, ahora más difíciles, o las dificultades para el crecimiento de los ronier (palmera de la zona). Un anciano nos relata la importancia de esta palmera en la economía local. Desde su uso en construcción para cercos y techos o el vino proveniente de su sangrado, hasta las fibras que se obtienen de sus hojas para la principal actividad de la artesanía local: el tejido de paneras y bandejas de ronier. Denuncia amargamente que las compensaciones que el estado establece para cada ronier arrancado por la actividad de la mina, son hasta 30 veces inferiores al beneficio real que se obtiene de una de estas plantas.

En esta realidad invisible, un joven como Samuel, se pregunta “qué parte del pastel” le corresponde a su gente, despojada de sus tierras y con sus medios de vida deteriorados. Al hablar con Samuel, tras su plácida sonrisa se descubre un joven orgulloso de su raíz Serer Noon que disfruta cuando se le pregunta por sus costumbres o por el significado de alguna de las canciones que canta el coro en su lengua originaria, del que es director. Esa dignidad e identidad propias quedan reflejadas en firmeza con la que toma la palabra y presenta las necesidades de su gente tanto en la asamblea popular como en la comisión que se reúne con una de las empresas mineras. Su caso es una de las cinco excepciones que hoy continúan los estudios de entre los 70 compañeros que terminaron la secundaria en su pueblo.

En este contexto, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES formada por 60 organizaciones católicas de cooperación tiene como una de sus líneas prioritarias de incidencia social y política la relación entre el respeto a los derechos humanos y las actividades de extracción de recursos naturales. La agrupación ha venido participando junto con otras entidades del tercer sector en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que culminó en julio de 2014 y fue enviado para su aprobación en Consejo de Ministros un año después y que lamentablemente terminó archivado.

Hoy, adicionalmente a las líneas de trabajo propias de REDES, como parte de la alianza Enlázate por la Justicia continuamos en nuestro empeño de poner en el centro de las políticas públicas la relación ineludible entre pobreza y no acceso a Derechos Humanos, desarrollo y medio ambiente. En este sentido, y en cumplimiento de las recomendaciones de la resolución 17/4 de Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de empresas y Derechos Humanos consideramos esencial garantizar que las empresas españolas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos y reparen los daños causados por la contravención de estos Derechos.

En este momento, la aprobación de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se encuentra a la espera del correspondiente debate parlamentario dentro de una Proposición No de Ley junto con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente, tememos que la demora en el debate retrase indefinidamente la aprobación de un texto con graves deficiencias que ya en su día fueron observadas al Consejo de Ministros.

Una de esas calurosas tardes de nuestra estancia en la aldea de Koudiadiene, en la hora en la que el mosquito ya amenazaba nuestra sangre europea, el joven Samuel, nos compartía en alto sus reflexiones: ¿qué es lo que nuestra gente puede esperar de la riqueza de nuestra tierra?, ¿no merecemos una legislación y unas autoridades locales, regionales y nacionales que miren por el bien del pueblo?, ¿qué tipo de desarrollo nos ofrecen quienes dependen de nuestro fosfato para sostener su agricultura y la alimentación de sus países?

En este 25 de mayo de 2017, día de África, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES, queremos renovar nuestro compromiso con nuestros hermanos africanos, y de manera concreta a través nuestro humilde aporte para el desarrollo, disfrute y garantía de los Derechos Humanos en el ámbito de la acción de las empresas.

Jaime Palacio Forcat

Secretaría Técnica

Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES

 

(*) Artículo fruto de la visita de REDES y AEFJN a la explotación minera de Koudiadienne dentro del proceso de diálogo abierto con las empresas que trabajan en la zona.


El desarrollo sirve a los objetivos del control migratorio

Autor BOB VAN DILLEN BRUSELAS, 17 de mayo, 10:53

(Traducción: Celia Rico)

La Unión Europea está a punto de adoptar una serie de propuestas para reorientar su política sobre desarrollo con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contribuir a «la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, de manera irreversible, en todas partes y sin dejar a nadie atrás».

Sin embargo, en lugar de reforzar su compromiso con la Agenda 2030, el nuevo Consenso sobre Desarrollo de la UE da la impresión de ser otra nueva propuesta de políticas que ponen la gestión de la migración y el control de las fronteras en el centro de la cooperación al desarrollo.

El pasado mes de noviembre, las ONG dieron una cauta bienvenida a las propuestas de la Comisión Europea encaminadas a realizar una revisión en profundidad del marco en el que se engloban las políticas al desarrollo de la UE y que deberían guiar los esfuerzos de la UE al desarrollo hasta 2030.

A pesar de la retórica de que Europa se toma en serio el acabar con la pobreza y la desigualdad, una de nuestras primeras preocupaciones fue que había una serie de propuestas previas de la UE en política para la cooperación con terceros países que, sin embargo, daban prioridad a cuestiones locales a corto plazo, incluidos los objetivos con respecto a la migración.

Estamos preocupados en extremo porque estos objetivos de política se han incluido ahora en el nuevo Consenso sobre Desarrollo de la UE.

Basándose en el Marco de asociación en materia de migración con terceros países, la UE acordará el uso de la cooperación al desarrollo y sus políticas, instrumentos y presupuestos para la promoción de la gestión de la migración y el control de fronteras.

La Cooperación al Desarrollo se verá también condicionada a la cooperación de los países socios en las áreas de retorno, readmisión y reintegración de sus ciudadanos. Mientras tanto, la UE está dispuesta a llegar a un acuerdo para «maximizar las sinergias y ejercer su influencia poniendo en práctica todas las políticas relevantes e instrumentos de la UE, incluidos el desarrollo y el comercio».

consenso

Un cambio alarmante

Este cambio de foco resulta alarmante y se muestra también en las nuevas propuestas para la Asociación Estratégica UE-África, que se acordaron el pasado noviembre en la Cumbre de Abidjan.

En estas propuestas, el énfasis de la Comisión Europea se puso «en el incremento de la intensidad de la cooperación en la gestión de las fronteras, en implementar medidas que gestionen los flujos migratorios en tránsito, de llegada y de salida, así como en el refuerzo de la cooperación para facilitar el regreso y la reintegración sostenible de los migrantes en situación irregular».

El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea propuso igualmente el refuerzo de los compromisos sobre migración adoptados en el Acuerdo de Cotonú, que se renovará en 2020.

Este acuerdo tenía como objetivo la integración de las políticas migratorias externas de la UE y el desarrollo de una cooperación operativa, centrada en «mecanismos de aplicación que mejoren la cooperación en el retorno y la readmisión así como en la implementación operativa de las obligaciones internacionales para la readmisión de los ciudadanos propios que no tengan derechos legales para permanecer en la UE».

Este mismo enfoque es el que está en el centro de la propuesta de la Comisión Europea para el Plan de inversión europeo para África.

Este proyecto se presentó el pasado mes de agosto como un plan global para contener la migración de África a Europa mediante la promoción del crecimiento económico, el empleo y el desarrollo del sector privado.

La idea que subyace es utilizar los 3.350 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para apoyar la inversión privada en África, estimada en 44.000 millones de euros, «como contribución clave para afrontar las causas primarias de la migración».

¿Se ha convertido la contención de la migración en uno de los principales objetivos de la UE en cooperación al desarrollo? Claramente esta postura contradice el Tratado de Lisboa, que establece que «la política de Cooperación al Desarrollo tendrá como objetivo primordial la reducción de la pobreza y su erradicación a largo plazo».

El hecho de sacrificar la ayuda al desarrollo para servir a los intereses de la migración a corto plazo llega en un momento en el que la implementación completa de la Agenda 2030 adquiere carácter urgente, especialmente si tenemos en cuenta los 750 millones de personas pobres y vulnerables, la mitad de las cuales viven en África, incluyendo los aproximadamente 20 millones en riesgo de hambruna.

En muchas zonas de África somos testigos de que la migración forzada y los desplazamientos tienen su causa en la pobreza y la injusticia, en la ausencia de gobernabilidad y estabilidad, así como en la sequía y en los accidentes medioambientales.

Son regiones en las que los niños mueren de hambre, los médicos de las áreas rurales no tienen medios para curar las enfermedades y decenas de miles de refugiados y personas desplazadas huyen de conflictos que traen la muerte y la persecución.

Cuál es la verdadera causa

Actualmente más de 65 millones de personas son desplazados que buscan un sitio donde sobrevivir.

Y no hay casi ningún debate acerca de la necesidad de ayudarles y afrontar la verdadera causa de la migración forzosa.

Sin embargo, hemos visto cómo los recursos de la ayuda al desarrollo, por ejemplo el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, no solo se han usado para la gestión de la migración y la contención de personas en los lugares en los que se encuentran sino que también se han desviado hacia los «países que producen migrantes».

En la práctica esto supone el cierre de los programas de desarrollo en países como Namibia o Malawi. Estos programas han hecho posible que los niños asistieran a la escuela o que pudieran ir al médico, que los pequeños agricultores triplicasen sus cosechas, todo gracias al acceso a las semillas y a los microcréditos.

¿Es así como Europa tiene previsto implementar la Agenda 2030 para acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás?

Aunque la mayoría de los migrantes forzosos permanecen en los países o las regiones vecinas, la llegada de grupos relativamente pequeños de personas a Europa ha llevado a la puesta en marcha de una serie de medidas para impedir que los migrantes entren en el territorio europeo, si bien también para dar la bienvenida y acoger a los que han conseguido entrar.

En varios Estados miembros de la UE el coste de la recepción de los refugiados se ha cargado al presupuesto para cooperación al desarrollo, fondos reservados, precisamente, para erradicar la pobreza y la desigualdad.

En los últimos años, países como Italia o Países Bajos han gastado entre el 25-30% de sus presupuestos para la ayuda al desarrollo en el primer año de la recepción de personas que solicitan asilo.

Es justo y necesario apoyar a los refugiados que llegan a Europa. Sin embargo, cuando el país donante es al mismo tiempo el principal receptor de la ayuda al desarrollo, ¿no estaremos haciendo las cosas al revés?

Es importante que nos demos cuenta de que la mejora de los controles fronterizos no va a resolver las verdaderas causas de la migración forzosa y los desplazamientos.

La cooperación al desarrollo y la AOD no deberían usarse, por lo tanto, para acometer los objetivos en materia de migración.

De hecho, la ayuda al desarrollo tiene su propio papel para conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad mediante la promoción de transformaciones sostenibles a largo plazo que beneficiarán a todos y, muy especialmente, a las comunidades y países más pobres del mundo.

Bob van Dillen  es Oficial de políticas y advocacy de Cáritas Europa


Súmate a la campaña #VenidYa

http://www.oxfamintermon.org/minisites/venidya/shared-counter.html

#VenidYa es una campaña con el objetivo de que España cumpla su compromiso y acoja a 17.387 personas refugiadas

  • 20 Junio – 1.499 reasentadas de Turquía, Líbano o Grecia que tienen que llegar antes del 20 de julio de 2017.
  • 26 Septiembre – 15.888 reubicadas de Italia o Grecia que tienen que llegar antes del 26 de septiembre de 2017.

A pesar de las campañas, movilizaciones y del respaldo de una gran parte de la ciudadanía, el Gobierno español no está cumpliendo sus compromisos y en marzo de 2017 solo había acogido a un 6% de los refugiados.

Exigimos que se respete el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y los compromisos asumidos. Una manera de exigirlo es mediante un contador de tiempo con cuenta atrás que muestra los días, horas, minutos y segundos que quedan hasta la fecha final del 26 de septiembre.

Todas las entidades, organizaciones y plataformas que se sumen a la iniciativa, comparten el contador de tiempo como un elemento común, y están de acuerdo en exigir que se cumpla el compromiso de acogida del Gobierno español.

 


Eslabones de la cadena: trabajadoras en el sistema de producción global

Este 1º de mayo, día del trabajo, las organizaciones sindicales del mundo, los y las trabajadoras por todo el globo, y la sociedad civil afín, han salido a las calles a reivindicar empleo estable, mejores salarios, pensiones dignas y más protección social, como pilares para un desarrollo sostenible e inclusivo. Éste lema, alineado con la recientemente adoptada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos y metas se encuentran la protección social, el empleo decente, la igualdad de género, la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, ha protagonizado las movilizaciones en España, y en muchas otras latitudes del planeta.

La vocación internacionalista y solidaria de las organizaciones sindicales permite que las reivindicaciones realizadas en un país, sean también representativas de las demandas de las y los trabajadores de otros puntos del globo. Así, el 1º de Mayo permite solidarizarse con aquéllos y aquéllas trabajadoras menos visibles, menos representadas y organizadas, en concreto, las personas insertas en las cadenas de valor mundiales[i], o cadenas mundiales de suministro[ii], sobre las que se producen constantes violaciones de sus derechos más básicos, no sólo laborales, sino humanos. En este ámbito, queremos centrar la mirada, con un enfoque de género basado en derechos humanos, sobre las mujeres y niñas que trabajan en estas cadenas, muchas veces en condiciones de explotación infantil, llegando a la esclavitud.

Las cadenas mundiales de suministro (CMS) emergen a finales de los años 60, con la crisis de beneficios de las empresas, que provoca un movimiento de deslocalización de la producción de los países desarrollados a los países en desarrollo, creándose un régimen de producción y distribución con un sistema descentralizado de redes que atraviesa países y continentes. Los países en desarrollo facilitaron ese movimiento, incentivándolo a través de legislaciones laborales débiles y sistemas de protección social muy limitados, lo que ha tenido un impacto muy negativo en el desarrollo sostenible, y sobre la igualdad de género.

El factor principal que originó este movimiento fue y sigue siendo la diferencia salarial entre unos países y otros. Si además tenemos en cuenta no sólo las diferencias salariales (brecha salarial) existentes entre hombres y mujeres, sino también la división sexual del trabajo, con la segregación laboral[iii] vertical[iv] y horizontal[v], y la invisibilización de las tareas de cuidado y de reproducción, como características estructurales del sistema, es fácil adivinar que las mujeres trabajadoras son las que mayormente se han visto afectadas por la expansión de las cadenas de suministro, precarizándose drásticamente sus condiciones de vida y trabajo.

En los últimos 20 años este modelo se ha expandido, adoptando políticas laborales flexibles,  formas menos seguras de empleo, y trabajo precario. ¿Cuál ha sido el impacto sobre las economías de los países en desarrollo? Su integración en las cadenas de suministro no ha supuesto un mayor desarrollo sostenible ni inclusivo, más bien lo contrario. La industria extractiva en África (similar fenómeno se da en América Latina) supone la retirada a amplia escala de los recursos naturales del continente para su exportación, generalmente por y para el beneficio de empresas del Norte. A pesar de que este tipo de industrias jueguen un papel muy importante en África, en realidad crean un empleo marginal, sólo para unos pocos trabajadores y trabajadoras, muchas veces expatriados desde los propios países de las empresas madre.

Otra problemática conexa es la informalización del mercado de trabajo. En algunos países en desarrollo, más del 90% de la población activa se encuentra en la economía informal.  Las condiciones de trabajo son a menudo peligrosas, con salarios por debajo de los mínimos legales, y con inadecuada o inexistente protección social. Esta situación se agrava entre las trabajadoras que prestan sus servicios desde casa (homeworkers), modalidad muy extendida en Asia,  como forma de producción para las cadenas de suministro en la industria del vestido y calzado. Estas mujeres soportan todos los costes y riesgos de su trabajo, se encuentran aisladas, y sus salarios son muy a menudo arbitrarios.

Las industrias donde se encuentran estas trabajadoras son principalmente el textil y confección (vestido y calzado), donde representan más de ¾ partes del sector, con niveles elevados en los países en desarrollo, 90% en Camboya, 85% en Bangladesh, 70% en China y 63% en Jordania. En el sector Turismo, las mujeres constituyen el 70 % de la mano de obra, sobretodo en puestos de nivel inferior. Respecto a la agricultura y floricultura,  aproximadamente el 45%, con trabajadoras poco o nada calificadas en granjas y plantaciones en África, Asia, Europa Oriental y Central y América del Sur. En los call-centers, las mujeres constituyen un 50% de la población activa en el sector.

Su trabajo se caracteriza por ser precario, es decir, temporal, ocasional, parcial, peor remunerado e invisibilizado. La falta de protección social, en particular de los derechos de maternidad de estas trabajadoras es generalizada, lo que provoca despidos por embarazos, e incluso abortos forzados. Además, los efectos de largas horas de trabajo, cargas excesivas y cortos plazos de entrega de los productos, provocan graves consecuencias sobre su salud, tanto física como psíquica. Estas situaciones se dan en condiciones de trabajo inseguras, por insalubridad de las instalaciones, hacinamiento y peligros en los centros de trabajo, que han llegado a provocar graves incendios y derrumbes, como el sucedido en el Rana Plaza de Bangladesh en noviembre de 2012, con la muerte de miles de trabajadoras.

Un fenómeno aún menos conocido es el Sumangali[vi], expresión en dialecto indio que significa “mujer felizmente casad”. Se trata de “la contratación de menores de 18 años, en general de 15 a 18 años, pero también en algunos casos de 12 a 15, habitualmente por un plazo de 3 años (que puede llegar a 5), con salarios por debajo de los mínimos fijados por la legislación india, que viven aisladas en fábricas alejadas de los núcleos habitados, con la promesa de una cuantía económica, “dote”, que percibirán al termino de su contrato a fin de que “puedan” contraer matrimonio y vivir “felizmente casadas” (I.Boix y V. Garrido, Secretaría de Internacional de Industria de CCOO y Coordinación en IndustriALL para el Acuerdo Marco con INDITEX).

Frente a nociones como la Responsabilidad Social Corporativa, sistema completamente voluntario del que se dotan algunas empresas, existen otro tipo de mecanismos que tratan de regular la actividad de las empresas multinacionales, guiándolas hacia el respeto a los derechos humanos en su actividad. Se trata de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales[vii], y de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas[viii]. Sin embargo también presentan limitaciones, en base a su falta de vigencia global, y ausencia de eficacia y facilidad en los procedimientos de denuncia ante violaciones de derechos. Otro tipo de mecanismos eficaces son los Acuerdos Marco Globales, negociados entre los sindicatos mundiales (federaciones Internacionales) con las empresas multinacionales para la rendición de cuentas de estas últimas sobre las condiciones laborales en sus operaciones globales. Normalmente estos acuerdos se encuentran basados en los principios y normas de la OIT, e incluyen procedimientos a seguir en caso de violaciones de derechos. Sin embargo, su obligatoriedad depende aún de la voluntad de la empresa de comprometerse en ello.

Tanto desde las NNUU[ix] como desde la OIT[x] se están promoviendo debates que tratan de guiar la acción hacia la adopción de un Tratado, en el caso de NNUU, y de un Convenio o Recomendación, en el caso de la OIT, sobre las empresas multinacionales y su actividad a través de las cadenas globales de suministro, para garantizar el respeto de los derechos humanos. Tanto las NNUU como la OIT parten del reconocimiento de graves fallos a todos los niveles de las cadenas de suministro que han provocado graves déficits de trabajo decente, en particular para las mujeres trabajadoras. Durante estas discusiones se ha subrayado que:

  • Los gobiernos deben promover el diálogo social, la libertad de asociación y la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales de personas trabajadoras y las empresas.
  • Los agentes sociales deben comprometerse en iniciativas concretas, que crucen las fronteras, y que sean vinculantes, como los Acuerdos Marco, y las empresas deben llevar a cabo sus actuaciones con la debida diligencia vis a vis de los derechos humanos.

Más amplias discusiones serán necesarias hasta lograr el compromiso de todas las partes implicadas, gobiernos, empleadores y personas trabajadoras y sus organizaciones, en la adopción de un instrumento internacional vinculante que haga frente a esas violaciones de derechos humanos. En paralelo, la promoción y garantía de la libertad de asociación entre personas trabajadoras, en particular de las mujeres, y su coordinación en redes internacionales es clave para que su voz se haga oír, y sea respetada.  Los enfoques participativos para involucrar a los/as trabajadores/as en la discusión y el diálogo, incluyendo la negociación colectiva y las políticas de recursos humanos, son cruciales para hacer frente a las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro.

Las organizaciones sindicales, como legítimas representantes de trabajadores y trabajadoras, a través del diálogo social[xi] y de la negociación colectiva, son un mecanismo útil y eficaz en la consecución de mayor reconocimiento y protección de derechos. Es por tanto que se necesitan organizaciones sindicales fuertes y democráticas, donde las trabajadoras estén adecuadamente representadas, para defender sus derechos, luchar contra la discriminación y alcanzar mayores cotas de igualdad.

Ofelia De Felipe Vila, Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD

[i] Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La fragmentación de los procesos de producción y la dispersión internacional de sus tareas y actividades han hecho surgir sistemas de producción carentes de fronteras en forma de cadenas secuenciales o complejas redes de carácter mundial, regional o bilateral. Estos sistemas suelen denominarse “cadenas de valor mundiales”.

[ii] Según la OIT: “Por “cadena mundial de suministro” se entiende toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios”.

[iii] La segregación laboral tiene su origen en la división sexual del trabajo : las mujeres tradicionalmente han ocupado el espacio privado y desarrollado tareas y actividades en este marco, como el cuidado y la atención de otras personas, el mantenimiento del hogar y de los pequeños cultivos incorporados a la vivienda, la provisión de elementos necesarios como el agua y la leña, etc, mientras que los hombres se han dedicado de forma general al trabajo productivo, en el espacio público, lo que implica tanto los trabajos remunerados como la actividad política y social.

[iv] La “segregación vertical”, se refiere a la desigual distribución de mujeres y hombres en las posiciones jerárquicas dentro del mismo sector ocupacional e incluso dentro de las mismas empresas, tendiendo las mujeres a ocupar los puestos de menor escala jerárquica o funcional, y consecuentemente recibiendo los salarios más bajos.

[v] La “segregación horizontal” hace referencia al grado en que mujeres y hombres se encuentran en diferentes sectores de actividad o sectores ocupacionales. Se observa como los sectores en los que se concentran la mayoría de mujeres se caracterizan por brindar pocas oportunidades de promoción profesional, peores remuneraciones y menor prestigio social.

[vi] Ver Informe “Sumangali: una manifestación de brutal explotación laboral” por Isidor Boix y Víctor garrido, de la Secretaría de Internacional de Industria de CCOO y Coordinación de Industriall para el Acuerdo Marco con Inditex: http://www.industria.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o112716.pdf

[vii] Ver sitio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

[viii] Ver sitio web de Naciones Unidas: http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

[ix] Resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2014 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, ver sitio de NN: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9

[x] Comisión para el Trabajo Decente en las Cadenas mundiales de suministro, ver sitio de la OIT: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/supply-chains/lang–es/index.htm

[xi] “El diálogo social como motor e instrumento de gobernanza del desarrollo Sostenible”, documento temático de la OIT y CSI: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_issue_paper_-_social_dialogue_development_es.pdf