Hacia una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Emilia Mirea.  Responsable de Incidencia y Comunicación de HelpAge International España

 

“La discapacidad radica en la sociedad, no en la persona”. (ONU)

El 3 de diciembre de 1992 se celebra por primera vez el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo vulnerable que muchas veces pasa desapercibido en las políticas sociales de los gobiernos y recibe poca atención por parte de la sociedad.

Más de dos décadas han transcurrido desde que este día del año el mundo entero enfoca su atención en las personas con discapacidad; ¿pero es esto suficiente para mejorar la vida de estas personas? ¿Además del deber de las autoridades en ofrecer atención y mejores condiciones de vida a estas personas, desde la sociedad civil estamos realmente entendiendo a las personas con discapacidad y procurando a ayudarles?

Ante todo necesitamos comprender la complejidad y variedad de este colectivo que engloba a mujeres, hombres, niñas y niños con una discapacidad física, sensorial, psicosocial o intelectual. La intersección de una de estas discapacidades con otras barreras debidas al entorno o a la actitud puede impedir la participación plena y activa de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que aproximadamente 1.000 millones de la población mundial (incluidos niños y niñas y personas mayores) viven con algún tipo de discapacidad, de las cuales aproximadamente 200 millones tienen dificultades considerables en su funcionamiento y dos tercios viven en países en desarrollo. En estas regiones, el 98% de los niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela y la tasa de alfabetización de las personas adultas con discapacidad llega solamente al 3%, y en algunos países se reduce hasta un 1% en el caso de las mujeres con discapacidad. Es precisamente en estos países en vía de desarrollo donde las personas mayores y con discapacidades se ven aún más afectadas como consecuencia de las crisis humanitarias derivadas de los conflictos armados, desastres naturales o falta de atención médica básica.

Las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad para conseguir asistencia y protección a lo largo de un desplazamiento, desastre o crisis humanitaria contribuyen al incremento de su vulnerabilidad. Una de las principales consecuencias es la exclusión a la que están sometidas a causa de numerosas barreras físicas y comunicativas, actitudes negativas, así como a la insuficiencia de datos: debido a que las personas con discapacidad permanecen invisibles, se presupone que no están en el lugar y, por lo tanto, no se las incluye en ninguna intervención humanitaria.

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Exumeni, anciana de Haití, con una trabajadora de Helpage. Frederic Dupoux/HelpAge International

 

¿Qué tienen que ver los Objetivos del Desarrollo Sostenible con la discapacidad?

Este año, para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la ONU plantea la promoción de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, adoptados en 2015, y que prometen un mundo diferente, igualitario e inclusivo con todas las personas de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Algunos de los objetivos más ambiciosos que incluyen a las personas con discapacidad abogan por garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos o fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Son palabras grandes que ofrecen esperanza y fe para un grupo vulnerable y numeroso como las personas con discapacidad que están luchando a diario para integrarse plenamente en una sociedad cada vez más diversa.

Como sociedad civil deberíamos poner en práctica estos objetivos y tomar concienciar sobre la necesidad de las personas con discapacidad para que lleguen a tener una vida digna y activa a través de la aceptación e inclusión de este colectivo en todas las actividades de la sociedad y garantizar, esta vez sí, que “no se deja a nadie atrás”.

 

 

 

 

 


Ni una muerte más, ni una mujer menos

Mercedes Ruiz-Giménez –  AIETI

En el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres unimos nuestras voces a las de millones de mujeres y niñas a lo largo del mundo para exigir el derecho a VIVIR y disfrutar de una vida digna y libre de violencias machistas. Gritamos con fuerza y con indignación ¡NI UNA MUERTE MÁS!

La prevención, atención y erradicación de todas las expresiones de violencias contra la mujer es un deber de todos los Estados – tanto en el ámbito local, como en el estatal y en el internacional. Un reto que se enmarca también en la actual Agenda de los ODS 2030.

Urgen políticas públicas, con presupuestos previsibles y suficientes, en cuya construcción participen las mujeres y los movimientos feministas. Conseguir soluciones a las múltiples manifestaciones de las violencias de género pasa por enfoques integrales. Debe garantizarse el fin de los asesinatos en cualquier lugar del mundo –España, Europa, África, Asia o América. Ningún país está libre de esta barbarie contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.

Juntas somos más fuertes

Hace una semana se celebró en Madrid el “III Seminario Internacional sobre violencias contra las mujeres. Feminicidios en América Latina y Caribe-Unión Europea y Estado Español”. El encuentro reunió a un gran número de mujeres y organizaciones feministas; y personas defensoras de los derechos de las mujeres. Llegaron desde América Latina, Europa y distintas ciudades del Estado Español.

Con nuestro trabajo colectivo queremos fortalecer la articulación entre las redes feministas y de defensa de los derechos de las mujeres para generar propuestas y acciones frente al feminicidio y la discriminación que ponen en riesgo de muerte a las mujeres. En este espacio se dio a conocer la Alianza por una Cooperación Feminista Global[1], que apuesta precisamente por esta línea de trabajo.

Una vez más posicionamos  el Feminicidio como una lacra y un fenómeno creciente que en la mayoría de los países goza de impunidad. El feminicidio es la más brutal expresión de la discriminación de género y el resultado de la prevalencia de la violencia contra las mujeres. El análisis y búsqueda de soluciones para este “fenómeno social” ha sido y es una de las acciones que ha preocupado a las organizaciones feministas y de derechos humanos en los últimos años.

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Feminicidios: la impunidad no puede ser la norma

Centenares de mujeres son asesinadas en América Latina y el Caribe por una sola razón: su género. Los feminicidios han crecido en la región en los últimos años y lo más grave es que 98 por ciento de los casos permanecen impunes. El Informe “Prevenir los Conflictos, Transformar la Justicia, Garantizar la Paz”, (ONU, abril 2016) alerta de la grave situación provocada esa ausencia de justicia.

14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios son de América Latina y el Caribe. Guatemala, El Salvador y Honduras figuran con unos de los índices más altos del planeta y en Argentina, México y Perú también se reportan cifras alarmantes.

Como respuesta, y por la acción permanente de organizaciones de mujeres y feministas, se han desarrollado -sobre todo en América Latina-, acciones de incidencia para generar herramientas normativas que contribuyan  a sancionar y prevenir estos crímenes de género.

El Convenio de Belén do Pará, de 1995, incorporó el derecho a una vida libre de violencia. Fue la primera vez que un documento de tales características incluía esta cuestión. En el marco de este Convenio, 15 países[2] de América Latina ya han introducido el feminicidio como tipificación o agravante. A pesar de los pasos dados, aún hay muchos retos por delante. Queda pendiente crear bases de datos que permitan elaborar estadísticas de violencia contra las mujeres; garantizar el acceso a la justicia; asegurar recursos para la implementación de medidas –incluida la prevención. Queda pendiente también garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participan en el sistema; esta es una de las lecciones que hemos aprendido en el camino.

¿Qué ocurre en España?

En España no está tipificado el feminicidio. Entre los vacíos normativos que presenta la Ley vigente (Ley Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género), se encuentra el hecho de no se registrar  asesinatos de mujeres fuera de la relación de pareja o ex – pareja.

El número de asesinatos de mujeres ha a aumentado en España. Además, los recortes en prevención, atención y justicia especializada en violencia de género han debilitado la protección de las mujeres. Esta situación ha provocado numerosas movilizaciones de las organizaciones feministas; la más multitudinaria se celebró en 2015. En todas ellas se ha reivindicado ante todo que la violencia contra las mujeres sea asumida como un asunto de Estado.

El último tratado aprobado en esta materia es el Convenio de Estambul. Ratificado en 2011, España está obligada a adoptar su normativa que, entre otras cosas, llama a ampliar la ley a todas las formas de violencia contra las mujeres. Recientemente, el 14 de septiembre, se aprobó una comisión en el Congreso para modificar los aspectos de la Ley que no se adaptan al Convenio. Las organizaciones feministas estaremos atentas a este proceso.

En los próximos días nuestras calles se llenarán de movilizaciones sociales contra la violencia de género. Nos sumaremos a las que se han producido en Argentina (2015), Brasil y Perú (2016) bajo el lema ¡Ni una menos!

Y seguiremos gritándolo por toda América Latina, España, Europa…

 

[1] A inicios de 2014 organizaciones diversas de cooperación decidimos crear esta alianza para fortalecer nuestro carácter feminista y nuestra apuesta por incorporar la perspectiva de género de manera transformadora en nuestros procesos de cooperación internacional y de educación, tanto en nuestra realidad más cercana como en otros continentes. La Alianza por una Cooperación Feminista Global la componemos: AIETI, CEIM, Cooperacció, Entrepueblos y Mugarik Gabe.

[2] Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Argentina y Venezuela establecen el homicidio agravado por razones de género en su legislación

 


No queremos un verano perpetuo

La victoria de Trump ha caído como un torpedo en plena Cumbre del Clima de Marrakech, arrojando numerosas incertidumbres sobre el futuro del proceso negociador de Naciones Unidas. ¿Será capaz el excéntrico magnate de dinamitar el Acuerdo de París a pesar de las evidencias científicas? Aunque el negacionismo climático se haya instalado en la Casa Blanca, tendrá que enfrentarse entre otros, a inversores ya comprometidos con las energías renovables que no ven rentabilidad a largo plazo en los combustibles fósiles o el fracking, y a la ciudadanía –votantes de Trump incluidos- consciente también de los impactos innegables del calentamiento global: los habitantes de California sufren desde hace más de cuatro años restricciones temporales en el consumo de agua debido a la sequía, intensificada por las recurrentes olas de calor.

En España, ante la falta de voluntad política del nuevo gobierno de Rajoy, más de 400 organizaciones de la sociedad civil integradas en Alianza por el Clima siguen alertando del peligro que suponen los nuevos récords de temperaturas extremas. En bañador, con cubos de arena, toallas y sombrillas un grupo de activistas realizaron el sábado un flashmob en pleno centro de Madrid para denunciar cómo la falta de compromiso del gobierno llevará a España a un “verano perpetuo” con graves consecuencias: sequías prolongadas, olas de calor, aumento del nivel de mar, desaparición de algunos cultivos… En esta misma línea, la campaña “Lo necesitarás” sigue recogiendo firmas para presionar al gobierno y alertar sobre los efectos de no actuar: trabajar, dormir, comer, beber, respirar… nada volverá a ser igual con el cambio climático.

Rajoy se hará la foto mañana en Marrakech y en su discurso en la Cumbre del Clima nos venderá la moto de que España está muy comprometida con el cambio climático, tras la decisión el pasado viernes en Consejo de Ministros de llevar la ratificación del Acuerdo de París al Congreso. Pero la realidad es bien distinta: nuestras emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 3,2% en 2015, somos el tercer país europeo que más ha aumentado los gases de efecto invernadero en el periodo entre 1990 y 2014 y el impuesto al sol o el parón a las energías renovables demuestran la poca altura de miras de nuestro gobierno en materia climática. El nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de energía, claramente continuista con apuestas por la energía nuclear, el petróleo y el carbón, y mantener a la ministra García-Tejerina al frente de otra cartera clave como medio ambiente no son señales para la esperanza.
A pesar de la urgencia climática -un nuevo informe de la sociedad civil señala que si no aumentan los compromisos de reducción de emisiones no seremos capaces de mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC- las negociaciones climáticas en Marrakech sufren una parálisis sorprendente: se percibe falta de ambición, en especial por parte de la Unión Europea que no sabe aún cómo afectará el Brexit a los compromisos en bloque de reducción de emisiones. ¿Y qué hay de la financiación para el Fondo Verde, clave para que los países empobrecidos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático? Movilizar esos fondos para 2020 es fundamental, pero tampoco termina de concretarse… Nadie mueve ficha. El año que viene el IPCC emitirá un nuevo informe. ¿Servirá para tomarnos en serio de una vez por todas esto del Cambio Climático?

 

Arantxa García, comunicación e incidencia en InspirAction


Contratación pública sin paraísos fiscales

Las empresas tienen muchas formas de contribuir al desarrollo de las sociedades en las que operan. Una de ellas, fundamental, es reconociendo los impuestos que pagan como una medida de esta contribución social. Evidentemente, no se trata de que paguen lo máximo que puedan en impuestos, sino que no busquen artificios o estratagemas para minimizar lo que pagan, con los paraísos fiscales como piezas claves para llevar a cabo estas prácticas.

Y es que cuando una empresa desvía beneficios hacia paraísos fiscales, lo hace buscando pagar lo menos posible en impuestos, en detrimento de lo que debería pagar allí donde lleva a cabo su actividad económica. Lamentablemente, la mayoría de estas prácticas no son ilegales, ya que se aprovechan de disfunciones y ambigüedades en los sistemas fiscales y en la libertad de circulación de que disfrutan los capitales a nivel global.paraisos

Estas prácticas causan un grave perjuicio a todos los países, ya que les merma su capacidad recaudatoria. Y eso provoca que cuenten con menos recursos para poder financiar políticas sociales que traten de corregir las desigualdades y aliviar a las personas en situación de vulnerabilidad.

Las posibles soluciones a este problema pueden venir desde varios frentes. La acción política internacional, a nivel OCDE o UE, tiene que establecer medidas para acabar con los paraísos fiscales y sancionar a quienes hacen uso de ellos. Sin embargo, los pasos que se están dando en esta dirección son todavía muy lentos y aún tenemos que comprobar que hay una voluntad decidida de resolver este problema.

Por otro lado, las empresas de forma voluntaria pueden apostar por ser fiscalmente responsables. En cambio,  vemos que en España las principales empresas, las del Ibex-35 como muestra representativa, tienen presencia en paraísos fiscales (en 2014 todas las empresas del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales, con una total de 891, un 10% más que el año anterior), lo que denota que este compromiso voluntario aún está lejos de ser real.

A pesar de ello, las empresas pueden encontrar un incentivo potente para desistir de operar con paraísos fiscales si ven que eso les resta oportunidades de negocio. Y las administraciones públicas, a través de sus concursos de contratación, son un cliente muy importante que podría exigirles cambios en esta dirección. Efectivamente, la contratación pública mueve una nada desdeñable proporción de actividad económica, en torno al 20% del PIB en España. Así que si las administraciones incluyen criterios en sus políticas de contratación para penalizar a aquellas empresas con presencia en paraísos fiscales, estas empresas tendrán que decidir qué les compensa más.

Por ello, el 25 de octubre Oxfam Intermón lanza la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que promueve que los ayuntamientos, incluyan en sus reglamentos de contratación clausulas para que las empresas con presencia en paraísos fiscales con fines de elusión fiscal tengan más difícil beneficiarse de contratos públicos. Hasta el momento, 25 ayuntamientos de todo el Estado se han comprometido con esta causa. Entre ellos destacan Barcelona, Sevilla, Málaga y Zaragoza pero hay bastantes más, e incluso Comunidades Autónomas, como Cataluña, Aragón,  Navarra y Castilla La Mancha. Se pueden consultar los territorios, ya sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que se han declarado Libres de Paraísos Fiscales, así como toda la información de la iniciativa en la web www.zonaslibresdeparaisosfiscales.org.

Por eso, invitamos a que más ayuntamientos, y más administraciones públicas, se sumen a esta iniciativa y demuestren que desde el nivel local se pueden plantear medidas para luchar contra grandes desafíos globales, como son los paraísos fiscales. Y es que una contratación pública libre de paraísos fiscales es una contratación pública comprometida con las personas y la lucha contra las desigualdades.

Miguel Alba Ruiz-Morales, Oxfam-Intermón


CIErre ya: ¡migrar no es un delito!

Ayer nos despertábamos con la noticia de que alrededor de 60 personas recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, se habían amotinado y pasado la noche en el tejado para reclamar de forma pacífica su libertad[1]. Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, el amotinamiento estaría relacionado con la falta continuada de atención sanitaria a enfermos, que además habrían sido expulsados del país a pesar de presentar cuadros febriles complejos[2].

La noticia era el mal denominado “motín” pero no debería ser así. Lo que debería cubrir los noticieros del día es que en España hay mas de 6.900 personas[3] privadas de libertad, retenidas contra su voluntad en Centros de Internamiento por haber cometido una falta administrativa. ¿Seria España un Estado de Derecho, que respeta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si mantuviera internados a 7.000 españoles por hechos como no disponer de un pasaporte actualizado o no tener un domicilio fijo? No, no lo sería y la sociedad e instituciones españolas reaccionarían vehementemente contra semejante atropello.

La falta de atención sanitaria, el maltrato a las personas internas y las malas condiciones de los centros son un problema común en los CIE españoles. Todos ellos han recibido denuncias reiteradas no sólo por la inadecuada e insuficiente asistencia médica, sino también por la falta de acompañamiento jurídico, la existencia de malos tratos o la vulneración del derecho de asilo con expulsiones a terceros países de personas potencialmente solicitantes de asilo, que desconocen que lo son porque nadie les ha informado.

Algunos casos, como en el del CIE de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentran en antiguas instalaciones penitenciarias que quedaron obsoletas por incumplir con las condiciones necesarias de habitabilidad[4]. Otros han tenido que cerrar temporalmente por deficiencias en las instalaciones, como el CIE de Zapadores, en Valencia,  por una plaga de chinches o  el CIE de Zona Franca en Barcelona, que ha reabierto en medio de polémicas por carecer de la licencia de actividad apropiada y por no respetar las normas contra incendios[5].¿No seria noticia de primera plana y motivo de indignación nacional que 7.000 españoles estuvieran hacinados en estas condiciones y sin acceso a comunicaciones y asistencia jurídica, bajo la tutela del Ministerio del Interior?

Uno de los pilares de cualquier democracia es que la privación de la libertad de los seres humanos debe ser algo absolutamente excepcional y estar vinculada a un delito penal y no a un trámite administrativo. El artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIEs establece que el ingreso y estancia en los centros tiene una finalidad preventiva, orientada únicamente a “garantizar la presencia del extranjero durante la tramitación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso”[6]. ¿Nos parecería proporcional y justo que para la tramitación de un expediente administrativo, por ejemplo, nuestro carnet de conducir, se nos mantuviera detenidos? Y si además de esta medida, una vez transcurrido el plazo de dicha tramitación -fijado en un máximo de 60 días-, no se hubiera podido resolver el expediente ni ejecutarlo. En su último informe, el Servicio Jesuita a Migrantes planteaba que en el CIE de Zona Franca se constató que el 24% de los internos visitados ya habían sufrido un internamiento anterior, lo que implica que la devolución o expulsión no se realizó[7]

La realidad es que estas situaciones se mantienen y no son noticia porque las personas afectadas son personas extranjeras racializadas y porque los CIEs son espacios opacos e invisibilizados -se encuentran a las afueras de las ciudades y, en ocasiones, sin ni siquiera un letrero que los identifique-, en los que no se ha permitido ni se permite la entrada a periodistas, representantes políticos o administraciones locales. Sólo en algunos de los CIEs se admite la entrada a ONG y asociaciones para realizar visitas a las personas internas, lo que implica graves dificultades para el monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de los recluidos.

La realidad también es que la política de los CIE viola directamente derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos[8], la Carta Fundamental de los Derechos de la Unión Europea[9] o la Constitución Española[10]. Como el derecho a la libertad o a la  protección de la salud y la garantía de la asistencia médica. La realidad es que una sociedad democrática que calla antes semejantes violaciones de Derechos Humanos contribuye a minar sus propios valores e instituciones. Finalmente la realidad y lo que debería ser noticia es que las personas que se han rebelado en Aluche ayer, hace unos días en el CIE de Zona Franca[11] y en el CIE de Sangonera la Verde, en Murcia[12], por mencionar algunos casos, son activistas y defensores de los Derechos Civiles que nos recuerdan que migrar no es un delito sino una parte intrínseca de la historia de la humanidad, y ha de ser tratada como tal. El cierre de los CIE no es una opción, es simplemente el único camino posible para una sociedad democrática.

¿A qué estamos esperando?

Ana Alcalde, Celia Serrano y Jara Henar, Alianza por la Solidaridad

[1] https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31934-medio-centenar-internos-se-amotinan-cie-aluche.html

[2] https://ciesno.wordpress.com/2016/10/19/la-dignidad-no-puede-ser-encerrada-en-un-cie/

[3] Datos extraídos del Informe Vulnerables vulnerabilizados. Informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes (SJMe) sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España 2015, en http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41. Pero podrían ser más. La opacidad existente alrededor de los CIEs impide la comprobación de las cifras exactas

[4] Informe CIE y Expulsiones Exprés. Informe anual sobre los CIEs 2014, SJMe, en http://www.sjme.org/sjme/item/794-cie-y-expulsiones-expres

[5]  http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/colau-ordena-cierre-del-centro-extranjeros-zona-franca-5252129

[6] Real Decreto 162/2014 ya citado, en https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf

[7] Informe 2015 ya citado, en http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41

[8] Artículo 25 DUDH, en http://www.un.org/es/documents/udhr/

[9] Artículo 35 CFDUE, en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

[10] Artículo 43 CE, en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229

[11] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/19/catalunya/1476862067_490956.html

[12] https://www.diagonalperiodico.net/global/31773-fuga-cie-centro-internamiento-extranjeros-murcia-cierre-condiciones-irregulares.html


La cigüeña en el psiquiatra

La cigüena estira sus patas kilométricas sobre el diván y se presiona los ojos. Un suave ruido de plumas llena la habitación. El psiquiatra la escucha atentamente mientras toma notas…

«Se piensa que hacemos un viaje rápido, pero con bebés tan pequeños hay muchas paradas, imagínese, que si pis, que si pos, que si lloran… Les encanta que les rodeemos con las alas y todavía no he visto uno que no nos meta la mano en el pico. Y claro, se les coge cariño. ¿Con que cara se les deja en según qué lugares? La diferencia llega a ser enorme en unos pocos kilómetros. Desviándonos ligeramente podríamos cambiar el destino de esas criaturas. Darles años de vida, salud, educación, seguridad… Ese pensamiento nos asalta una y otra vez, pero ¿y sus madres? Siempre han confiado en nosotras. ¿Comprende? Y así un día y otro también».

Se le escapa una lágrima. «Mire doctor, yo pastillas no quiero. Hay que hacer algo».[1]

En medicusmundi estamos empeñados en este “hay que hacer algo”. La salud no es un privilegio, es un derecho de todas las personas, pero el lugar donde naces determina la medida en que podrás disfrutar de este derecho. ¿Por qué?

Primero porque la salud no depende sólo de la asistencia sanitaria que recibas. La salud depende de muchos más factores: Cómo es tu casa, si tienes acceso a agua potable, si te puedes alimentar bien, las condiciones en las que trabajas, el salario que recibes, la educación a la que hayas tenido acceso, si vives en un entorno no contaminado… Y es que, como afirma el médico Juan Gervas, “para la salud de una persona, es más importante el código postal que el código genético”. O lo que es lo mismo: No va a poder disfrutar de la misma manera del derecho a la salud una niña nacida en el Altiplano boliviano que un niño nacido en el centro de Madrid.

Pero la salud también es atención sanitaria. Y 400 millones de personas no tienen acceso a unos servicios esenciales de salud. ¿Cómo garantizar este derecho? En un mundo que debate entre si son mejores los sistemas de salud basados en el aseguramiento privado o los sistemas públicos, nuestra experiencia en países como Bolivia, Guatemala, Perú o El Salvador nos dice que si queremos evitar la exclusión es desde lo público desde donde debemos trabajar.

Lidia Morales es una compañera guatemalteca que lleva años trabajando en la transformación del sistema público de salud de su país. Lidia forma parte de un grupo de profesionales conscientes de que el sistema público de salud no estaba enfocado a las necesidades de la población y cubría sólo a una pequeña parte: Mujeres en edad fértil y menores de 5 años. Esto hacía que la población se viese obligada a asumir gastos catastróficos en salud, que les hundían más en el círculo de la pobreza.

Estos profesionales se hicieron una pregunta: ¿Cómo conseguir hacer más accesible el derecho a la salud para todas las personas? Empezaron así a trabajar, con el apoyo de medicusmundi, en un modelo de salud integral e incluyente, pensado desde lo público, que tiene en cuenta las necesidades y creencias de la población y que ha venido dando muy buenos resultados en las zonas donde se ha trabajado. Tanto, que hace poco el gobierno de Guatemala ha decidido hacer suya esta forma de entender la salud y la ha convertido en política pública.

Aunque a la población guatemalteca le queda un largo camino por recorrer para poder disfrutar de unos servicios de salud como los de nuestro país, es un gran paso adelante, que contrasta con el camino que estamos recorriendo en España a la inversa: de la inclusión a la exclusión: Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, las personas en situación administrativa irregular que vivían en España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Pero no sólo ellas: También se ve afectado un amplio porcentaje de personas con ciudadanía comunitaria y escasos recursos, según denuncia la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER). Esta red tiene documentados ya 2.496 casos de vulneraciones del derecho a la atención sanitaria en nuestro país desde su creación hace dos años.

Cuando le contamos esto, nuestra compañera Lidia, desde el respaldo que dan los años que lleva trabajando contra la exclusión sanitaria, nos dice: “Lo que podemos decir a Europa es que apostar por la salud pública es lo más justo y económico”.

Francisco José Vega (medicusmundi)

[1] Texto de la exposición de medicusmundi “El reto de la Equidad en Salud”. Autora: Maite Pérez Larumbe


Sin Igualdad de Género no se puede luchar contra la pobreza

Sobrevuela nuestras mentes la posible imagen de 5 chicos abusando sexualmente de una chica mientras ríen, bromean y lo graban con sus teléfonos. A día de hoy el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o terceras personas. Al menos esa violencia hoy indigna. Al menos hoy, la violencia sexual, y a veces incluso otras formas de violencia física, son públicamente condenadas. Es cierto que este tipo de violencia contra mujeres y niñas es actualmente una de las más graves y escalofriantes pandemias globales. Sin embargo, no es la única.

Este sistema machista y patriarcal, desde sus entrañas hasta su cara más bonita, esconde y libera #DemasiadasViolencias contra las mujeres: la desigualdad salarial, el distinto acceso a los recursos públicos, el monopolio del poder político del hombre o la impuesta cultura de los cuidados también son, entre otras, formas de violencia que desde la familia, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad, las tradiciones, la cultura o la religión, mantienen a la mujer relegada a un segundo papel, acosada, cosificada, despreciada e infravalorada: violada.

#DemasiadasViolencias es nuestro llamamiento a visibilizar todas las formas de desigualdad social, económica, política e intersectorial que sufren las mujeres aquí y en cualquier parte del mundo. Porque cualquier manera de arrebatarnos nuestro poder y nuestra libertad es sin duda una forma de violencia.

La pobreza es femenina

En la actual Semana de lucha de contra la Pobreza queremos poner en énfasis la Justicia de Género porque la construcción de un mundo más justo será feminista o no será. Aunque sin duda, la lucha por la Igualdad de género es un fin en sí mismo, es imprescindible subrayar que sin ella no habrá fin para la pobreza.

El género es uno de los mayores determinantes de la pobreza y las cifran son sin duda escandalosas: 7 de cada 10 pobres en el mundo son mujeres, aunque las mujeres son la mitad de la población mundial; menos de un 25% de parlamentarixs son mujeres; a nivel global el tiempo que las mujeres dedican a trabajo no remunerado es 10 veces superior al de los hombres; en el sur de Asia y en el África Subsahariana más del 80% de las mujeres tienen trabajo precarios… #DemasiadasViolencias es el resultado de un sistema patriarcal en el que las estructuras permiten a los hombres apropiarse del poder y el control sobre las mujeres. Un sistema donde no hay espacio para que ellas puedan realizarse. Un sistema lleno de violencia.

En situaciones de limitación de recursos naturales, las mujeres, que paradójicamente son las que más dependen de ellos, son las que menos acceso tienen. Sus condiciones de vida se ven exponencialmente más empeoradas y la violación de sus derechos fundamentales se hace más frecuente. La crisis climática en la que nos encontramos es también un factor clave hacia el empobrecimiento de la mujer.

Reivindica la Justicia de Género

Desde el ámbito político hasta el social y económico hay que hacer una llamada a la reconstrucción de los pilares de nuestras estructuras. Hombres y mujeres debemos trabajar para que estas puedan recuperar el control y el poder en todos los ámbitos de nuestra vida y liberarnos de las #DemasiadasViolencias que nos afectan.

  • Indígnate, denúncialo en tus redes con el hashtag #DemasiadasViolencias, comparte este contenido o crea el tuyo propio, no te calles ante tanta injusticia.
  • En InspirAction, al igual que en otras organizaciones, luchamos cada día por un mundo libre de pobreza. Con nuestro trabajo desafiamos las conductas y prácticas que discriminan por motivos de género, desde aquellas que dañan física y psíquicamente a las mujeres hasta creencias que impiden que las niñas vayan a la escuela. Si quieres conocer en mayor detalle la situación de la Igualdad de Género en el mundo, nuestro trabajo o qué puedes hacer tú, infórmate o suscríbete para recibir más información sobre Justicia de Género.

 Cristina Porras, técnico de comunicación de InspirAction