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Financiación al desarrollo y agenda post 2015 #FfD3

El próximo mes de julio, los gobiernos del mundo se reunirán en Abdis Abeba para acordar una nueva agenda de financiación para el desarrollo. Será la III Conferencia Internacional que se tenga sobre esta materia, después de las celebradas en Monterrey (2001) y Doha (2008).  Se trata de una Conferencia en la que se intentará llegar a acuerdos que garanticen que habrá los suficientes recursos financieros y medios de apoyo para cumplir con los compromisos de la Agenda de Desarrollo post-2015, que será aprobada en septiembre de 2015.

Este dossier estudia algunos de los aspectos relevantes de la agenda de desarrollo ya que son de interés para un amplio espectro de sectores sociales interesados en la acción de desarrollo y en la promoción de la equidad internacional.

Todo sugiere que se trata de una agenda universal -con compromisos para todos los países cualquiera que sea su nivel de desarrollo- y ambiciosa –tanto por el espectro de temas que aborda como por los objetivos que se propone-. Por ello, para hacer efectiva esa agenda se requerirá de un importante esfuerzo internacional para movilizar los recursos y las capacidades disponibles y promover los cambios de política necesarios para que los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) se logren alcanzar.

De entre todos los temas que se abordan en el estudio de referencia, se han elegido seis de especial relevancia. El artículo 1 elaborado por José Antonio Alonso, donde se plantean alguna de las bases deseables sobre las que hacer descansar la agenda de financiación; el artículo 2, elaborado por Carlos Garcimartín, explora las posibilidades que brinda la fiscalidad en los países en desarrollo; el artículo 3, discute los avances que deben realizarse en el ámbito de la cooperación fiscal internacional para acabar con la evasión, los flujos ilícitos y la opacidad 5 en materia fiscal; el artículo 4, de Verónica López Sabater, estudia las posibilidades asociadas a la cooperación reembolsable de carácter financiero; el artículo 5, de Jorge García Arias, discute la relevancia de los mecanismos innovadores de financiación, con especial atención a los impuestos de carácter global; y, finalmente, el artículo 6, de Iliana Olivé y Aitor Pérez, se dedica a analizar el papel de la inversión directa en la financiación del desarrollo.

Descarga el documento aquí.

 

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#ITF para Salud, Educación y lucha contra el Cambio Climático

Y sin embargo

PROYECCION SKS


La desigualdad no es inevitable #Bad2014

Hablar de igualdad es hablar de las oportunidades que debe tener toda persona de vivir una vida digna, de escoger su futuro, de ser dueña de su destino, independientemente de dónde haya nacido, sin que el país, el barrio, el hogar, la raza, la religión o el sexo sean un freno a su libertad. La desigualdad restringe esas oportunidades, y hace que las personas que viven en situaciones de pobreza y vulnerabilidad necesiten ayuda para vivir. En ausencia de políticas de educación, salud y protección social que actuen como palanca para garnatizar la igualdad de oportunidades, la sociedad no sólo abandona a las personas que viven en pobreza hoy, sino que además condena a los niños y las niñas que nancen en hogares pobres a crecer en la misma situación.

Detrás de casi todas las desigualdades – de género, de etnia, etc.-, suele haber una componente de desigualdad económica que es determinante. Esta desigualdad económica, de ingresos y de riqueza, entre personas muy ricas y personas con pocos recursos, ha aumentado de manera exponencial en las útlimas décadas. Ya antes de la crisis, el grueso de los beneficios del crecimiento económico fueron a parar a manos de las personas más ricas de planeta, mientras que las personas con menos recursos se llevaban una porción cada vez menor de la riqueza generada. Hoy en día, 7 de cada 10 personas en el mundo viven en un país donde la desigualdad económica es mayor ahora que hace 30 años. La mitad de la riqueza mundial está en manos de tan sólo el 1% de la población o, dicho de otra manera, las 85 personas más ricas del planeta (según la lista Forbes) tienen tanta riqueza como la que se reparte la mitad más pobre de la población, esto es, 3.500 millones de personas. Estos niveles de desigualdad no son sólo éticamente cuestionables, sino que también suponen un lastre para el crecimiento económico, para la capacidad que tiene dicho crecimiento de servir para reducir la pobreza y para el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Es imposible seguir avanzando en la lucha contra la pobreza si no se aborda el problema de la desigualdad. Por su parte, es muy difícil que los sistemas democráticos sean verdaderamente representativos y defiendan los intereses de la mayoría de la población, cuando los niveles de desigualdad son tan elevados; cuando unas pocas personas acumulan tanta riqueza y poder.

La buena noticia es que la desigualdad extrema no es inevitable. Una ciudadanía activa y unos Estados eficaces, con Gobiernos que respondan a las necesidades de sus ciudadanos, pueden y deben actuar para revertir la desigualdad actual. Es posible haverlo si los Gobiernos ponen en marcha sistemas fiscales justos, donde todas las personas y empresas contribuyan en función de su capacidad y riqueza real, y que recauden de manera sostenible lo suficiente para financiar las políticas públicas que garantizan los derechos sociales y la igualdad de oportunidades: la educación y la asistencia sanitaria universales, gratuitas y de calidad para todas las personas, y la protección social para aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas en plenitud. La ciudadanía debe implicarse en los procesos políticos, que nos afectan a todos, cumplir con sus obligaciones para hacer valer sus derechos, y exigir a las instituciones públicas y privadas una gestión y una rendición de cuentas transparente. Son necesarias políticas urgentes que equilibren la situación, a través de la aplicación de políticas que redistribuyan el dinero y el poder de manos de las élites a las de la mayoría de la población.

La extrema desigualdad actual perjudica a todos. Es hora de adoptar medidas para crear un sistema económico y político más justo. La ciudadanía debe exigir a sus Gobiernos que adopten políticas que favorezcan la redistribución de riqueza y el poder, que sienten las bases de una nueva sociedad más justa.

Teresa Cavero, Oxfam Intermón


Derechos humanos y fiscalidad: un binomio necesario #EstoSiEsRiqueza

En España, la pobreza y la exclusión social se han disparado estos últimos cuatro años. Aun así se sigue sin abordar políticamente la injusticia que supone que una parte de las fortunas particulares y los beneficios de las grandes empresas engorden sus cuentas en paraísos fiscales, y que otra parte se agrupen en formas jurídicas que les eximen de sus obligaciones fiscales (las SICAV). La vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales está relacionada con la no redistribución de la riqueza o, en otras palabras, con los bajos niveles de presión fiscal y las estructuras impositivas sustentadas básicamente en impuestos indirectos (como el IVA o los impuestos especiales).

La crisis económica y de sistema ha puesto de relieve las muchas contradicciones entre las obligaciones contraídas a nivel internacional y su traducción en las políticas concretas de defensa y promoción de los derechos humanos. Los presupuestos de las administraciones han reducido de manera alarmante en los últimos años todas las partidas relacionadas con los derechos humanos: sanidad, educación, cooperación internacional… y tampoco han respetado los principios de equidad y progresividad con los que debería regirse el sistema fiscal, que constituye la base del artículo 31.1 de la Constitución española.

La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, advertía en 2013, en un consulta a los gobiernos que conforman Naciones Unidas para evaluar el régimen fiscal de los Estados, que «la política fiscal es relevante en la consideración de las cuestiones de derechos humanos y la extrema pobreza. Los bajos niveles de ingresos fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales». No es sólo el sentido común que nos dice que una fiscalidad justa nos enriquece y favorece al conjunto de la población, es Naciones Unidas, organización de la que se dotaron los propios estados para mantener la paz y la seguridad internacionales y garantizar los derechos humanos, quien nos lo recuerda.

La demanda de promover la movilización de recursos vinculada a los derechos humanos es antigua. Ya en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogía: «Cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».

En los últimos años, la ciudadanía, mediante mareas y plataformas varias, ha denunciado la gestión de la crisis, el aumento de las desigualdades y la supeditación de los derechos a los intereses de los mercados. Pero también ha elaborado propuestas para aumentar el gasto público, obteniendo los recursos necesarios a partir de los impuestos con criterios de justicia, igualdad y progresividad.

Es ahora que el Congreso discute los presupuestos, cuando la presión ciudadana es más necesaria que nunca para exigir una fiscalidad justa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, bajo los principios de transparencia y participación social. Es responsabilidad de las organizaciones sociales garantizar el control ciudadano permanente y constante, para asegurar una redistribución real, mediante reformas fiscales reales, que no eluda las responsabilidades de los estados en la promoción de los derechos humanos

Eulàlia Reguant i Cura, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global


A Brasil le han robado el Mundial #MundialDaDesigualdade

Hoy dará comienzo el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. Durante un mes millones de personas tendrán su mirada fija en las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. Cada partido nos traerá ilusión, tensión, nervios, alegrías, esperanza, victorias… Cada imagen, cada pase, cada gol nos podría hacer sentir felices, afortunadas.

Pero el Mundial de Fútbol 2014 no podrá traer justicia, igualdad, derechos ni futuro porque antes de que hubiera si quiera empezado, los brasileños y brasileñas ya habían perdido la oportunidad de mejorar sus vidas con el evento.

Brasil se está convirtiendo cada vez más en un país de contrastes, de desigualdad. La economía crece consiguiendo que Brasil sea la séptima economía del mundo en 2013. 7ª en economía pero 10ª en desigualdad. En las calles de Brasil, 37 millones de personas (casi el 20% de la población) viven en la pobreza incapaces de beneficiarse del “desarrollo” que experimentan las vidas de sus vecinos. 37 millones de personas[i] se despiertan cada mañana en la pobreza viendo cómo a su alrededor crecen estadios de fútbol, avenidas y pabellones deportivos.

Eventos deportivos como el Mundial de Fútbol pueden traer grandes beneficios para todos los habitantes de un país. Que ocurra o no, es solo cuestión de Voluntad política. Y en Brasil 2014, no la ha habido. La FIFA y sus empresas asociadas se aprovecharán de exenciones fiscales que harán que Brasil pierda entre179 millones de euros y 322 millones de euros (según el propio Tribunal de Cuentas de la Unión).

Fifa_Img-Redes_v07ALas exenciones fiscales no son ilegales e incluso, gestionadas de forma transparente y con criterios muy claros, pueden ser una buena herramienta para el desarrollo de un país. Pero cuando se conceden de forma abusiva pensando solo en el interés único de las empresas, las exenciones y los incentivos fiscales solo sirven para socavar la recaudación de los impuestos actuales y futuros de los países. Se convierten en un desincentivo para los contribuyentes y legitiman la evasión y elusión de impuestos.

Las exenciones fiscales pueden acarrear la pérdida de ingresos esenciales para mejorar los servicios básicos de un país. Con esos más de 200 millones de euros que enriquecerán los bolsillos de la FIFA y sus empresas asociadas, Brasil podría haber mejorado su sistema educativo, su sanidad y en general sus servicios sociales, reivindicaciones que la sociedad brasileña lleva tiempo demandando.

Por ello, varias organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina coordinadas por la organización española InspirAction, se han unido bajo la campaña Las Jugadas de la FIFA, para pedir a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, que se comprometa a no volver a aprovecharse de este tipo de exenciones fiscales.

El futuro de muchos países de América Latina, África, Asia e incluso Europa (y por supuesto España) se está viendo lastrado por el uso abusivo e injustificado de esta herramienta. El Mundial de Fútbol es solo un ejemplo más pero también puede ser un primer ejemplo para demostrar que se puede jugar de otra manera.

Si quieres apoyar esta campaña firma aquí.
Consulta este documento para conocer más sobre las exenciones fiscales concedidas a la FIFA.

 

[i]Según la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), en 2012, el 18’6% de la población de Brasil vive en la pobreza. Fuente: http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=e


El café que te ayuda a dormir mejor

Agnes, Precious, Martha Catalina, Vitoria…son algunas de las productoras que he podido conocer en sus pequeños campos de café en el Sur de Uganda y en el Norte de Nicaragua. Mujeres luchadoras, mujeres que trabajan mucho. En el cultivo de café, la temporada de cosecha significa un gran esfuerzo para las mujeres campesinas. Muchas veces este trabajo no les he reconocido. Muchas veces estas parcelas están muy lejos de los centros de acopio. Hay que recorrer caminos tortuosos. Las necesidades en sus casas son muchas. El precio del café está cayendo, los precios de los insumos necesarios al cultivo suben. Tal vez habrá que sacar las niñas del cole. Se necesita dinero ya. Para muchas de las familias campesinas el cultivo de café y su venta significan dinero en efectivo que se utiliza sobretodo en educación y sanidad.

Agnes, Precious, Martha Catalina, Vitoria…son afortunadas. Van a vender sus cosechas a través de las cooperativas ACPCU (Ankole Coffee Producers Cooperative Union) y Aldea Global y lo harán bajo condiciones de comercio justo.

La diferencia más evidente entre el sistema de comercio justo y el convencional es el precio que los campesinos reciben por su producción. Los agricultores que venden sus cosechas a través del comercio justo reciben un precio por su café que, como mínimo, les permite una vida digna y es fijado por la Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO). Este precio mínimo intenta garantizar que los productores y las productoras puedan cubrir sus costes medios de producción sostenible. Este precio mínimo actúa como una red de seguridad en los momentos en que los precios en el mercado mundial sean inferiores a un nivel sostenible.

Estoy segura que Agnes, Precious, Martha Catalina, Vitoria, recibirán un buen precio para sus cosechas y también que su participación en la cooperativa les aporta muchos más beneficios. Siendo cooperativistas participan en las asambleas y votan. Su opinión es tenida en cuenta, las gente de la comunidad las miran en otro modo, ellas mismas se miran en otro modo.

En la asamblea decidirán como invertir la prima social, un dinero extra que la cooperativa recibe para la venta del café y que se dedicará a proyectos que beneficiarán toda la comunidad. Se construyen letrinas, se mejora la infraestructura de la escuela, se mejora el camino que lleva al puesto de salud. Cambios que mejorarán la vida de muchos.

El cultivo del café requiere mucho cuidado. Los técnicos de las cooperativas recorren los caminos con sus motos para formar los cooperativistas sobre técnicas de cultivo sostenible: aumentar la productividad, proteger las plantas de plagas y de los efectos del cambio climático. El resultado es un café de gran calidad, con un aroma único, porque sabe de justicia y dignidad, de mujeres que sueñan con un futuro mejor.

Para que más personas puedan sumarse al sueño  y beneficiarse del comercio justo es fundamental que más consumidores se sumen y elijan los productos de comercio justo. Harán que Agnes, Precious, Martha Catalina, Vitoria y muchas más personas tengan un futuro mejor.

El café significa para estas mujeres una vida mejor, para los consumidores de café el café puede ayudarnos a dormir mejor. Con un pequeño gesto podemos apoyar las familias campesinas que producen el café que compramos. Para esta razón hemos lanzado la campaña El café que te ayuda a dormir mejor. Esta campaña busca la complicidad de las redes sociales y por ello pide a los usuarios de Facebook, que entren la aplicación “Manda tu perfil a dormir” en el Facebook SoyActivista  https://www.facebook.com/SoyActivista/app_1383235191921095

y además de difundir el mensaje,  podrán participar en el sorteo de café de comercio justo gratis para todo un año y que te llevemos el desayuno a la cama, para ti y para sorprender a quien tú quieras. Para saber más os animamos a seguir #cafeparadormir y http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/campanas-educacion/noticia/cafe-que-te-ayuda-dormir-mejor

 

Simona Basile, Responsable de Sensibilización Comercio Justo de Oxfam Intermón


#ITFya reclama la inclusión del #ITF en la Reforma Fiscal

La Plataforma ITFYA y por la desaparición de los paraísos fiscales, ha enviado una carta a D. Manuel Lagares, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria.

El objeto de esta carta es “mostrarle nuestra petición de que se incluya en su Informe la conveniencia de que se implante en nuestro país el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y que se eliminen aquellas posibilidades de alimentar paraísos fiscales, o la elusión fiscal, en algún caso propiciadas por la propia legislación nacional y sus figuras tributarias“.

La Plataforma informa al Sr. Lagares que ” En esos estudios comentados, se calcula que serían 5.000 millones de euros anuales en España la recaudación de ese impuesto con unas bases imponibles amplias y unos tipos muy pequeños”. Además, señala que ya hay dos países europeos que tienen implantado el ITF obteniendo recursos para sus Presupuestos, Francia e Italia. 

Descargar la carta aquí.