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Paz y seguridad: la regulación de los minerales de conflicto #AED2015

Son muchos los asuntos presentes en la agenda internacional relativos a la paz y a la seguridad. En este momento presenta la mayor actualidad el tema de los minerales de conflicto.

¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen de las piezas de tu móvil? ¿O sobre las personas que trabajan en la extracción de minerales que componen las piezas de tu ordenador?

Muchos de los minerales con que se fabrican nuestros productos electrónicos se extraen en zonas de conflicto, a menudo bajo condiciones de explotación y violencia. Su comercio ha contribuido durante décadas y contribuye a financiar y alimentar algunos de los conflictos más brutales del mundo y graves violaciones de derechos humanos. Estos minerales pueden terminar en tu teléfono móvil, tu ordenador o tu coche, sin que tú lo sepas.

Cada año, entran en la Unión Europea minerales por valor de millones de euros. Sin controles. Sin preguntas de cómo se han extraído o si su comercio ha alimentado conflictos en Colombia o en República Democrática del Congo o en República Centro Africana, dejando cientos de miles de personas desplazadas.

En muchas zonas del mundo marcadas por la guerra, la explotación y el comercio de los recursos naturales permite obtener financiación a grupos armados, culpables de graves abusos contra la población. Muchas empresas europeas se abastecen de recursos naturales extraídos de estas zonas de conflicto o de alto riesgo.

Empresas europeas y de todo el mundo están alimentando la violencia con sus compras en perjuicio de los derechos humanos, de la paz y del desarrollo. Con nuestro consumo y nuestro ahorro podemos estar contribuyendo a la guerra en estas partes del mundo. Los minerales de conflicto o minerales de sangre se pueden encontrar en nuestros ordenadores, nuestros teléfonos, nuestros automóviles.

No es este un asunto en el que solo estén implicadas empresas europeas. Podemos hablar de veinte fundiciones europeas afectadas. Sin embargo, la gran mayoría de los minerales en cuestión pasa a través de Asia Sur-Oriental donde son procesados antes de ser importados a la Unión Europea. En el mundo hay 320 fundiciones a las que atañe el tema. Esta dimensión mundial del comercio de los minerales de conflicto debe ser contemplada para el éxito de cualquier normativa.

En Europa, alertada por ciudadanos europeos, la Comisión Europea ha propuesto un texto de ley para garantizar el abastecimiento responsable de los minerales que las empresas utilizan cuando se abastecen de zonas de conflicto. Este texto de ley, aprobado el 14 de abril por el INTA (Comisión de Comercio Internacional) se debe discutir ahora en mayo ante el Parlamento Europeo.

El objetivo anunciado del proyecto de reglamento es el de romper el vínculo entre los recursos naturales y los conflictos, como es el caso de la parte oriental de la República Democrática del Congo donde desde hace quince años, mutilaciones, asesinatos, violaciones, esclavitud y desplazamientos masivos son perpetrados contra la población por parte de grupos armados que se financian en gran parte gracias a las riquezas del subsuelo.

Hay que valorar positivamente la existencia de una propuesta de normativa obligatoria europea en este asunto. Sin embargo, desgraciadamente el texto propuesto es ampliamente insuficiente y no atiende los deseos de muchos ciudadanos que han firmado la campaña e-acción. Son tres los principales motivos para esta insatisfacción.

En primer lugar, el reglamento es voluntario para las empresas afectadas, pues no requiere de las empresas involucradas transparencia en sus cadenas de suministro sino que simplemente las “alienta” a ser transparentes. Para que el comercio de estos minerales no sirva para financiar la guerra es necesario un sistema obligatorio.

En segundo lugar, además, la Comisión Europea limita la regulación a cuatro minerales (oro, estaño, tantalio y tungsteno). Esta limitante menosprecia el hecho de que hay muchos otros recursos naturales que contribuyen a financiar abusos contra los derechos humanos en el mundo, como lo son: el cobre, el jade y los rubíes de Birmania; el carbón en Colombia o los diamantes en Zimbabue y en la República Centroafricana.

Por último, en tercer lugar, el reglamento limita su alcance a sólo 480 empresas europeas. Las exigencias deberían ser compartidas por las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro para garantizar el respeto de los derechos humanos.

En definitiva, las repercusiones de este reglamento en el terreno y sobre las poblaciones afectadas corren el riesgo de ser mínimas. La regulación que ahora se propone por el INTA no impedirá que los recursos naturales extraídos, a través de prácticas abusivas, entren en los ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos vendidos por las empresas europeas y utilizados por los ciudadanos europeos.

El reglamento propuesto se presenta ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en mayo (del 18 al 21 de mayo). Es una oportunidad clave para mejorar el proyecto de ley que fue votado, el 14 de abril, por los diputados de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) y que no es suficiente para detener el sufrimiento y la violencia vinculada a la extracción de recursos naturales en muchos países.

¡Exijamos de los eurodiputados un voto a favor de un reglamento eficaz que contribuya a la restauración de la paz!

Francisco Javier Alonso Rodríguez, Justicia y Paz

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Salida de la plaza, próxima parada #24M. El tren de la participación continuará…

Artículo original aquí (http://congdextremadura.org/salida-de-la-plaza-proxima-parada-24m-el-tren-de-la-participacion-continuara/)

Hace una semana que empezó la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas. Esta campaña da comienzo en un contexto donde la ciudadanía siente que ha perdido el control sobre sus representantes políticos/as, estamos inmersas en una profunda crisis de la democracia tradicional representativa, y una creciente demanda ciudadana de transformación hacia una democracia más directa.

¿Y por qué está ocurriendo esto? Podríamos relacionarlo con la gran desafección política motivada por el papel que juegan los partidos políticos y la administración, que no están dando respuesta a las necesidades reales de la sociedad. Descrédito incrementado además por los continuos casos de corrupción y de tráfico de influencias trasmitidos por algunos medios.

Cada cuatro años la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto, participar y cambiar lo que no quiere, lo que no gusta, lo que no cree justo. Este año necesitamos participar más que nunca, demandamos a los partidos políticos programas que integren la vida de las personas, trabajos dignos, salud y educación para todas las personas y que se luche contra la pobreza y las desigualdades con una perspectiva integral y global. Necesitamos integrar todo esto desde el ámbito estatal, regional y municipal y con una mirada al mundo, a esos países y comunidades donde trabajan nuestras organizaciones sociales, cuya labor se ha visto muy mermada en los últimos años. La búsqueda de alternativas para la transformación social pasa por:

– El compromiso personal y social en nuestros pueblos y ciudades, así como el desarrollo de una cultura de la participación.

– Una mirada global que incluya la cooperación y solidaridad con los pueblos del mundo, como compromiso indiscutible e indispensable al vivir en una realidad interdependiente.

– Una educación transformadora que fomente una ciudadanía global crítica y activa.

– La inclusión permanente de una perspectiva de género como cambio de modelo, que ponga en valor las diferencias y la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
Nuestro gran objetivo es que la Cooperación y la Educación para el Desarrollo sean una política social más y que el mensaje de enfrentamiento de “pobres de aquí contra pobres de allá” sea totalmente eliminado, vivimos en mundo global y todas las personas deben tener las mismas oportunidades, demandamos un compromiso por los derechos humanos. Necesitamos más que nunca un Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad.

El 15M fue un momento culmen donde saltaron a las calles todas estas propuestas, donde muchas de nosotras, personas individuales integrantes de ONGD y Asociaciones Sociales, nos sumamos e integramos en aquella marea de indignación en la que se alzó la voz en serio, sobre las demandas que ya veníamos trabajando desde hacía años. Vemos en este día una buena ocasión para refrescar nuestras propuestas y retomar la participación como herramienta imprescindible, porque lo personal es político.images - copiaY tras el 15M, el 24M nos recuerda que vivimos en una democracia representativa, donde algunas personas son la cabeza visible de las demandas y necesidades de una parte de la sociedad, o así debería ser. Sin embargo, no queremos que aquí acabe todo, no pensamos que sea suficiente con ir a votar cada cuatro años, no podemos mirar hacia otro lado y dejar la gestión de nuestras vidas, de nuestros pueblos y ciudades en manos sólo de esos representantes políticos.
Cada vez somos más las voces que proponemos que es necesaria la participación ciudadana en la vida pública, es necesario que la voz de la ciudadanía sea escuchada e integrada en la toma de decisiones, asumiendo múltiples fórmulas para una participación real. Por su parte los gobiernos locales y regionales deben comprometerse y tener voluntad política para generar cauces de participación ciudadana, entre todas debemos perseguir un desarrollo territorial y social equilibrado y la mejora permanente de la calidad de vida de todos/as sus ciudadanos/as.
Para que esto se lleve a cabo necesitamos conformar un nuevo escenario donde la participación de la ciudadanía sea efectiva, y para que esto se de verdaderamente es necesario poner en marcha procesos educativos que generen cultura de la participación, y que las necesidades de la ciudadanía sean contempladas en políticas públicas diseñadas por todos y por todas. No sólo queremos hacer aportaciones a políticas de partidos políticos ya diseñadas sin tenernos en cuenta, queremos estar y construir de abajo a arriba, queremos una democracia más directa.


Derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos #EstoSiEsRiqueza

El mundo 2014. En Jordania, una niña siria de trece años es casada contra su voluntad con un hombre diez años mayor que ella para aliviar la situación económica de su familia. En Irlanda una mujer muere porque la legislación no le permite interrumpir un embarazo de riesgo. En Bolivia una mujer indígena camina durante horas para llegar a la clínica más cercana para dar a luz. Y en Camerún una mujer con cinco hijos quiere prevenir el siguiente embarazo pero no tiene acceso a anticonceptivos.

La pobreza no es sólo, o incluso principalmente, un concepto económico. La pobreza está íntimamente relacionada con la falta de poder de decisión sobre nuestras propias vidas y cuerpos. Es no tener oportunidades ni poder elegir. En este sentido, la violación de los derechos sexuales y reproductivos es a la vez causa y consecuencia de la pobreza y su pleno ejercicio un requisito indispensable para poder acabar con ella.

Las cifras, aunque conocidas, no pueden dejar indiferente a nadie. Más de 60 millones de niñas en el mundo están casadas, 1 de cada 3 contra su voluntad. 47.000 mujeres al año pierden la vida debido a abortos inseguros – la inmensa mayoría de ellas en países donde el acceso a abortos legales y seguros está restringido por ley. 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles durante el embarazo y el parto y 220 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces a pesar de querer evitar el embarazo.

Lo que se esconde detrás de estas cifras tiene consecuencias económicas y sociales incalculables, no sólo a nivel individual, sino para la sociedad en su conjunto. Una niña que se hace madre a los 14 años difícilmente puede seguir con los estudios o incorporarse al mercado laboral. Una pareja pobre con más hij@s de l@s que desea tener no logra hacer frente ni a los gastos más básicos y aún menos invertir en la educación y salud de l@s niñ@s. Y una mujer que muere en el parto es, sencillamente, irremplazable.

Se han hecho avances significativos durante las últimas décadas, pero  la realidad es que son insuficientes y la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo en gran medida inacabada, con serias amenazas de retrocesos por parte de los fundamentalismos más recalcitrantes. Ahora es el momento de actuar. Estamos ante una oportunidad única. El año que viene los gobiernos del mundo se reúnen para definir la nueva agenda post-2015 y si queremos lograr un desarrollo justo, equitativo y sostenible una de las prioridades tiene que ser  garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para tod@s.

Esperemos que los gobiernos estén a la altura del reto. Porque yo sueño con otro mundo. Un mundo en el que una niña de trece años acaba sus estudios y tiene libertad para decidir si quiere casarse o no. Un mundo en el que una mujer tiene derecho al aborto legal, seguro y accesible. Un mundo en el que una mujer indígena acude al centro de salud de su comunidad para dar a luz de la forma más cómoda. Y un mundo en el que una madre de cinco hijos tiene acceso fácil a métodos anticonceptivos si no quiere aumentar la familia. Porque poder decidir sobre nuestros propios cuerpos: #EstoSiEsRiqueza.

 Sandra Johansson, Coordinadora de Derechos de las Mujeres en Alianza por la Solidaridad


17 de octubre: día para la erradicación de las causas de la pobreza

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La movilización y la protesta contra la inmensa injusticia de la pobreza debe ser firme y continuada.

Un motivo cotidiano para levantarse pronto y guiar nuestro comportamiento: es intolerable que mueran diariamente de hambre y desamparo miles de seres humanos al tiempo que se invierten más de 3000 millones de dólares en armas y gastos militares.

“Fingí que no sabía / …y ahora queda mi conciencia / insomne / noche y día”. Sabemos. Y haremos de la lucha contra la injusticia social, la exclusión y la pobreza permanente razón de vida.

¡Pobreza cero!

Federico Mayor Zaragoza


Día Mundial de la Alimentación #BAD2014

Manifiesto de Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas en el Día Mundial de la Alimentación

Hoy, Día Mundial de la Alimentación, constatamos que 805 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo.

A pesar de la tendencia positiva en la disminución del hambre recogida en el último informe de la FAO, todavía una de cada nueve personas sufre desnutrición crónica, mientras que en el mundo se desperdicia el 30% de todos los alimentos producidos.

En esta Jornada, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas volvemos a sumar nuestros esfuerzos en el marco de la campaña global “Una sola familia humana, Alimentos para todos” para RECLAMAR el derecho de todos los seres humanos a una nutrición suficiente, sana y adecuada, como parte esencial de una vida digna.

DESDE NUESTRA FE en Dios, Señor y dador de vida y de toda la Creación, y DESDE nuestra opción evangélica y preferencial por los más pobres y vulnerables, inspirada en una ética de la solidaridad que promueva la creación de estructuras sociales justas,

REAFIRMAMOS NUESTRA DEFENSA del destino universal de los bienes, incluidos los alimentos, así como el uso responsable de los recursos naturales.

SOMOS TESTIGOS, por nuestro trabajo de acompañamiento a las comunidades más olvidadas de todo el mundo, de las urgentes necesidades y la vulneración de los derechos humanos de quienes han sido definidas por el Papa Francisco como “víctimas de la cultura del descarte”.

Por todo ello, en esta jornada hacemos un llamamiento a la ciudadanía a COMPROMETESE con la realización efectiva del derecho a la alimentación de todas las personas.

Por eso os invitamos:

  • A mantener un estilo de vida basado en el consumo responsable y sostenible, que evite el desperdicio de los alimentos, por sus efectos ambientales y su repercusión en el alza de los precios, y que en definitiva incide en la inseguridad alimentaria de los más vulnerables.
  • A pedir a los poderes públicos y representantes políticos que:
  • Sitúen, tanto a nivel estatal como europeo, el Derecho a la Alimentación en el centro de las estrategias de Gobierno y lo protejan de los intereses del mercado cuando éste intente utilizar los recursos de la tierra, el agua, las semillas y el trabajo en beneficio de unos pocos.
  • Acometan el objetivo de Acabar con el Hambre en la nueva agenda de desarrollo “Post 2015”, dado que el hambre es la manifestación más extrema de la pobreza.
  • Respalden un modelo agrícola sostenible, destinando al menos un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la agricultura familiar y dando prioridad a la producción de alimentos sobre el cultivo de agrocombustibles y actividades intensivas que conllevan la degradación de los ecosistemas.
  • Implementen un marco regulador que evite la inflación del precio de los alimentos y su desperdicio, en cualquiera de las etapas de producción y consumo.
  • Incluyan a agricultores, pescadores artesanales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) como socios expertos en la lucha contra el hambre a la hora de diseñar políticas públicas, definir líneas de financiación y acometer la regulación de los mercados.
  • Apoyen la consecución de un acuerdo internacional para frenar el cambio climático, que dé pie a modelos más sostenibles de producción de energía y de alimentos, y a contar con la financiación adecuada para facilitar la adaptación de las comunidades más vulnerables a sus efectos negativos.

16 octubre de 2014, Día Mundial de la Alimentación.


Calidad de vida, estado de bienestar y buen vivir #EstoSíEsRiqueza

A excepción de teorías liberales o neoliberales muy estrictas, no es del todo habitual en la actualidad, fundamentalmente cuando se hace referencia al aspecto más teórico y al discurso políticamente correcto encontrar en Europa, quien cuestione abiertamente el estado de bienestar para la obtención de una calidad de vida en su población, parece que su interrelación no es demasiado cuestionada. Europa siempre se ha caracterizado por ser el continente de la denominada “clase media”, con un índice Gini de desigualdad considerablemente más bajo que en otros puntos del planeta. Pero vivimos tiempos convulsos, inmersos en una crisis que ha sacado a la luz, teorías político económicas de toda índole y por ello, los cuestionamientos al modelo vigente son cada vez más frecuentes. Es cierto que el contexto tal vez, ha posibilitado que determinados sectores expongan abiertamente su idea de un estado excesivamente protector, con un sistema público social insostenible, acusando a la ciudadanía de abusar de los beneficios del mismo, como un mero ejercicio de picaresca, como si la voluntad de la mayoría de las personas, fuera simple y llanamente esa, subsistir sin ambiciones, deseos, voluntades y dicho sea de paso, algunas comodidades. El gran lobby de los estados europeos han sido los intereses empresariales, hasta el punto de que en la actualidad, son los mercados, quienes toman libremente las grandes decisiones políticas.

Vivimos en un sistema que radica en un modelo organizado social y económicamente al servicio de los mercados, y con ello al servicio del beneficio económico, pero de las élites excluyendo del mismo a la mayoría. La clave puede estar por lo tanto en la transición de un modelo basado en una lógica excluyente de acumulación del capital, a un modelo que tenga por objetivo la organización de la vida en común basado en el buen vivir, en la sostenibilidad de la vida. Este sistema de organización alternativo que proponemos se plantea y replantea desde su raíz, cual es la vida que merece la pena ser vivida, y cómo nos organizamos colectivamente para su sostenimiento, bajo los paradigmas de la universalidad, es decir, esas condiciones de vida digna para todas las personas (no sería factible asegurar nuestra calidad de vida a costa de la vida de otras personas) pero respetando la singularidad, es decir la diversidad de cada realidad social.

En este nuevo sistema basado en el buen vivir, donde hablamos de una vida que merece la pena ser vivida, aparece el debate del cuidado, de ese cuidado invisibilizado en el sistema vigente, negando así la realidad de mujeres que cargan a sus espaldas las tareas de cuidado de manera silenciada, gratuita, privada y no reconocida. Madres, abuelas, hijas, sobrinas y en ocasiones mujeres extranjeras contratadas en la denominada economía sumergida, son las que mantienen la arquitectura del cuidado, como si este fuera una realidad a esconder, negando así el hecho evidente de que todas las personas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y con mayor o menor intensidad, vamos a ser susceptibles de ser cuidadas, pero el mero hecho de ser personas. En una vida que merece la pena ser vivida, valoramos el cuidado, porque lo necesitamos y valoramos a quien lo ejerce, reconociendo esa labor, porque las personas somos y debemos ser lo primero. En este punto confluirían por tanto, la calidad de vida, el estado de bienestar y el buen vivir… cualquier definición es factible si pone a las personas en el centro y nos garantiza los pilares para construir una vida que merece la pena ser vivida.

Irene Molero Gurrutxaga, Plataforma ZERO Pobrezia Donostia


Robar alimentos a quienes pasan hambre #StopAcaparamiento

Entrada por Carlota Jimenez de Andrade y Arantxa Freire

Las ONGs occidentales hemos cambiado. Luchar contra la pobreza no significa sólo atacar las consecuencias de la pobreza y repartir alimentos sino denunciar las causas que la provocan.

Una de ellas es el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras, también conocido en inglés como “land grabbing”. Esto es la compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos que se destinan a la exportación o para la producción de agrocombustibles.

En la mayoría de los casos se están transfiriendo tierras destinadas al cultivo de alimentos, lo cual pone en peligro la ya debilitada capacidad de la población campesina para producir su comida.

¿Qué es el acaparamiento?

La riqueza de los países occidentales en los últimos siglos fue posible, en parte, agracia a la colonización de África. Doscientos años después, vivimos una nueva colonización de las tierras, ya no bajo regímenes políticos explotadores sino bajo el imperio de las transnacionales.

Se trata de empresas que invierten vendiendo “desarrollo” cuando en la mayor parte de los casos producen justo lo contario: desplazamiento de poblaciones campesinas forzado de sus tierras de cultivo, la imposibilidad de acceder a tierras, cambios en los precios de los alimentos de mercados locales, erosión de sus medios de vida, etc.

Desde al año 2000 la compra masiva de tierras ha supuesto la compraventa de 83,2 millones de hectáreas, lo que supone un 1,7% de la tierra cultivable sobre el planeta. En su mayor parte estas transacciones se han realizado a partir del 2008, cuando se disparó el precio de las materias primas, que no olvidemos, cotizan en bolsa.

El caso de Agrogeba

Agrogeba es una compañía agrícola española que llegó a la región de Sare Djae y Tchutcho, en Guinea Bissau en 2010 para cultivar arroz local y venderlo a precios bajos. Todo suena muy apropiado en un país donde 2/3 de la población sufren hambre crónica. El problema es que, según la población local, la llegada de la empresa española sólo ha creado más hambre, enfermedades y peores condiciones de vida para las mujeres que antes cultivaban esas tierras. 600 personas fueron expulsadas de sus tierras sin previo aviso.

Sin título

Según la empresa, todo es perfectamente legal. La tierra es propiedad del Estado y las negociaciones se realizaron en 2010 con el primer ministro de Guinea (ahora exiliado y cesado). El informe realizado por Alianza por la Solidaridad e Intermon Oxfam “Marca España: inversiones que generan pobreza” explica que la autoridad local recibe periódicos pagos por parte de la empresa para mantener la situación de ocupación.

Lo que sí está demostrado es que la empresa no ha cumplido sus promesas sociales: la construcción de una escuela, entrega de máquinas para el cultivo a los habitantes de la región o, lo que es más grave, la comercialización del arroz a un precio más bajo que el arroz importado.  Ante ello se limita a alegar falta de beneficios.

Las condiciones laborales por su parte son más que cuestionables, porque a los trabajadores no se les hace contrato y muchas veces se les sustituye el salario por arroz. Las familias han tenido que eliminar una de las 3 comidas diarias que hacían tras la llegada de Agrogeba. Vemos como mientras los inversores consideran la tierra como una forma de invertir, para los africanos es muchas veces su única fuente de alimento y de vida.

¿Cómo se para esto?

“En primer lugar es necesario  introducir la perspectiva de coherencia de políticas en las inversiones en África. Las embajadas y las Cámaras de Comercio no pueden hacer la vista gorda antes los impactos sociales y ambientales de nuestras empresas aunque esto les de beneficios”, explica Almudena Moreno, responsable de la campaña de Inversiones Responsables en Alianza por la Solidaridad.

Además es necesario seguir trabajando en los países en Leyes de Tierras que promuevan en consentimiento de las comunidades afectadas antes de ceder las tierras a manos extranjeras. Y que se cumplan. Por otro lado, los tratados internacionales que afectan a las inversiones de empresas en adquisición de tierras deben contar con medidas punitivas en caso de vulneración de derechos, porque son, hasta ahora con lo que se cuenta es con directrices voluntarias.

La rentabilidad de estas empresas la pagan los afectados. “La hipocresía de la comunidad internacional me enfurece”, comenta Lazaro Bustince, director de la Fundación Sur. “Todas estas charlas de derechos humanos, constituciones, respeto  se convierten en hipocresía. Están hablando de derechos humanos cuando los esclavizan y empobrecen. La gente no es pobre, se la empobrece. La gente no es esclava, se la esclaviza”.

Frente a la especulación sobre los precios y el acaparamiento de alimentos fomentados por las empresas transnacionales de la alimentación y los fondos de inversión, movimientos como Vía Campesina defienden que el sistema agroecológico de producción de alimentos a pequeña escala es el que da la mejor respuesta a las demandas del presente y del futuro

Desde las ONG debemos trabajar para acercar estas problemáticas a la ciudadanía, para impulsarla a ser motor de cambio y acompañarla en ese camino. Pues también las ONG necesitan de una sociedad civil activa que exija a sus representantes políticos el cumplimiento de sus compromisos internacionales, los derechos humanos a nivel global y un mundo más justo, más solidario e inclusivo.

Organizaciones como Alianza por la Solidaridad, Amigos de la tierra, Ecologistas en Acción, Veterinarios sin Fronteras o Intermon Oxfam fomentan campañas de lucha contra el acaparamiento de tierras y recogen testimonios de las atrocidades que se están cometiendo.

Ser rentable es el objetivo principal de las empresas. Lo que no podemos permitir, como sociedad, es que el enriquecimiento de unos sea a costa de la pérdida de los derechos de otros.

#Stopacaparamiento: por unas inversiones responsables que no generen hambre y pobreza