Mercedes Ruiz-Giménez – AIETI
En el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres unimos nuestras voces a las de millones de mujeres y niñas a lo largo del mundo para exigir el derecho a VIVIR y disfrutar de una vida digna y libre de violencias machistas. Gritamos con fuerza y con indignación ¡NI UNA MUERTE MÁS!
La prevención, atención y erradicación de todas las expresiones de violencias contra la mujer es un deber de todos los Estados – tanto en el ámbito local, como en el estatal y en el internacional. Un reto que se enmarca también en la actual Agenda de los ODS 2030.
Urgen políticas públicas, con presupuestos previsibles y suficientes, en cuya construcción participen las mujeres y los movimientos feministas. Conseguir soluciones a las múltiples manifestaciones de las violencias de género pasa por enfoques integrales. Debe garantizarse el fin de los asesinatos en cualquier lugar del mundo –España, Europa, África, Asia o América. Ningún país está libre de esta barbarie contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.
Juntas somos más fuertes
Hace una semana se celebró en Madrid el “III Seminario Internacional sobre violencias contra las mujeres. Feminicidios en América Latina y Caribe-Unión Europea y Estado Español”. El encuentro reunió a un gran número de mujeres y organizaciones feministas; y personas defensoras de los derechos de las mujeres. Llegaron desde América Latina, Europa y distintas ciudades del Estado Español.
Con nuestro trabajo colectivo queremos fortalecer la articulación entre las redes feministas y de defensa de los derechos de las mujeres para generar propuestas y acciones frente al feminicidio y la discriminación que ponen en riesgo de muerte a las mujeres. En este espacio se dio a conocer la Alianza por una Cooperación Feminista Global[1], que apuesta precisamente por esta línea de trabajo.
Una vez más posicionamos el Feminicidio como una lacra y un fenómeno creciente que en la mayoría de los países goza de impunidad. El feminicidio es la más brutal expresión de la discriminación de género y el resultado de la prevalencia de la violencia contra las mujeres. El análisis y búsqueda de soluciones para este “fenómeno social” ha sido y es una de las acciones que ha preocupado a las organizaciones feministas y de derechos humanos en los últimos años.
Feminicidios: la impunidad no puede ser la norma
Centenares de mujeres son asesinadas en América Latina y el Caribe por una sola razón: su género. Los feminicidios han crecido en la región en los últimos años y lo más grave es que 98 por ciento de los casos permanecen impunes. El Informe «Prevenir los Conflictos, Transformar la Justicia, Garantizar la Paz», (ONU, abril 2016) alerta de la grave situación provocada esa ausencia de justicia.
14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios son de América Latina y el Caribe. Guatemala, El Salvador y Honduras figuran con unos de los índices más altos del planeta y en Argentina, México y Perú también se reportan cifras alarmantes.
Como respuesta, y por la acción permanente de organizaciones de mujeres y feministas, se han desarrollado -sobre todo en América Latina-, acciones de incidencia para generar herramientas normativas que contribuyan a sancionar y prevenir estos crímenes de género.
El Convenio de Belén do Pará, de 1995, incorporó el derecho a una vida libre de violencia. Fue la primera vez que un documento de tales características incluía esta cuestión. En el marco de este Convenio, 15 países[2] de América Latina ya han introducido el feminicidio como tipificación o agravante. A pesar de los pasos dados, aún hay muchos retos por delante. Queda pendiente crear bases de datos que permitan elaborar estadísticas de violencia contra las mujeres; garantizar el acceso a la justicia; asegurar recursos para la implementación de medidas –incluida la prevención. Queda pendiente también garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participan en el sistema; esta es una de las lecciones que hemos aprendido en el camino.
¿Qué ocurre en España?
En España no está tipificado el feminicidio. Entre los vacíos normativos que presenta la Ley vigente (Ley Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género), se encuentra el hecho de no se registrar asesinatos de mujeres fuera de la relación de pareja o ex – pareja.
El número de asesinatos de mujeres ha a aumentado en España. Además, los recortes en prevención, atención y justicia especializada en violencia de género han debilitado la protección de las mujeres. Esta situación ha provocado numerosas movilizaciones de las organizaciones feministas; la más multitudinaria se celebró en 2015. En todas ellas se ha reivindicado ante todo que la violencia contra las mujeres sea asumida como un asunto de Estado.
El último tratado aprobado en esta materia es el Convenio de Estambul. Ratificado en 2011, España está obligada a adoptar su normativa que, entre otras cosas, llama a ampliar la ley a todas las formas de violencia contra las mujeres. Recientemente, el 14 de septiembre, se aprobó una comisión en el Congreso para modificar los aspectos de la Ley que no se adaptan al Convenio. Las organizaciones feministas estaremos atentas a este proceso.
En los próximos días nuestras calles se llenarán de movilizaciones sociales contra la violencia de género. Nos sumaremos a las que se han producido en Argentina (2015), Brasil y Perú (2016) bajo el lema ¡Ni una menos!
Y seguiremos gritándolo por toda América Latina, España, Europa…
[1] A inicios de 2014 organizaciones diversas de cooperación decidimos crear esta alianza para fortalecer nuestro carácter feminista y nuestra apuesta por incorporar la perspectiva de género de manera transformadora en nuestros procesos de cooperación internacional y de educación, tanto en nuestra realidad más cercana como en otros continentes. La Alianza por una Cooperación Feminista Global la componemos: AIETI, CEIM, Cooperacció, Entrepueblos y Mugarik Gabe.
[2] Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Argentina y Venezuela establecen el homicidio agravado por razones de género en su legislación
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