Archivo mensual: mayo 2017

El desarrollo sirve a los objetivos del control migratorio

Autor BOB VAN DILLEN BRUSELAS, 17 de mayo, 10:53

(Traducción: Celia Rico)

La Unión Europea está a punto de adoptar una serie de propuestas para reorientar su política sobre desarrollo con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contribuir a «la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, de manera irreversible, en todas partes y sin dejar a nadie atrás».

Sin embargo, en lugar de reforzar su compromiso con la Agenda 2030, el nuevo Consenso sobre Desarrollo de la UE da la impresión de ser otra nueva propuesta de políticas que ponen la gestión de la migración y el control de las fronteras en el centro de la cooperación al desarrollo.

El pasado mes de noviembre, las ONG dieron una cauta bienvenida a las propuestas de la Comisión Europea encaminadas a realizar una revisión en profundidad del marco en el que se engloban las políticas al desarrollo de la UE y que deberían guiar los esfuerzos de la UE al desarrollo hasta 2030.

A pesar de la retórica de que Europa se toma en serio el acabar con la pobreza y la desigualdad, una de nuestras primeras preocupaciones fue que había una serie de propuestas previas de la UE en política para la cooperación con terceros países que, sin embargo, daban prioridad a cuestiones locales a corto plazo, incluidos los objetivos con respecto a la migración.

Estamos preocupados en extremo porque estos objetivos de política se han incluido ahora en el nuevo Consenso sobre Desarrollo de la UE.

Basándose en el Marco de asociación en materia de migración con terceros países, la UE acordará el uso de la cooperación al desarrollo y sus políticas, instrumentos y presupuestos para la promoción de la gestión de la migración y el control de fronteras.

La Cooperación al Desarrollo se verá también condicionada a la cooperación de los países socios en las áreas de retorno, readmisión y reintegración de sus ciudadanos. Mientras tanto, la UE está dispuesta a llegar a un acuerdo para «maximizar las sinergias y ejercer su influencia poniendo en práctica todas las políticas relevantes e instrumentos de la UE, incluidos el desarrollo y el comercio».

consenso

Un cambio alarmante

Este cambio de foco resulta alarmante y se muestra también en las nuevas propuestas para la Asociación Estratégica UE-África, que se acordaron el pasado noviembre en la Cumbre de Abidjan.

En estas propuestas, el énfasis de la Comisión Europea se puso «en el incremento de la intensidad de la cooperación en la gestión de las fronteras, en implementar medidas que gestionen los flujos migratorios en tránsito, de llegada y de salida, así como en el refuerzo de la cooperación para facilitar el regreso y la reintegración sostenible de los migrantes en situación irregular».

El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea propuso igualmente el refuerzo de los compromisos sobre migración adoptados en el Acuerdo de Cotonú, que se renovará en 2020.

Este acuerdo tenía como objetivo la integración de las políticas migratorias externas de la UE y el desarrollo de una cooperación operativa, centrada en «mecanismos de aplicación que mejoren la cooperación en el retorno y la readmisión así como en la implementación operativa de las obligaciones internacionales para la readmisión de los ciudadanos propios que no tengan derechos legales para permanecer en la UE».

Este mismo enfoque es el que está en el centro de la propuesta de la Comisión Europea para el Plan de inversión europeo para África.

Este proyecto se presentó el pasado mes de agosto como un plan global para contener la migración de África a Europa mediante la promoción del crecimiento económico, el empleo y el desarrollo del sector privado.

La idea que subyace es utilizar los 3.350 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para apoyar la inversión privada en África, estimada en 44.000 millones de euros, «como contribución clave para afrontar las causas primarias de la migración».

¿Se ha convertido la contención de la migración en uno de los principales objetivos de la UE en cooperación al desarrollo? Claramente esta postura contradice el Tratado de Lisboa, que establece que «la política de Cooperación al Desarrollo tendrá como objetivo primordial la reducción de la pobreza y su erradicación a largo plazo».

El hecho de sacrificar la ayuda al desarrollo para servir a los intereses de la migración a corto plazo llega en un momento en el que la implementación completa de la Agenda 2030 adquiere carácter urgente, especialmente si tenemos en cuenta los 750 millones de personas pobres y vulnerables, la mitad de las cuales viven en África, incluyendo los aproximadamente 20 millones en riesgo de hambruna.

En muchas zonas de África somos testigos de que la migración forzada y los desplazamientos tienen su causa en la pobreza y la injusticia, en la ausencia de gobernabilidad y estabilidad, así como en la sequía y en los accidentes medioambientales.

Son regiones en las que los niños mueren de hambre, los médicos de las áreas rurales no tienen medios para curar las enfermedades y decenas de miles de refugiados y personas desplazadas huyen de conflictos que traen la muerte y la persecución.

Cuál es la verdadera causa

Actualmente más de 65 millones de personas son desplazados que buscan un sitio donde sobrevivir.

Y no hay casi ningún debate acerca de la necesidad de ayudarles y afrontar la verdadera causa de la migración forzosa.

Sin embargo, hemos visto cómo los recursos de la ayuda al desarrollo, por ejemplo el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, no solo se han usado para la gestión de la migración y la contención de personas en los lugares en los que se encuentran sino que también se han desviado hacia los «países que producen migrantes».

En la práctica esto supone el cierre de los programas de desarrollo en países como Namibia o Malawi. Estos programas han hecho posible que los niños asistieran a la escuela o que pudieran ir al médico, que los pequeños agricultores triplicasen sus cosechas, todo gracias al acceso a las semillas y a los microcréditos.

¿Es así como Europa tiene previsto implementar la Agenda 2030 para acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás?

Aunque la mayoría de los migrantes forzosos permanecen en los países o las regiones vecinas, la llegada de grupos relativamente pequeños de personas a Europa ha llevado a la puesta en marcha de una serie de medidas para impedir que los migrantes entren en el territorio europeo, si bien también para dar la bienvenida y acoger a los que han conseguido entrar.

En varios Estados miembros de la UE el coste de la recepción de los refugiados se ha cargado al presupuesto para cooperación al desarrollo, fondos reservados, precisamente, para erradicar la pobreza y la desigualdad.

En los últimos años, países como Italia o Países Bajos han gastado entre el 25-30% de sus presupuestos para la ayuda al desarrollo en el primer año de la recepción de personas que solicitan asilo.

Es justo y necesario apoyar a los refugiados que llegan a Europa. Sin embargo, cuando el país donante es al mismo tiempo el principal receptor de la ayuda al desarrollo, ¿no estaremos haciendo las cosas al revés?

Es importante que nos demos cuenta de que la mejora de los controles fronterizos no va a resolver las verdaderas causas de la migración forzosa y los desplazamientos.

La cooperación al desarrollo y la AOD no deberían usarse, por lo tanto, para acometer los objetivos en materia de migración.

De hecho, la ayuda al desarrollo tiene su propio papel para conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad mediante la promoción de transformaciones sostenibles a largo plazo que beneficiarán a todos y, muy especialmente, a las comunidades y países más pobres del mundo.

Bob van Dillen  es Oficial de políticas y advocacy de Cáritas Europa


Súmate a la campaña #VenidYa

http://www.oxfamintermon.org/minisites/venidya/shared-counter.html

#VenidYa es una campaña con el objetivo de que España cumpla su compromiso y acoja a 17.387 personas refugiadas

  • 20 Junio – 1.499 reasentadas de Turquía, Líbano o Grecia que tienen que llegar antes del 20 de julio de 2017.
  • 26 Septiembre – 15.888 reubicadas de Italia o Grecia que tienen que llegar antes del 26 de septiembre de 2017.

A pesar de las campañas, movilizaciones y del respaldo de una gran parte de la ciudadanía, el Gobierno español no está cumpliendo sus compromisos y en marzo de 2017 solo había acogido a un 6% de los refugiados.

Exigimos que se respete el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y los compromisos asumidos. Una manera de exigirlo es mediante un contador de tiempo con cuenta atrás que muestra los días, horas, minutos y segundos que quedan hasta la fecha final del 26 de septiembre.

Todas las entidades, organizaciones y plataformas que se sumen a la iniciativa, comparten el contador de tiempo como un elemento común, y están de acuerdo en exigir que se cumpla el compromiso de acogida del Gobierno español.

 


Eslabones de la cadena: trabajadoras en el sistema de producción global

Este 1º de mayo, día del trabajo, las organizaciones sindicales del mundo, los y las trabajadoras por todo el globo, y la sociedad civil afín, han salido a las calles a reivindicar empleo estable, mejores salarios, pensiones dignas y más protección social, como pilares para un desarrollo sostenible e inclusivo. Éste lema, alineado con la recientemente adoptada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos y metas se encuentran la protección social, el empleo decente, la igualdad de género, la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, ha protagonizado las movilizaciones en España, y en muchas otras latitudes del planeta.

La vocación internacionalista y solidaria de las organizaciones sindicales permite que las reivindicaciones realizadas en un país, sean también representativas de las demandas de las y los trabajadores de otros puntos del globo. Así, el 1º de Mayo permite solidarizarse con aquéllos y aquéllas trabajadoras menos visibles, menos representadas y organizadas, en concreto, las personas insertas en las cadenas de valor mundiales[i], o cadenas mundiales de suministro[ii], sobre las que se producen constantes violaciones de sus derechos más básicos, no sólo laborales, sino humanos. En este ámbito, queremos centrar la mirada, con un enfoque de género basado en derechos humanos, sobre las mujeres y niñas que trabajan en estas cadenas, muchas veces en condiciones de explotación infantil, llegando a la esclavitud.

Las cadenas mundiales de suministro (CMS) emergen a finales de los años 60, con la crisis de beneficios de las empresas, que provoca un movimiento de deslocalización de la producción de los países desarrollados a los países en desarrollo, creándose un régimen de producción y distribución con un sistema descentralizado de redes que atraviesa países y continentes. Los países en desarrollo facilitaron ese movimiento, incentivándolo a través de legislaciones laborales débiles y sistemas de protección social muy limitados, lo que ha tenido un impacto muy negativo en el desarrollo sostenible, y sobre la igualdad de género.

El factor principal que originó este movimiento fue y sigue siendo la diferencia salarial entre unos países y otros. Si además tenemos en cuenta no sólo las diferencias salariales (brecha salarial) existentes entre hombres y mujeres, sino también la división sexual del trabajo, con la segregación laboral[iii] vertical[iv] y horizontal[v], y la invisibilización de las tareas de cuidado y de reproducción, como características estructurales del sistema, es fácil adivinar que las mujeres trabajadoras son las que mayormente se han visto afectadas por la expansión de las cadenas de suministro, precarizándose drásticamente sus condiciones de vida y trabajo.

En los últimos 20 años este modelo se ha expandido, adoptando políticas laborales flexibles,  formas menos seguras de empleo, y trabajo precario. ¿Cuál ha sido el impacto sobre las economías de los países en desarrollo? Su integración en las cadenas de suministro no ha supuesto un mayor desarrollo sostenible ni inclusivo, más bien lo contrario. La industria extractiva en África (similar fenómeno se da en América Latina) supone la retirada a amplia escala de los recursos naturales del continente para su exportación, generalmente por y para el beneficio de empresas del Norte. A pesar de que este tipo de industrias jueguen un papel muy importante en África, en realidad crean un empleo marginal, sólo para unos pocos trabajadores y trabajadoras, muchas veces expatriados desde los propios países de las empresas madre.

Otra problemática conexa es la informalización del mercado de trabajo. En algunos países en desarrollo, más del 90% de la población activa se encuentra en la economía informal.  Las condiciones de trabajo son a menudo peligrosas, con salarios por debajo de los mínimos legales, y con inadecuada o inexistente protección social. Esta situación se agrava entre las trabajadoras que prestan sus servicios desde casa (homeworkers), modalidad muy extendida en Asia,  como forma de producción para las cadenas de suministro en la industria del vestido y calzado. Estas mujeres soportan todos los costes y riesgos de su trabajo, se encuentran aisladas, y sus salarios son muy a menudo arbitrarios.

Las industrias donde se encuentran estas trabajadoras son principalmente el textil y confección (vestido y calzado), donde representan más de ¾ partes del sector, con niveles elevados en los países en desarrollo, 90% en Camboya, 85% en Bangladesh, 70% en China y 63% en Jordania. En el sector Turismo, las mujeres constituyen el 70 % de la mano de obra, sobretodo en puestos de nivel inferior. Respecto a la agricultura y floricultura,  aproximadamente el 45%, con trabajadoras poco o nada calificadas en granjas y plantaciones en África, Asia, Europa Oriental y Central y América del Sur. En los call-centers, las mujeres constituyen un 50% de la población activa en el sector.

Su trabajo se caracteriza por ser precario, es decir, temporal, ocasional, parcial, peor remunerado e invisibilizado. La falta de protección social, en particular de los derechos de maternidad de estas trabajadoras es generalizada, lo que provoca despidos por embarazos, e incluso abortos forzados. Además, los efectos de largas horas de trabajo, cargas excesivas y cortos plazos de entrega de los productos, provocan graves consecuencias sobre su salud, tanto física como psíquica. Estas situaciones se dan en condiciones de trabajo inseguras, por insalubridad de las instalaciones, hacinamiento y peligros en los centros de trabajo, que han llegado a provocar graves incendios y derrumbes, como el sucedido en el Rana Plaza de Bangladesh en noviembre de 2012, con la muerte de miles de trabajadoras.

Un fenómeno aún menos conocido es el Sumangali[vi], expresión en dialecto indio que significa “mujer felizmente casad”. Se trata de “la contratación de menores de 18 años, en general de 15 a 18 años, pero también en algunos casos de 12 a 15, habitualmente por un plazo de 3 años (que puede llegar a 5), con salarios por debajo de los mínimos fijados por la legislación india, que viven aisladas en fábricas alejadas de los núcleos habitados, con la promesa de una cuantía económica, “dote”, que percibirán al termino de su contrato a fin de que “puedan” contraer matrimonio y vivir “felizmente casadas” (I.Boix y V. Garrido, Secretaría de Internacional de Industria de CCOO y Coordinación en IndustriALL para el Acuerdo Marco con INDITEX).

Frente a nociones como la Responsabilidad Social Corporativa, sistema completamente voluntario del que se dotan algunas empresas, existen otro tipo de mecanismos que tratan de regular la actividad de las empresas multinacionales, guiándolas hacia el respeto a los derechos humanos en su actividad. Se trata de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales[vii], y de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas[viii]. Sin embargo también presentan limitaciones, en base a su falta de vigencia global, y ausencia de eficacia y facilidad en los procedimientos de denuncia ante violaciones de derechos. Otro tipo de mecanismos eficaces son los Acuerdos Marco Globales, negociados entre los sindicatos mundiales (federaciones Internacionales) con las empresas multinacionales para la rendición de cuentas de estas últimas sobre las condiciones laborales en sus operaciones globales. Normalmente estos acuerdos se encuentran basados en los principios y normas de la OIT, e incluyen procedimientos a seguir en caso de violaciones de derechos. Sin embargo, su obligatoriedad depende aún de la voluntad de la empresa de comprometerse en ello.

Tanto desde las NNUU[ix] como desde la OIT[x] se están promoviendo debates que tratan de guiar la acción hacia la adopción de un Tratado, en el caso de NNUU, y de un Convenio o Recomendación, en el caso de la OIT, sobre las empresas multinacionales y su actividad a través de las cadenas globales de suministro, para garantizar el respeto de los derechos humanos. Tanto las NNUU como la OIT parten del reconocimiento de graves fallos a todos los niveles de las cadenas de suministro que han provocado graves déficits de trabajo decente, en particular para las mujeres trabajadoras. Durante estas discusiones se ha subrayado que:

  • Los gobiernos deben promover el diálogo social, la libertad de asociación y la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales de personas trabajadoras y las empresas.
  • Los agentes sociales deben comprometerse en iniciativas concretas, que crucen las fronteras, y que sean vinculantes, como los Acuerdos Marco, y las empresas deben llevar a cabo sus actuaciones con la debida diligencia vis a vis de los derechos humanos.

Más amplias discusiones serán necesarias hasta lograr el compromiso de todas las partes implicadas, gobiernos, empleadores y personas trabajadoras y sus organizaciones, en la adopción de un instrumento internacional vinculante que haga frente a esas violaciones de derechos humanos. En paralelo, la promoción y garantía de la libertad de asociación entre personas trabajadoras, en particular de las mujeres, y su coordinación en redes internacionales es clave para que su voz se haga oír, y sea respetada.  Los enfoques participativos para involucrar a los/as trabajadores/as en la discusión y el diálogo, incluyendo la negociación colectiva y las políticas de recursos humanos, son cruciales para hacer frente a las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro.

Las organizaciones sindicales, como legítimas representantes de trabajadores y trabajadoras, a través del diálogo social[xi] y de la negociación colectiva, son un mecanismo útil y eficaz en la consecución de mayor reconocimiento y protección de derechos. Es por tanto que se necesitan organizaciones sindicales fuertes y democráticas, donde las trabajadoras estén adecuadamente representadas, para defender sus derechos, luchar contra la discriminación y alcanzar mayores cotas de igualdad.

Ofelia De Felipe Vila, Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD

[i] Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La fragmentación de los procesos de producción y la dispersión internacional de sus tareas y actividades han hecho surgir sistemas de producción carentes de fronteras en forma de cadenas secuenciales o complejas redes de carácter mundial, regional o bilateral. Estos sistemas suelen denominarse “cadenas de valor mundiales”.

[ii] Según la OIT: “Por “cadena mundial de suministro” se entiende toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios”.

[iii] La segregación laboral tiene su origen en la división sexual del trabajo : las mujeres tradicionalmente han ocupado el espacio privado y desarrollado tareas y actividades en este marco, como el cuidado y la atención de otras personas, el mantenimiento del hogar y de los pequeños cultivos incorporados a la vivienda, la provisión de elementos necesarios como el agua y la leña, etc, mientras que los hombres se han dedicado de forma general al trabajo productivo, en el espacio público, lo que implica tanto los trabajos remunerados como la actividad política y social.

[iv] La “segregación vertical”, se refiere a la desigual distribución de mujeres y hombres en las posiciones jerárquicas dentro del mismo sector ocupacional e incluso dentro de las mismas empresas, tendiendo las mujeres a ocupar los puestos de menor escala jerárquica o funcional, y consecuentemente recibiendo los salarios más bajos.

[v] La “segregación horizontal” hace referencia al grado en que mujeres y hombres se encuentran en diferentes sectores de actividad o sectores ocupacionales. Se observa como los sectores en los que se concentran la mayoría de mujeres se caracterizan por brindar pocas oportunidades de promoción profesional, peores remuneraciones y menor prestigio social.

[vi] Ver Informe “Sumangali: una manifestación de brutal explotación laboral” por Isidor Boix y Víctor garrido, de la Secretaría de Internacional de Industria de CCOO y Coordinación de Industriall para el Acuerdo Marco con Inditex: http://www.industria.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o112716.pdf

[vii] Ver sitio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

[viii] Ver sitio web de Naciones Unidas: http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

[ix] Resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2014 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, ver sitio de NN: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9

[x] Comisión para el Trabajo Decente en las Cadenas mundiales de suministro, ver sitio de la OIT: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/supply-chains/lang–es/index.htm

[xi] “El diálogo social como motor e instrumento de gobernanza del desarrollo Sostenible”, documento temático de la OIT y CSI: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_issue_paper_-_social_dialogue_development_es.pdf