«Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo»

De la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Experta de la ONU pide a España “un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos”

GINEBRA (29 de abril de 2014) – “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, declaró hoy la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

“España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, recalcó la Sra. Sepúlveda.

La experta expresó sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló recomendaciones parecidas en 2012.

“El Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”, dijo la Sra. Sepúlveda al señalar que “el parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”.

La Relatora Especial de la ONU agradeció al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta, pero indicó que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, destacó la experta.

Sra. Sepúlveda advirtió: “El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.

La experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.

La experta de derechos humanos de la ONU se vio alentada por la información recibida que indica que las autoridades locales y los profesionales de la salud siguen suministrando atención sanitaria en muchos casos. Sin embargo, advirtió al Gobierno que eso no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó la experta.

“No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, dijo.

La experta recordó que el Tribunal Constitucional español trató recientemente la legislación promulgada en Navarra. El Tribunal señaló que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por “la sola consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Magdalena Sepúlveda (Chile) fue nombrada Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en mayo de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como Relatora Especial, la Sra. Sepúlveda es independiente de cualquier gobierno u organización. Para más información sobre el mandato y las actividades de la Relatora Especial, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

ONU Derechos Humanos, página de país – España: http://www.ohchr.org/SP/Countries/ENACARegion/Pages/ESIndex.aspx

 

Las acciones que necesitamos para el futuro que queremos #Post2015

Las acciones que necesitamos para el futuro que queremos (Tarjeta roja de la sociedad civil)

(Texto original en inglés aquí)

Durante el pasado año, las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo de diferentes campos de trabajo han seguido de cerca las deliberaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre la agenda de desarrollo post 2015 . Hemos recibido invitaciones para contribuir a través de Internet o consultas personales y hemos estado sugiriendo alternativas de Desarrollo, análisis y recomendaciones generales en todo este proceso.

A pesar de estos esfuerzos, estamos alarmad@s de que en las discusiones sobre el post-2015, poco parece estar en marcha para revertir la tendencia de «seguir haciendo lo mismo de siempre» y que la ONU está a punto de perder la oportunidad de transformar el círculo vicioso actual de Desarrollo centrado en el crecimiento económico que sólo alimenta las desigualdades, inequidades, la degradación ambiental y la marginación y no en un círculo virtuoso donde los derechos humanos y la justicia prevalezcan. A pesar de la declaración del Secretario General de la ONU que «nadie se quedará atrás «, los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] no están en camino de ser construidos en las prioridades esenciales para una agenda global post-2015, en concreto sobre derechos humanos y dignidad para todas y para todos.

En la Declaración del Milenio, los gobiernos se comprometieron explícitamente a «promover … el respeto de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos (…), incluido el derecho al Desarrollo [y] (…) a luchar por la plena protección y promoción en todos nuestros países de los derechos civiles, derechos políticos, económicos, sociales y culturales para todos y para todas.» Es inaceptable que en este momento de la historia de la ONU, a pesar de todos los acuerdos y compromisos que afirman la interrelación de todos los derechos, todavía haya una desconexión peligrosa entre desarrollo y derechos humanos.

Esto significa que la lección más importante de los ODM todavía no se ha aprendido: que el Desarrollo Sostenible es imposible a menos que los derechos humanos estén en el centro como un pilar fundamental de las sociedades vibrantes, iguales y prósperas. El progreso en los derechos de las personas y la igualdad de género en la agenda de desarrollo requiere una atención crítica para los interconectados e indivisibles derechos sexuales, reproductivos y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por otra parte, para ser realmente eficaz e integrador ante las actuales desigualdades en el mundo, la agenda post-2015 debe centrarse en una justa distribución de los beneficios del desarrollo, considere y se comprometen a la creación de un entorno macroeconómico favorable para el logro de los objetivos de desarrollo y garantizar que los derechos humanos son la base de todos los esfuerzos de desarrollo.

El nivel actual de las desigualdades es un insulto y, como ciudadan@s del mundo, no estamos de acuerdo con la inversión de recursos humanos y financieros de los gobiernos en la ONU para reafirmar simplemente lo acordado hace 20 años, o en el documento final de Río +20. Exigimos que se vaya más allá de estos compromisos y se establezca una agenda de desarrollo bien articulada e interrelacionada con los derechos humanos, con responsabilidades concretas para todas las partes implicadas en materia de políticas transparentes, programas  servicios. Esto significa nombrar a titulares de los derechos y a responsables de su cumplimiento, la identificación de las obligaciones de todas las partes, centrándose en la ejecución y la rendición de cuentas a través de medidas jurídicas, normativas y medidas institucionales para la realización plena de todos los derechos humanos para todas las personas. Significa prevenir cualquier tipo de sesgo cultural, étnica, de género, religioso u otros, la posible falta de reconocimiento de los derechos de ciertas categorías de personas y categorías de derechos cuando configuran el futuro.

No habrá sostenibilidad de cualquier modelo de desarrollo sin derechos humanos . Necesitamos y exigimos a los Estados miembro y organismos de la ONU que demuestren y sostengan el liderazgo y voluntad política necesarios para garantizar que la agenda de desarrollo post-2015 se basa en la plena realización de los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la justicia social para todo.

El futuro que necesitamos requiere acciones valientes para dar forma al futuro que queremos. Las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo están observando. Y tenemos la esperanza de que se nos escuche.

Súmate al texto aquí.

 

 

 

 

Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo

El Real Decreto- Ley 16/2012 (RDL) propone un cambio de modelo que nos lleva de la universalidad al aseguramiento, rompiendo de esta forma con una trayectoria que desde el establecimiento del Seguro Obligatorio de enfermedad en 1946, y pasando por hitos como la creación de la Seguridad Social en 1978 y la Ley General de Sanidad de 1986 que crea el Sistema Nacional de Sanidad, seguía una lógica de sucesiva ampliación de derechos. El RDL 16/2012 impone una regresión, y no solamente lo hace temporalmente, sino de una forma estructural, para asentar una nueva lógica de contribución y titularidad. Excluye a las personas inmigrantes en situación irregular de la atención normalizada e introduce una serie de medidas, entre ellas el copago, que hacen que la carga financiera se desplace de la comunidad solidaria a la persona enferma, un impuesto sobre la enfermedad.

Esta medida legislativa, no consensuada en el Parlamento ni en la sociedad, vulnera el Derecho la Salud de las personas que quedan excluidas del sistema.

Dado que son las CCAA las que tienen las competencias en materia de asistencia sanitaria, la aplicación a nivel autonómico de este Real Decreto-ley ha obligado a la puesta en marcha, muchas veces de forma rápida e improvisada, de diversas medidas que intentan dar respuesta a los problemas ocasionados por dicho norma estatal. Por lo general, son medidas orientadas básicamente a atender casos relacionados con la salud pública o que pueden adquirir cierta trascendencia mediática por su gravedad.

Estas actuaciones emprendidas por las CCAA son heterogéneas, ocasionando por ello importantes disparidades y desigualdades en salud dentro del territorio del Estado. Puede decirse que lo único que resulta constante y homogéneo en la aplicación autonómica de este Real Decreto-ley es la descoordinación y la desinformación. Las unidades administrativas de los centros de asistencia sanitaria no manejan el mismo tipo de información, incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma o Área Sanitaria. Podemos decir que la descoordinación y desinformación son la norma, independientemente del celo con que los y las profesionales del sistema sanitario desempeñan su trabajo.

Las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria se encuentran en una situación de enorme desamparo, no solo por no recibir asistencia médica cuando la necesitan, sino también porque no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos y de las distintas alternativas que las CCAA ponen en marcha para paliar los efectos más negativos del Real Decreto-ley. Siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitaria a menores y mujeres embarazadas cuando ésta es obligatoria; facturaciones de la asistencia sanitaria en urgencias aunque debe ser gratuita y universal; y numerosos casos de incumplimiento de las normas y procedimientos de los que se han dotado las propias CCAA para minimizar los efectos adversos del cambio legislativo.

No solo las personas inmigrantes sin permiso de residencia, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo. Las personas inmigrantes con y sin permiso de residencia y las personas con nacionalidad española han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias que viven en España hace que los copagos constituyan una barrera infranqueable para el acceso a los medicamentos, impidiendo con ello el acceso a tratamientos que podrían poner fin a sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad.

No puede dejar de señalarse otro efecto colateral de este Real Decreto-ley que es especialmente sangrante: la pérdida de oportunidades de que en el sistema sanitario se detecten casos de violencia de género. La exclusión del sistema sanitario de mujeres inmigrantes sin permiso de residencia impide que se beneficien de la situación privilegiada para la detección de maltrato que se da dentro de los centros sanitarios.

La efectividad de estos cambios del modelo sanitario habrá de ser evaluada cuidadosamente, pero por el momento puede decirse que la asistencia en urgencias es más costosa que garantizar una amplia cobertura de atención primaria y que reforzar las medidas de prevención y detección temprana.

Médicos del Mundo denuncia por todo ello que el Real Decreto-ley está teniendo unas consecuencias nefastas no sólo para la salud de toda la población que reside en España, sino también para la sostenibilidad del SNS y de los distintos Sistemas Regionales de Salud, y contribuye a acrecentar las desigualdades en salud en el territorio del Estado.

Por ello, Médicos del Mundo recomienda al Gobierno español que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de Universalidad de la asistencia sanitaria.

Por su parte, las CCA, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del SNS, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud:

• poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria;
• garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas;
• garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud;
• divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.

Médicos del Mundo también se dirige al personal sociosanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, animándoles a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012. Al conjunto de la ciudadanía le animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-ley 16/2012 impulsadas por gran número de organizaciones sociales.

Las medidas que han tenido que adoptar las CCAA para ejecutar el Real Decreto-ley son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios. Desde Médicos del Mundo consideramos que estas medidas no son más que “parches” que intentan solucionar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado el Real Decreto-ley. La única solución eficiente y razonable sería la derogación de este injusto Real Decreto-ley y la restauración de un sistema de asistencia universal, pública y gratuita para todas las personas residentes en España.

Carta abierta a Manuel Lagares sobre la #reformafiscal

La Alianza Española Contra la Pobreza ha enviado una carta abierta al Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ante el informe de esta comisión sobre la reforma fiscal.

Resulta significativo que no se mencione en ningún momento el delito fiscal llevado a cabo, generalmente, por personas o entidades de grandes recursos y a las que parece proteger el informe elaborado por ustedes. Resulta escandaloso que después de que la Unión Europea llamase la atención sobre la gravedad del fraude fiscal en España, tampoco se mencione en sus propuestas la necesidad de neutralizar el daño de los paraísos fiscales a los que solo se menciona una vez, de pasada.

Las reformas que propone la Comisión de Expertos “parece haber olvidado el Arto. 31.1 de la Constitución Española en el que dice  ‘Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica…’

La Equidad no ha sido uno de los objetivos de esta reforma, “cuando se preconiza la subida del IVA, especialmente del reducido, que va en detrimento de las personas menos favorecidas, cuando al mismo tiempo se desaconseja la implantación de un impuesto a las transacciones financieras, parecido a un IVA a las operaciones financieras o cuando se recomienda una bajada de la presión fiscal a las empresas o la eliminación del impuesto sobre patrimonio.”

Finalmente, consideran que “El sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es, por tanto, imprescindible conseguir un aumento de la recaudación, reducir el déficit y asegurar que existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad.” Y esperan “que la actuación del gobierno  resulte más responsable que la del ‘Comité de expertos”, cuyo posicionamiento es más “cercano a los actores más poderosos de nuestra economía, olvidando a las personas más vulnerables.”

Lee la Carta abierta al Presidente de la comisión de expertos-abril 2014

POR UNA REFORMA FISCAL JUSTA – propuestas de la Alianza Española contra la Pobreza (PDF)