La maldición de los recursos naturales #RiquezaqueEmpobrece

África pierde cada año 39.000 millones de dólares en impuestos que las compañías operadoras de petróleo y minerales dejan de pagar principalmente mediante los precios de transferencia entre sus filiales. Si este dato escalofriante del Africa Progress Report 2013, lo comparamos con la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada al continente en 2014, que es de unos 55.200 millones de dólares, podríamos preguntarnos si ¿explotamos o expoliamos los recursos naturales de África?     

Ese mismo informe denuncia que en solo cinco contratos de explotación de minerales, la República Democrática del Congo dejó de percibir un precio justo por sus recursos por valor de 1.400 Millones de dólares, el doble de su inversión anual en salud y educación. ¿Quién se beneficia de la riqueza natural africana?

Para la Campaña África cuestión de vida, cuestión debida, este expolio es una causa principal de empobrecimiento del continente africano, que hunde sus raíces en los patrones de producción y consumo occidentales que sustentan nuestro estado del bienestar.  Queremos contribuir a que la maldición de los recursos se convierta en una bendición para las poblaciones africanas.

Las claves para lograr este cambio son:

1. Cambiar nuestro modelo de consumo y producción occidental que está detrás de los mecanismos de expolio de los recursos naturales. Desde la Unión Europea, que solo produce el 3% de los minerales estratégicos para su producción industrial y tecnológica, la explotación de los recursos naturales de Africa, es una cuestión prioritaria de seguridad que asegura nuestras sociedades del bienestar. Como consumidores tenemos que ser conscientes de la relación directa entre la extracción de coltán por niños en la República Democrática del Congo y nuestro uso y consumo de teléfonos móviles. Igual ocurre con el petróleo, el aluminio, etc.
2. El consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones es imprescindible. Se trata de extender y asegurar para todas las poblaciones, algo que el derecho internacional ya reconoce para las poblaciones indígenas.
3. Pago de los impuestos debidos por los beneficios de la explotación. El combate de la evasión y elusión fiscal es fundamental.
4. La responsabilidad social efectiva de la Empresa: transparencia, información no financiera, el reporte integrado de las empresas incluyendo su cadena de valor y la sostenibilidad empresarial.  

 

Saludamos las recientes iniciativas legislativas de la Unión Europea dirigidas a fomentar y mejorar la transparencia de las empresas: la directiva de transparencia, que genera la obligación para las empresas con actividades de industria extractiva y forestal de realizar un informe por país sobre los pagos realizados a gobiernos. La directiva de información no financiera que obliga a las empresas de más de 500 trabajadores a informar sobre impacto ambiental de sus actividades; impacto social y sobre aspectos laborales; respeto DDHH, anticorrupción y sobornos; composición de órganos de gobierno. La propuesta de directiva sobre explotación de minerales en zona de conflicto.

 

Son pasos en la buena dirección, que aún están lejos de concretarse. Desde la Campaña “Africa cuestión de Vida, cuestión Debida”, trabajaremos para que estas legislaciones sean realmente efectivas y contribuyan a incrementar la transparencia en la explotación de los recursos naturales de África, que producirá una mejor gobernanza en los países africanos y una mejora en las condiciones de vida de su población.

 

Javier Sánchez Portela, Coordinador de la Campaña África cuestión de vida, cuestión debida

 

 

Derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos #EstoSiEsRiqueza

El mundo 2014. En Jordania, una niña siria de trece años es casada contra su voluntad con un hombre diez años mayor que ella para aliviar la situación económica de su familia. En Irlanda una mujer muere porque la legislación no le permite interrumpir un embarazo de riesgo. En Bolivia una mujer indígena camina durante horas para llegar a la clínica más cercana para dar a luz. Y en Camerún una mujer con cinco hijos quiere prevenir el siguiente embarazo pero no tiene acceso a anticonceptivos.

La pobreza no es sólo, o incluso principalmente, un concepto económico. La pobreza está íntimamente relacionada con la falta de poder de decisión sobre nuestras propias vidas y cuerpos. Es no tener oportunidades ni poder elegir. En este sentido, la violación de los derechos sexuales y reproductivos es a la vez causa y consecuencia de la pobreza y su pleno ejercicio un requisito indispensable para poder acabar con ella.

Las cifras, aunque conocidas, no pueden dejar indiferente a nadie. Más de 60 millones de niñas en el mundo están casadas, 1 de cada 3 contra su voluntad. 47.000 mujeres al año pierden la vida debido a abortos inseguros – la inmensa mayoría de ellas en países donde el acceso a abortos legales y seguros está restringido por ley. 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles durante el embarazo y el parto y 220 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces a pesar de querer evitar el embarazo.

Lo que se esconde detrás de estas cifras tiene consecuencias económicas y sociales incalculables, no sólo a nivel individual, sino para la sociedad en su conjunto. Una niña que se hace madre a los 14 años difícilmente puede seguir con los estudios o incorporarse al mercado laboral. Una pareja pobre con más hij@s de l@s que desea tener no logra hacer frente ni a los gastos más básicos y aún menos invertir en la educación y salud de l@s niñ@s. Y una mujer que muere en el parto es, sencillamente, irremplazable.

Se han hecho avances significativos durante las últimas décadas, pero  la realidad es que son insuficientes y la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo en gran medida inacabada, con serias amenazas de retrocesos por parte de los fundamentalismos más recalcitrantes. Ahora es el momento de actuar. Estamos ante una oportunidad única. El año que viene los gobiernos del mundo se reúnen para definir la nueva agenda post-2015 y si queremos lograr un desarrollo justo, equitativo y sostenible una de las prioridades tiene que ser  garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para tod@s.

Esperemos que los gobiernos estén a la altura del reto. Porque yo sueño con otro mundo. Un mundo en el que una niña de trece años acaba sus estudios y tiene libertad para decidir si quiere casarse o no. Un mundo en el que una mujer tiene derecho al aborto legal, seguro y accesible. Un mundo en el que una mujer indígena acude al centro de salud de su comunidad para dar a luz de la forma más cómoda. Y un mundo en el que una madre de cinco hijos tiene acceso fácil a métodos anticonceptivos si no quiere aumentar la familia. Porque poder decidir sobre nuestros propios cuerpos: #EstoSiEsRiqueza.

 Sandra Johansson, Coordinadora de Derechos de las Mujeres en Alianza por la Solidaridad

La ruleta de la salud #17O

Ya lo dijo Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, ante la Asamblea Mundial de la Salud en 2001: “En el mundo en desarrollo, el mayor enemigo de la salud es la pobreza”. Lo sabemos todos los que trabajamos diariamente en cooperación y también desde la campaña Pobreza Cero que no ceja en su empeño denunciando todas las situaciones de injusticia a nivel global (https://pobrezacero.wordpress.com).

Las personas en situación de pobreza tienden a padecer mayor número de enfermedades y problemas de salud. Si una persona enferma, su economía familiar se resiente, no puede trabajar, estudiar, cuidar de los suyos… Y quienes menos recursos tienen, a su vez, sufren una mayor exposición a las enfermedades al no tener acceso a la atención primaria básica y a los medicamentos. Siendo la salud un factor determinante en el crecimiento social económico y de desarrollo de las poblaciones, estar enfermo es al mismo tiempo causa y efecto de la pobreza. Estamos entonces ante un círculo vicioso.

A esta cruel suerte de ruleta también se han sumado colectivos de personas en riesgo de exclusión en España. Sí en España (considerado ya el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía, según datos de 2013 de Eurostat), como las más de 800.000 personas que perdieron el derecho a la asistencia sanitaria desde que hace dos años el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Con este decreto la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado, donde no solo se ha aumentado la carga económica directa para las personas, sino que se han restringido ciertas prestaciones a  los ciudadanos que han contribuido a su financiación mediante los impuestos.

Por ello, muchas organizaciones sociales hemos unido fuerzas en una marea blanca para pedir la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y que se restablezcan las condiciones para mantener un Sistema Nacional de Salud, universal y de calidad que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud de todas las personas. No juguemos con la salud, ni pongamos a los ciudadanos en el punto de mira de esta cruel y fatal ruleta.

Ocupemos pacíficamente y todos juntos las calles de nuestras ciudades hoy 17 de octubre, por la erradicación de la pobreza y por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. Súmate a nuestro lema en la Semana contra la Pobreza y contra la #riquezaqueempobrece.

Yolanda Ansón, Farmamundi

Día Mundial de la Alimentación #BAD2014

Manifiesto de Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas en el Día Mundial de la Alimentación

Hoy, Día Mundial de la Alimentación, constatamos que 805 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo.

A pesar de la tendencia positiva en la disminución del hambre recogida en el último informe de la FAO, todavía una de cada nueve personas sufre desnutrición crónica, mientras que en el mundo se desperdicia el 30% de todos los alimentos producidos.

En esta Jornada, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas volvemos a sumar nuestros esfuerzos en el marco de la campaña global “Una sola familia humana, Alimentos para todos” para RECLAMAR el derecho de todos los seres humanos a una nutrición suficiente, sana y adecuada, como parte esencial de una vida digna.

DESDE NUESTRA FE en Dios, Señor y dador de vida y de toda la Creación, y DESDE nuestra opción evangélica y preferencial por los más pobres y vulnerables, inspirada en una ética de la solidaridad que promueva la creación de estructuras sociales justas,

REAFIRMAMOS NUESTRA DEFENSA del destino universal de los bienes, incluidos los alimentos, así como el uso responsable de los recursos naturales.

SOMOS TESTIGOS, por nuestro trabajo de acompañamiento a las comunidades más olvidadas de todo el mundo, de las urgentes necesidades y la vulneración de los derechos humanos de quienes han sido definidas por el Papa Francisco como “víctimas de la cultura del descarte”.

Por todo ello, en esta jornada hacemos un llamamiento a la ciudadanía a COMPROMETESE con la realización efectiva del derecho a la alimentación de todas las personas.

Por eso os invitamos:

• A mantener un estilo de vida basado en el consumo responsable y sostenible, que evite el desperdicio de los alimentos, por sus efectos ambientales y su repercusión en el alza de los precios, y que en definitiva incide en la inseguridad alimentaria de los más vulnerables.
• A pedir a los poderes públicos y representantes políticos que:
• Sitúen, tanto a nivel estatal como europeo, el Derecho a la Alimentación en el centro de las estrategias de Gobierno y lo protejan de los intereses del mercado cuando éste intente utilizar los recursos de la tierra, el agua, las semillas y el trabajo en beneficio de unos pocos.
• Acometan el objetivo de Acabar con el Hambre en la nueva agenda de desarrollo “Post 2015”, dado que el hambre es la manifestación más extrema de la pobreza.
• Respalden un modelo agrícola sostenible, destinando al menos un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la agricultura familiar y dando prioridad a la producción de alimentos sobre el cultivo de agrocombustibles y actividades intensivas que conllevan la degradación de los ecosistemas.
• Implementen un marco regulador que evite la inflación del precio de los alimentos y su desperdicio, en cualquiera de las etapas de producción y consumo.
• Incluyan a agricultores, pescadores artesanales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) como socios expertos en la lucha contra el hambre a la hora de diseñar políticas públicas, definir líneas de financiación y acometer la regulación de los mercados.
• Apoyen la consecución de un acuerdo internacional para frenar el cambio climático, que dé pie a modelos más sostenibles de producción de energía y de alimentos, y a contar con la financiación adecuada para facilitar la adaptación de las comunidades más vulnerables a sus efectos negativos.

16 octubre de 2014, Día Mundial de la Alimentación.

La desigualdad no es inevitable #Bad2014

Hablar de igualdad es hablar de las oportunidades que debe tener toda persona de vivir una vida digna, de escoger su futuro, de ser dueña de su destino, independientemente de dónde haya nacido, sin que el país, el barrio, el hogar, la raza, la religión o el sexo sean un freno a su libertad. La desigualdad restringe esas oportunidades, y hace que las personas que viven en situaciones de pobreza y vulnerabilidad necesiten ayuda para vivir. En ausencia de políticas de educación, salud y protección social que actuen como palanca para garnatizar la igualdad de oportunidades, la sociedad no sólo abandona a las personas que viven en pobreza hoy, sino que además condena a los niños y las niñas que nancen en hogares pobres a crecer en la misma situación.

Detrás de casi todas las desigualdades – de género, de etnia, etc.-, suele haber una componente de desigualdad económica que es determinante. Esta desigualdad económica, de ingresos y de riqueza, entre personas muy ricas y personas con pocos recursos, ha aumentado de manera exponencial en las útlimas décadas. Ya antes de la crisis, el grueso de los beneficios del crecimiento económico fueron a parar a manos de las personas más ricas de planeta, mientras que las personas con menos recursos se llevaban una porción cada vez menor de la riqueza generada. Hoy en día, 7 de cada 10 personas en el mundo viven en un país donde la desigualdad económica es mayor ahora que hace 30 años. La mitad de la riqueza mundial está en manos de tan sólo el 1% de la población o, dicho de otra manera, las 85 personas más ricas del planeta (según la lista Forbes) tienen tanta riqueza como la que se reparte la mitad más pobre de la población, esto es, 3.500 millones de personas. Estos niveles de desigualdad no son sólo éticamente cuestionables, sino que también suponen un lastre para el crecimiento económico, para la capacidad que tiene dicho crecimiento de servir para reducir la pobreza y para el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Es imposible seguir avanzando en la lucha contra la pobreza si no se aborda el problema de la desigualdad. Por su parte, es muy difícil que los sistemas democráticos sean verdaderamente representativos y defiendan los intereses de la mayoría de la población, cuando los niveles de desigualdad son tan elevados; cuando unas pocas personas acumulan tanta riqueza y poder.

La buena noticia es que la desigualdad extrema no es inevitable. Una ciudadanía activa y unos Estados eficaces, con Gobiernos que respondan a las necesidades de sus ciudadanos, pueden y deben actuar para revertir la desigualdad actual. Es posible haverlo si los Gobiernos ponen en marcha sistemas fiscales justos, donde todas las personas y empresas contribuyan en función de su capacidad y riqueza real, y que recauden de manera sostenible lo suficiente para financiar las políticas públicas que garantizan los derechos sociales y la igualdad de oportunidades: la educación y la asistencia sanitaria universales, gratuitas y de calidad para todas las personas, y la protección social para aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas en plenitud. La ciudadanía debe implicarse en los procesos políticos, que nos afectan a todos, cumplir con sus obligaciones para hacer valer sus derechos, y exigir a las instituciones públicas y privadas una gestión y una rendición de cuentas transparente. Son necesarias políticas urgentes que equilibren la situación, a través de la aplicación de políticas que redistribuyan el dinero y el poder de manos de las élites a las de la mayoría de la población.

La extrema desigualdad actual perjudica a todos. Es hora de adoptar medidas para crear un sistema económico y político más justo. La ciudadanía debe exigir a sus Gobiernos que adopten políticas que favorezcan la redistribución de riqueza y el poder, que sienten las bases de una nueva sociedad más justa.

Teresa Cavero, Oxfam Intermón

Con Derechos SI hay riqueza #EstoSíEsRiqueza

«El ser humano no puede ser considerado como mera fuerza de trabajo, descartable, sino como un valor en sí mismo, no susceptible de manipulación por ninguna instancia, ni estatal, ni ideológica, ni religiosa. La dignidad humana remite a la preservación de las condiciones de continuidad del planeta Tierra, de la especie humana y de la vida, sin la cual el discurso de los derechos perdería su base.» Leonardo Boff Asistimos desde hace 6 años a la voladura controlada del llamado Estado del bienestar en la otrora considerada rica Europa. Armados con la barrena de la disciplina presupuestaria y los dogmas neoliberales y el pico de la legalidad y el austericidio, los aplicados barreneros de Bruselas, Washington, Berlín, Francfort, Madrid, Lisboa o Atenas, han socavado las bases mismas de nuestra sociedad democrática y de la construcción europea: la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Empezamos a entender que en esta sociedad del llamado “primer mundo” nunca hemos sido más ricos que cuando creímos tener una serie de derechos fundamentales tallados en piedra y garantizados por las leyes y el Estado de Derecho, tras décadas de ardua lucha para conquistarlos. Y comenzamos a despertar del sueño y darnos cuenta de que en realidad, como señala Chomsky, el mundo se ha convertido en un lugar muy uniforme en los últimos 30 años: un sistema mundial dividido en dos bloques, el de la plutocracia o el grupo reducidísimo de personas que concentra inmensas cantidades de riqueza y todos los derechos; y el resto, la inmensa mayoría de los “no ricos”, el “precariado global”, formado por los que tienen un empleo cuyo salario no les da ni para vivir y los que ni tienen empleo ni lo tendrán jamás, incluyendo a los 805 millones de personas que según la FAO todavía sufren el azote del hambre en vísperas de 2015. Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) correspondiente a 2014, el “país” que más ha avanzado en el último año es la desigualdad. Millones de personas que han salido de la pobreza en las últimas décadas pueden volver a caer en ella si seguimos por esta senda maldita de la reducción de la ayuda al desarrollo, la precarización del empleo, la concentración de la riqueza y el expolio del Planeta. Las estadísticas globales de desarrollo humano han avanzado, pero la inequidad hace mella en estos avances: países como Estados Unidos, Corea del Sur o Chile descienden muchos puestos en la clasificación una vez que tomamos en cuenta la desigualdad interna. Antiguos paraísos de los derechos, el buen gobierno, la tolerancia y la convivencia multicultural y la equidad como Suecia, empiezan a perder su carácter excepcional tras ocho años de políticas neoliberales: solía ser el país con mejores cifras de equidad de la OCDE y ya hay cinco países que le aventajan. Suecia es prácticamente el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad económica en la última década. En el Norte rico perdemos derechos fundamentales que dábamos por garantizados y nos empobrecemos a marchas forzadas; mientras que en el Sur, en países como China, India, Vietnam, Angola, Nigeria o la gran mayoría de Latinoamérica, que llevan creciendo a un ritmo de dos cifras durante buena parte de la última década, esa supuesta ola del crecimiento que debe alzar todos los barcos ha dejado a muchos de ellos varados en la orilla, cuando no los ha enviado directamente al fondo del mar. Pocas veces ha sido tan necesario y urgente reclamar una apuesta clara y prioritaria por políticas redistributivas, que reduzcan la vulnerabilidad de ese inmenso grupo de excluidos y sitúen la defensa de la dignidad de todas las personas y los derechos humanos en la primera línea de la agenda mundial de desarrollo. Sin derechos universales no hay progreso social y económico que valga la pena, ni desarrollo humano digno de tal nombre.

Patricia Garrido Llamas, MANOS UNIDAS

Justicia Climática: #EstoSíesRiqueza

No tenemos mucho más que esperar. Hoy en día sabemos cuáles son las causas del Cambio climático, sabemos qué lo provoca, sufrimos ya sus consecuencias. Pero también sabemos cómo podemos frenarlo, cómo mitigar sus causas y cómo adaptarse a sus efectos.

A través de proyectos diversos y adaptados a las realidades de cada comunidad y cada país, podemos generar una nueva riqueza que permite a las comunidades más afectadas adaptarse al Cambio climático y reducir su vulnerabilidad. Por ejemplo con estudios avanzados sobre el derretimiento de los glaciares en Bolivia y la aplicación de nuevas herramientas de recogida de agua – se permite a las comunidades colindantes al glaciar permanecer en su hogar y mantener sus formas tradicionales de subsistencia; en Brasil los pueblos indígenas luchan contra la deforestación causada por las empresas madereras con la obtención de títulos de propiedad colectiva de las tierras; estos y otros son el ejemplo del tipo de acciones que sí son riqueza para las comunidades y el planeta. Sin embargo las políticas públicas no avanzan en esa dirección y parecen obviar que actuar contra el cambio climático es una urgencia. Entonces ¿a qué estamos esperando?

Esa pregunta deben estar haciéndose en los muchos países insulares que temen cada nueva medición del nivel del mar, o en tantos lugares donde se ven agravados los fenómenos climáticos y las sequías o las inundaciones provocan muertes y generan pobreza. Tal vez las personas que se están viendo obligadas a migrar de sus territorios por causas relacionadas con el clima no sean conscientes de que ya sabemos cuáles son las soluciones. Pero sin duda se alegrarán de saber que es el momento de exigir el cumplimiento de compromisos a quienes tienen más responsabilidad para poder luchar de frente contra el Cambio climático.

Todos los países sufren ya las consecuencias del calentamiento global, pero no todos han contribuido de la misma forma ni tienen por tanto la misma responsabilidad. Los países industrializados son responsables del 71,5% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta la fecha. Han generado su riqueza empobreciendo la atmósfera y ahora son los países y comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias.

Por eso son estos países del Norte quienes más tienen que asumir la responsabilidad de reducir sus emisiones y caminar hacia un modelo bajo en carbono. Pero no sólo eso, también han de garantizar su aporte económico para financiar el Fondo Verde para el Clima, que asegure a los países más empobrecidos la capacidad tecnológica suficiente para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y adaptarse ante el Cambio climático.

El único y famoso compromiso vinculante relacionado con el Cambio climático: el protocolo de Kyoto, está llegando a su fin y necesitamos sentar las bases para un nuevo acuerdo en 2015. Dentro de muy poco,  en diciembre de este año, se reunirán los líderes mundiales en Lima donde deberán poner sobre la mesa sus verdaderos compromisos. Aquí, en la COP20 será donde veamos quién decide aportar a la lucha contra el Cambio climático y quién seguirá dudando.

Desde InspirAction, no vamos a esperar a un nuevo fracaso. Queremos estar presentes y vigilantes porque la presencia de las organizaciones, la presión y la propuesta de cambios de comportamiento individual y comunitario que exijan un reflejo en las políticas nacionales e internacionales, son más necesarias que nunca.

El pasado 21 de septiembre durante la Marcha Global iniciada en Nueva York y secundada en muchas otras ciudades del planeta, la ciudadanía demostró que está cansada de escuchar promesas incumplidas. El 10 de diciembre, la Cumbre de los Pueblos marchará de nuevo en Lima exigiendo “Justicia Climática ya!”.

Luchar contra el Cambio climático es luchar contra la pobreza y por eso, en esta semana más que nunca, debemos recordar que las soluciones están claras, que el mundo dispone del dinero, la tecnología y los conocimientos sobre los modelos de producción necesarios para frenar el problema. Sólo falta la voluntad política. Sólo faltan los aportes económicos. Basta de dudas. El Cambio climático exige respuestas.

Corina Mora Torrero. InspirAction.

Educación inclusiva y de calidad: #EstoSiEsRiqueza

No hay mayor riqueza que las oportunidades que te brinda una educación de calidad. Si en el pasado la riqueza y el poder estaban asociados directamente con la acumulación de mercancías y la explotación de recursos, hoy día, todos y todas estamos de acuerdo que la forma más importante de la riqueza en nuestras sociedades es el capital humano: el conocimiento, el esfuerzo, las relaciones, los vínculos, la creatividad, etc.

Sin duda la educación es una fuente de riqueza en la medida en que da mayor acceso al trabajo, permite obtener empleos mejor remunerados y amplía la capacidad económica de familias, comunidades, países, etc. pero, sobre todo, es importante en la medida en que es capaz de cooperar en favor de nuestros derechos y de nuestra calidad de vida.

Por tanto, queremos enfatizar la riqueza de la educación, además de como motor económico, como herramienta de transformación y justicia social. La auténtica vida se escapa a la relación comercial, tiene que ver con los vínculos, con las relaciones humanas, con los lazos comunitarios, con la idea de compartir, con la capacidad de dar sin generar expectativas sobre lo que recibiremos.

Esa educación, la que es transformadora, es la que debemos celebrar y la que debemos demandar para todas las personas del mundo. Hoy día, esta riqueza de la educación está muy mal repartida, y tanto el acceso como la calidad del aprendizaje es muy desigual según zonas, regiones o colectivos a los que nos refiramos. Así lo denuncia el informe de Entreculturas “Equidad e Inclusión: Una educación que multiplica oportunidades”, el cual subraya como todavía 250 millones de niños y niñas ven vulnerado su derecho a recibir una educación de calidad, bien porque no tienen acceso a la escuela o porque la abandonan tempranamente o porque la calidad es tan deficiente que no adquieren los aprendizajes básicos que les permitirán desenvolverse en la vida.

Bien sabemos que existe un camino de doble sentido: la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, y también la ausencia de una educación de poca calidad es generadora de pobreza y desigualdad. Por ello, creemos que una educación de calidad es una forma de riqueza, que permite a los niños y niñas desarrollar su potencial y, posiblemente, romper con ese círculo de pobreza al que se verían rezagados sin ella.

Por este motivo, desde Entreculturas apostamos por una educación pública y al servicio del bien común, inclusiva, universal, gratuita, abierta a todos y a todas, por su valor en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y apostamos porque la nueva agenda internacional del desarrollo post 2015 la considere como una prioridad, como la mayor riqueza que podemos ofrecer a la ciudadanía de nuestro planeta.

José Manuel Moreno, Fundación Entreculturas

 

Calidad de vida, estado de bienestar y buen vivir #EstoSíEsRiqueza

A excepción de teorías liberales o neoliberales muy estrictas, no es del todo habitual en la actualidad, fundamentalmente cuando se hace referencia al aspecto más teórico y al discurso políticamente correcto encontrar en Europa, quien cuestione abiertamente el estado de bienestar para la obtención de una calidad de vida en su población, parece que su interrelación no es demasiado cuestionada. Europa siempre se ha caracterizado por ser el continente de la denominada “clase media”, con un índice Gini de desigualdad considerablemente más bajo que en otros puntos del planeta. Pero vivimos tiempos convulsos, inmersos en una crisis que ha sacado a la luz, teorías político económicas de toda índole y por ello, los cuestionamientos al modelo vigente son cada vez más frecuentes. Es cierto que el contexto tal vez, ha posibilitado que determinados sectores expongan abiertamente su idea de un estado excesivamente protector, con un sistema público social insostenible, acusando a la ciudadanía de abusar de los beneficios del mismo, como un mero ejercicio de picaresca, como si la voluntad de la mayoría de las personas, fuera simple y llanamente esa, subsistir sin ambiciones, deseos, voluntades y dicho sea de paso, algunas comodidades. El gran lobby de los estados europeos han sido los intereses empresariales, hasta el punto de que en la actualidad, son los mercados, quienes toman libremente las grandes decisiones políticas.

Vivimos en un sistema que radica en un modelo organizado social y económicamente al servicio de los mercados, y con ello al servicio del beneficio económico, pero de las élites excluyendo del mismo a la mayoría. La clave puede estar por lo tanto en la transición de un modelo basado en una lógica excluyente de acumulación del capital, a un modelo que tenga por objetivo la organización de la vida en común basado en el buen vivir, en la sostenibilidad de la vida. Este sistema de organización alternativo que proponemos se plantea y replantea desde su raíz, cual es la vida que merece la pena ser vivida, y cómo nos organizamos colectivamente para su sostenimiento, bajo los paradigmas de la universalidad, es decir, esas condiciones de vida digna para todas las personas (no sería factible asegurar nuestra calidad de vida a costa de la vida de otras personas) pero respetando la singularidad, es decir la diversidad de cada realidad social.

En este nuevo sistema basado en el buen vivir, donde hablamos de una vida que merece la pena ser vivida, aparece el debate del cuidado, de ese cuidado invisibilizado en el sistema vigente, negando así la realidad de mujeres que cargan a sus espaldas las tareas de cuidado de manera silenciada, gratuita, privada y no reconocida. Madres, abuelas, hijas, sobrinas y en ocasiones mujeres extranjeras contratadas en la denominada economía sumergida, son las que mantienen la arquitectura del cuidado, como si este fuera una realidad a esconder, negando así el hecho evidente de que todas las personas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y con mayor o menor intensidad, vamos a ser susceptibles de ser cuidadas, pero el mero hecho de ser personas. En una vida que merece la pena ser vivida, valoramos el cuidado, porque lo necesitamos y valoramos a quien lo ejerce, reconociendo esa labor, porque las personas somos y debemos ser lo primero. En este punto confluirían por tanto, la calidad de vida, el estado de bienestar y el buen vivir… cualquier definición es factible si pone a las personas en el centro y nos garantiza los pilares para construir una vida que merece la pena ser vivida.

Irene Molero Gurrutxaga, Plataforma ZERO Pobrezia Donostia

Derechos humanos y fiscalidad: un binomio necesario #EstoSiEsRiqueza

En España, la pobreza y la exclusión social se han disparado estos últimos cuatro años. Aun así se sigue sin abordar políticamente la injusticia que supone que una parte de las fortunas particulares y los beneficios de las grandes empresas engorden sus cuentas en paraísos fiscales, y que otra parte se agrupen en formas jurídicas que les eximen de sus obligaciones fiscales (las SICAV). La vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales está relacionada con la no redistribución de la riqueza o, en otras palabras, con los bajos niveles de presión fiscal y las estructuras impositivas sustentadas básicamente en impuestos indirectos (como el IVA o los impuestos especiales).

La crisis económica y de sistema ha puesto de relieve las muchas contradicciones entre las obligaciones contraídas a nivel internacional y su traducción en las políticas concretas de defensa y promoción de los derechos humanos. Los presupuestos de las administraciones han reducido de manera alarmante en los últimos años todas las partidas relacionadas con los derechos humanos: sanidad, educación, cooperación internacional… y tampoco han respetado los principios de equidad y progresividad con los que debería regirse el sistema fiscal, que constituye la base del artículo 31.1 de la Constitución española.

La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, advertía en 2013, en un consulta a los gobiernos que conforman Naciones Unidas para evaluar el régimen fiscal de los Estados, que «la política fiscal es relevante en la consideración de las cuestiones de derechos humanos y la extrema pobreza. Los bajos niveles de ingresos fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales». No es sólo el sentido común que nos dice que una fiscalidad justa nos enriquece y favorece al conjunto de la población, es Naciones Unidas, organización de la que se dotaron los propios estados para mantener la paz y la seguridad internacionales y garantizar los derechos humanos, quien nos lo recuerda.

La demanda de promover la movilización de recursos vinculada a los derechos humanos es antigua. Ya en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogía: «Cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».

En los últimos años, la ciudadanía, mediante mareas y plataformas varias, ha denunciado la gestión de la crisis, el aumento de las desigualdades y la supeditación de los derechos a los intereses de los mercados. Pero también ha elaborado propuestas para aumentar el gasto público, obteniendo los recursos necesarios a partir de los impuestos con criterios de justicia, igualdad y progresividad.

Es ahora que el Congreso discute los presupuestos, cuando la presión ciudadana es más necesaria que nunca para exigir una fiscalidad justa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, bajo los principios de transparencia y participación social. Es responsabilidad de las organizaciones sociales garantizar el control ciudadano permanente y constante, para asegurar una redistribución real, mediante reformas fiscales reales, que no eluda las responsabilidades de los estados en la promoción de los derechos humanos

Eulàlia Reguant i Cura, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global